Hacia menos Europa

La cancillera alemana, Angela Merkel, en la cumbre europea

En lugar de «más Europa», la Unión Europea (UE) se encamina a marchas forzadas hacia «menos Europa» tras el fracaso estrepitoso de la cumbre europea del 22 y 23 de noviembre sobre el futuro marco presupuestario 2014-2020. Las exigencias de Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca de nuevos recortes adicionales de cómo mínimo 30.000 millones en el techo de gasto europeo, sumados al tajo ya introducido en el proyecto de presupuesto que está encima de la mesa, privará a la UE de los medios financieros adecuados para impulsar el crecimiento y el empleo y para aplicar eficazmente las políticas europeas.

           

«No se puede hacer más Europa con menos dinero», ya ha advertido alguien tan poco sospechoso de izquierdismo o despilfarro presupuestario como el líder del grupo popular en el Parlamento Europeo, Joseph Daul. «Europa y sus ciudadanos han sido sacrificados», ha señalado Daul, tras calificar de «vergüenza» la cumbre.      

Sin visión europea común

Los mismos líderes europeos que se aprestan a acudir a la ceremonia de entrega del Premio Nóbel de la Paz a la UE «han dejado de pensar en el interés común europeo» y sólo les interesan sus estrechos objetivos nacionales a corto plazo, han denunciado los líderes liberal y verde de la Eurocámara, Guy Verhofstadt y Daniel Cohn-Bendit.

           

El proyecto presupuestario que está encima de la mesa, elaborado por el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, fija una techo de gasto global de 1,01 billones de euros para el periodo 2014-2020. Esto supone ya un recorte de más de 24.000 millones respecto al marco actual 2007-2013 y de 80.000 millones respecto al mínimo indispensable propuesto por la Comisión Europea. Y los países ricos aún quieren recortar el gasto en otros 30.000 millones para reducir su aportación anual a la UE, a pesar de las enormes ventajas comerciales que obtienen de ella.

           

«Debemos recortar los gastos que no nos podemos permitir» es su argumento, sintetizado por el primer ministro británico, David Cameron. Los recortes, a pesar de los últimos maquillajes introducidos por Van Rompuy, se concentran en los fondos agrícolas y los regionales, con una reducción de más de 48.000 millones y 34.000 millones respectivamente en relación al marco presupuestario actual 2007-2013. Esos recortes perjudican en especial a España, Francia y los países pobres.

           

«Esta es la primera vez en la historia de la UE que se están discutiendo recortes en términos reales del presupuesto, a pesar incluso de la adhesión de Croacia» en el 2013, ha lamentado impotente el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Pero la Comisión Europea, después de una década y media de genuflexión ante los dictados de los jefes de Estado y de Gobierno ha perdido el liderazgo de antaño y carece del coraje político para combatir las decisiones de los grandes países europeos.           

Fractura entre Berlín y París

La cumbre europea ha abierto además una nueva brecha en el ya fracturado eje franco-alemán. Mientras el presidente francés, François Hollande, consideró que el ajuste del gasto total de la propuesta Van Rompuy era suficiente, la cancillera alemana, Angela Merkel, hizo frente común con Cameron y los líderes de Holanda y los países escandinavos para reclamar 30.000 millones de recortes suplementarios.

Esta nueva divergencia aleja aún más a Berlín de París, ya separados sobre los poderes del futuro supervisor bancario y el rescate de Grecia, y amenaza con bloquear el proceso de integración europea de la que el eje franco-alemán ha sido el motor esencial.

La batalla del presupuesto girará a partir de ahora alrededor de cuatro ejes: el techo de gasto, los fondos agrarios, los fondos regionales y los cheques por los que Gran Bretaña y en menor medida Alemania, Holanda, Suecia y Austria recuperan parte de su contribución.

La UE ha quedado polarizada entre el grupo que reclama un mayor recorte y defiende sus cheques y el grupo formado por España, Francia, Italia y los países de Este, que quiere limitar el recorte de los fondos agrarios y regionales y cuestiona los cheques.  

Un Chipre en quiebra asume la gestión semestral de la UE

El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, durante la cumbre europea de junio del 2012

Un Chipre en quiebra financiera y dividido territorialmente ha asumido la gestión semestral de la Unión Europea (UE) desde el pasado 1 de julio, lo que obstaculizará el necesario avance urgente en numerosas medidas legislativas que son clave para hacer frente a la crisis de desconfianza hacia la eurozona. Chipre sustituye a Dinamarca, que se ha distinguido precisamente por la eficacia de su mandato semestral europeo. Chipre cuenta con unos 830.000 habitantes y su economía sólo representa el 0,14% del producto interior bruto (PIB) del conjunto de la UE.  

