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| Michael Sarris, Ministro de Finanzas de Chipre |
Chipre
se ha convertido en el quinto país de la eurozona en necesitar ayuda financiera
internacional, después de Grecia, Irlanda, Portugal y España. Pero a diferencia
de los casos anteriores, los clientes nacionales y extranjeros de los bancos
chipriotas deberán contribuir al rescate para evitar la quiebra del sistema
bancario y del propio país. La cifra total del rescate parece pequeña, 10.000
millones de euros, pero dado el diminuto tamaño de la economía del país
(862.000 habitantes y un PIB de 17.800 millones) es descomunal. Para captar la
dimensión real de ese rescate, la cifra equivaldría a 586.000 millones en el
caso español si el Gobierno hubiera necesitado una ayuda de la misma
proporción.
Esto
permite comprender el tamaño del desastre y la inevitabilidad de la tasa
impuesta a los clientes de los bancos de entre el 6,75% y el 9,9% de sus
depósitos. Sin esa tasa, que se compensará con acciones de los bancos, la ayuda
internacional habría tenido que ser de 17.500 millones, equivalente al PIB de
Chipre. Es decir, como si España hubiera necesitado un rescate imposible de 1
billón de euros. La tasa a los depositantes resulta un coste leve, teniendo en
cuenta que estos bancos chipriotas ofrecen unos tipos de interés en los
depósitos que van desde el 4,5% al 6,6% para cantidades superiores a 1.000
euros a un año de plazo. Y más teniendo en cuenta que sin rescate los bancos
quebrarán.
La
novedad de sacrificio impuesto a los depositantes está ocultando, una vez más,
la responsabilidad de quienes han permitido que se llegue a esta situación tan
desastrosa. Los responsables en ese caso son las autoridades chipriotas y como
en los demás la Comisión Europea.
Los
sucesivos gobiernos chipriotas no sólo no han hecho nada a lo largo de la
última década para evitar que el sector bancario del país se convirtiera en un
monstruo sobredimensionado de pies de barro, cuyos activos suman más de ocho
veces el PIB nacional, sino que por el contrario han alentado ese desarrollo hipertrófico
para consolidar la isla como paraíso fiscal y plataforma de penetración del
capital ruso en la eurozona, por no hablar de las reiteradas acusaciones de su actitud
laxa hacia el blanqueo de dinero de la banca chipriota.
La
Comisión Europea, tan
rauda en las críticas a posteriori y en reclamar recortes en los derechos de
los trabajadores, ha mostrado una vez más su complacencia con el sector
bancario y los poderes financieros. Desde el ingreso de Chipre en la UE en el 2004, el Ejecutivo
comunitario no ha adoptado ninguna medida efectiva, ni ha exigido una reducción
del tamaño de la banca chipriota hasta que ha estallado el problema, al igual
que prefirió mirar hacia otra parte mientras la bomba de relojería griega se
estaba cebando.
La
Comisión Europea, a
quien no le tiembla el pulso para imponer sacrificios a los trabajadores, se
muestra blanda con el sector bancario hasta tal punto que el Parlamento Europeo
tiene que endurecer sistemáticamente todos los proyectos de ley que presenta
sobre el sector financiero debido a lo poco exigentes que son con las empresas
del sector. No hay que olvidar que el presidente de la Comisión Europea,
el conservador José Manuel Durao Barroso, a pesar de sus actuales discursos, se
opuso con firmeza durante años al establecimiento de regulaciones financieras que
pusieran coto a los desmanes del sector bancario y defendía con vehemencia la
desregulación que llevó a la crisis financiera del 2008 y de la que aún no nos
hemos recuperado.
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