La falta de credibilidad política y la debilidad económica de Chipre constituyen un grave obstáculo para la gestión europea, según han reconocido fuentes diplomáticas. Ésta es la primera vez que un estado que ha pedido el rescate asume la gestión de la UE, con las implicaciones que conlleva que sea un gobierno que ha fracasado económicamente en su país quien dirija precisamente los asuntos europeos.

El propio Gobierno chipriota ha rebajado ya las expectativas de su gestión europea. «Los temas son muy complicados. Vamos a ver qué es posible hacer teniendo en cuenta las dificultades», señaló el viceministro de Asuntos Europeos, Andreas Mavroyiannis, al presentar las prioridades chipriotas para el semestre en Bruselas.

Chipre anunció que aspira a impulsar las negociaciones sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2014-2020, los dos reglamentos que faltan del sistema de gobierno económico, la nueva legislación europea para crear una unión bancaria, la creación de empleo y la mejora de las relaciones con los países vecinos mediterráneos.

El semestre chipriota también tensará aún más las ya conflictivas relaciones con Turquía e impedirá en la práctica un avance en las negociaciones de adhesión de Ankara a la UE. El Gobierno turco ha anunciado que congelará cualquier relación con la UE durante este semestre que tenga pasar por el gobierno chipriota como represalia por la falta de interés de Nicosia en la reunificación de la isla y en la integración de la comunidad turcochipriota del norte de la isla.

Desde el primer día de su mandato, Chipre también parece decidido a intensificar el enfrentamiento con Ankara, ya que en la primera intervención oficial en nombre de la UE, Mavroyiannis acusó al Gobierno turco de “instrumentalizar” la crisis siria para favorecer “su agenda islámica” y expresó su “inquietud” por la actuación de Turquía.

         

La situación es especialmente compleja porque, en paralelo a la petición de ayuda a la UE, Chipre intenta obtener un préstamo financiero alternativo de Rusia o de China para que el Gobierno no quede sometido a las estrictas contrapartidas europeas para la concesión de ayuda. «Es normal que un gobierno intente buscar un préstamo alternativo para no tener que cumplir condiciones estrictas», argumentó Mavroyiannis, en relación a los ajustes y reformas que impondrá la UE por su ayuda. 

         

Chipre ya recurrió el año pasado a Rusia para obtener un préstamo de 2.500 millones de euros que ha evitado hasta ahora la quiebra del país y de su sector bancario. Chipre necesitará ahora una ayuda mínima de 10.000 millones para sanear su banca y evitar la suspensión de pagos del país, según las estimaciones de los expertos. La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó el pasado 2 de julio a Nicosia para analizar la situación.

         

Chipre constituye en la práctica un paraíso fiscal y la punta de lanza de la penetración financiera rusa en la UE, tiene el impuesto de sociedades más bajo de los Veintisiete (10%) y sus bancos históricamente se han caracterizado por ser poco estrictos sobre la procedencia de los fondos de sus clientes.

Merkel mantiene el control pese a su falsa derrota en la cumbre

La cancillera alemana, Angela Merkel, con la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt

Los acuerdos de la cumbre europea suponen un balón de oxígeno para España e Italia, pero la flexibilización del fondo de rescate no va tan lejos como deseaba el primer ministro italiano, Mario Monti en las intervenciones en apoyo de la deuda pública de países acosados, ni tan rápido como le hubiera gustado al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la recapitalización directa de los bancos en crisis.

         

A pesar de que Italia y España se apuntaron un tanto y de que el presidente francés, François Hollande, pudo alardear de impulsar un giro en Europa al haber logrado que la cancillera alemana, Angela Merkel, flexibilizara sus posturas, un análisis detallado de los acuerdos muestra que la derrota alemana es más aparente que real.

         

Merkel cedió en las posiciones que se habían vuelto insostenibles, especialmente después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyara públicamente la recapitalización directa con fondos europeos de los bancos en apuros y pidiera un cortafuegos financiero más eficaz para la crisis de la deuda de la eurozona.

         

Pero Merkel mantuvo el poder de veto y el control esencial sobre cuándo, cómo y de qué manera se utiliza el fondo de rescate, que está financiado principalmente por los contribuyentes alemanes.

«Toda prestación tiene su contraprestación. Toda ayuda estará sometida a condiciones y control», subrayó Merkel al acabar la cumbre y el texto del acuerdo lo confirma plenamente.

Además de mantener el control sobre el uso de un fondo de rescate, Merkel logró que los demás líderes de la eurozona aceptaran sin rechistar la instauración de un sistema europeo de supervisión bancaria dirigido por el Banco Central Europeo (BCE), que era una antigua reivindicación alemana.

         

Merkel también consiguió de forma discreta que Hollande aceptara ratificar sin cambios el tratado de rigor fiscal, que establece un estricto control del déficit y los presupuestos nacionales, y que el líder socialista había criticado duramente durante la campaña electoral. Sólo le costó a Merkel el módico precio de respaldar un plan de crecimiento con una inversión sobre el papel de 120.000 millones, que no incluye dinero público fresco, y que además le garantizaba el respaldo de la oposición socialdemócrata alemana a la ratificación del tratado fiscal y del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

         

La vaciedad del plan de crecimiento es el principal fracaso de la cumbre, ya que se limita a enumerar las habituales recetas de reformas y basa el estímulo de la inversión en créditos y fondos ya presupuestados. La debilidad del crecimiento es precisamente uno de los factores que agrava la actual crisis de la eurozona.

         

A pesar de los avances logrados en la cumbre, el retraso de España en acabar de concretar el saneamiento del sector financiero y el fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy en controlar el déficit público pueden desatar nuevas tensiones en los mercados.

Monti transforma la eurozona en tripolar

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el primer ministro italiano, Mario Monti

Las fisuras abiertas en el hasta hace poco monolítico eje franco-alemán han permitido al atípico primer ministro italiano, Mario Monti, tomar la iniciativa en la dirección de los asuntos europeos y han abierto una nueva etapa de eurozona tripolar en la cumbre europea concluida el pasado 29 de junio.

Si la cumbre de la eurozona de mayo supuso el fin del rodillo Merkozy, por la salida de escena del anterior presidente francés, Nicolas Sarkozy, esta nueva cumbre ha entronizado al respetado Monti como uno de los actores clave de la eurozona.

Monti demostró durante la reunión haberse independizado totalmente de la antigua tutela franco-alemana, que le había colocado en el puesto del denostado anterior primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sin pasar por unas elecciones generales.

Apoyándose en la complicidad del presidente francés, François Hollande, Monti fue el gran protagonista del Consejo Europeo, acompañado silenciosamente en la sombra por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

         

En los envites de la cumbre, Monti jugó a fondo y con éxito su baza de ser considerado la única personalidad capaz de encauzar Italia por una senda de dolorosas reformas que eviten el colapso financiero de un país cuya deuda pública representa el 23% de la deuda total de la eurozona y cuya caída comprometería gravemente el proyecto de integración europeo.

Para lograr el objetivo de flexibilizar el uso de fondo de rescate para apoyar la deuda de países en apuros, Monti amenazó con dimitir y bloqueó la aprobación del plan europeo de crecimiento, que a pesar de su carácter testimonial constituía una pieza indispensable para la cancillera alemana, Angela Merkel, para lograr la aprobación en el parlamento alemán del Mecanismo Europeo de Estabilidad y para lograr que Francia ratificara el Tratado de rigor fiscal, que el nuevo presidente francés, François Hollande, había criticado duramente a lo largo de la campaña electoral.

Pero la misma posición política atípica de Monti puede que limite temporalmente su influencia en los asuntos europeos y la nueva eurozona tripolar, ya que Italia se encamina hacia unas elecciones generales como muy tarde en la primavera del 2013 y el antiguo comisario europeo no parece inclinado a seguir en la liza.

El Gobierno transmite desamparo en lugar de confianza

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Gobierno de Mariano Rajoy transmite desamparo, en lugar de confianza como debería, con sus sucesivas peticiones públicas de respaldo de la eurozona y del Banco Central Europeo (BCE). Estas peticiones, que el propio Rajoy y el ministro de Economía, Luis de Guindos, multiplican en las últimas semanas, acentúan la impresión de que el país está en dificultades quizá mayores de las que perciben los mercados financieros y contribuyen a mantener vivas las dudas sobre la solvencia financiera de España.

Las reiteradas peticiones públicas de Rajoy al BCE para que intervenga en los mercados financieros en apoyo de la maltrecha deuda pública española corren el riesgo de provocar precisamente el efecto contrario. Cuanto más insistentes sean las peticiones, más inclinado se sentirá el BCE a no intervenir para demostrar que mantiene su sacrosanta independencia de las autoridades políticas europeas.

El BCE además ha suspendido desde hace más de diez semanas su programa de intervención selectiva en el mercado secundario en apoyo de la deuda de los países acosados para forzar a esos países, y en especial a España, a adoptar las indispensables reformas pendientes y en particular el saneamiento definitivo del sector financiero español y el enderezamiento de las descontroladas cuentas públicas autonómicas.

España se encuentra en una situación de profunda debilidad política frente a sus socios de la eurozona, porque cuatro años después del inicio de la crisis financiera el sector bancario español dista aún de estar saneado, la crisis se ha cobrado una nueva entidad clave como Bankia y los directivos bancarios siguen ocultando en sus balances voluminosas pérdidas encubiertas de los activos del sector inmobiliario y de los créditos refinanciados a las grandes compañías inmobiliarias.

La fragilidad del sector financiero español y los riesgos de inestabilidad y desconfianza que genera al conjunto de la eurozona son precisamente una de las principales preocupaciones del BCE en estos momentos.

El golpe de gracia a la credibilidad del Gobierno de Rajoy hay sido la súbita aparición de otros 0,4 puntos de déficit público ocultados por tres comunidades autónomas gobernadas por el PP en el 2011, que han elevado el déficit público al 8,9% del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno tampoco acaba de convencer a la Comisión Europea por sus cálculos optimistas en la recaudación prevista en el presupuesto del 2012, la subvaloración del gasto real de la Seguridad Social durante este año pese al nuevo disparo del desempleo y la poca concreción en el programa de estabilidad respecto a las medidas que se adoptarán en el 2013 para rebajar el déficit al 3%,

En este contexto, cada nueva petición pública de respaldo que formula el Gobierno a la eurozona y al BCE se convierte en una confesión pública de la propia debilidad y fragilidad de España y una invitación a los especuladores financieros a acentuar su acoso a la deuda pública y a las acciones de las entidades financieras.

El Gobierno de Rajoy no entiende la UE

El primer ministro belga, Elio di Rupo, con Mariano Rajoy en una cumbre europea

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy parece no comprender muy bien como funciona la Unión Europea (UE). Primero fue su pésima estrategia de enfrentamiento con la Comisión Europea y la sus socios en la eurozona para suavizar el objetivo de déficit público para este año, que ha reducido sustancialmente la credibilidad de España. Ahora ha sido su pretensión de modificar drásticamente la red transeuropea de transportes, negociada durante dos por la Comisión Europea con cada uno de los gobiernos de los 27 países de la UE, como si los compromisos adquiridos previamente por el Estado español con la UE y sus demás socios perdieran validez por el simple cambio de Gobierno tras las elecciones.

La estrategia seguida por Rajoy y su ministro de Economía, Luís de Guindos, con el déficit público podría costar a España la pérdida del puesto permanente en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) cuando expire a finales de mayo el mandato de José Manuel González Páramo.

La pérdida de este puesto la cúpula del BCE, que le ha correspondido tradicionalmente como uno de los cuatro grandes países de la zona euro, supondría el reconocimiento público de que España se ha convertido en un país política y económicamente de segunda división. Finlandia, Holanda y Luxemburgo están en contra de nombrar a otro español para el puesto y Alemania no ha dado hasta ahora la más mínima señal de respaldo a España en esta cuestión.

Rajoy y De Guindos, en lugar de negociar abiertamente una flexibilización del objetivo del déficit público para este año con la Comisión Europea y sus socios, prefirieron repetir hasta la saciedad declaraciones públicas huecas reafirmando su voluntad de respetar unos compromisos, cuando en realidad pensaban saltarse esos mismos compromisos unilateralmente, como si desconocieran las claras disposiciones de las nuevas normas endurecidas del pacto de estabilidad y de gobierno económico europeo.

El Eurogrupo obligó el pasado 12 de marzo al Gobierno español a corregir el objetivo de déficit que había fijado unilateralmente para este año: el 5,3%, del producto interior bruto (PIB), en lugar del 5,8%. El Gobierno presentó como una victoria esa derrota política, porque había logrado una flexibilización y que no se le exigiera cumplir el objetivo inicial del 4,4%.

Pero a causa de esa política de falsas declaraciones y desafíos nacionalistas el Gobierno se ha dejado por el camino la credibilidad tan duramente conseguida por España en los últimos años y esa pérdida de credibilidad precisamente podría costar el puesto español en la cúpula del BCE.

Uno de los mayores críticos a la estrategia del Gobierno de Rajoy ha sido el presidente del BCE, Mario Draghi, de cuya buena voluntad depende la intervención de la institución en el mercado secundario de deuda pública si se produjeran nuevos asaltos especulativos contra la deuda española. Esa misma estrategia nefasta ha frenado la reducción de tipos de interés de que se beneficiaba España en los mercados internacionales y ha vuelto a disparar al alza los tipos de la deuda a diez años, muy por encima de la deuda italiana, colocando a España en la primera línea de peligro de nuevos ataques especulativos.

La fijación del objetivo de déficit al 5,3% para este año tampoco ha resuelto los problemas de España en el saneamiento de sus cuentas públicas. Primero, porque la Comisión Europea sigue sin estar muy satisfecha de las explicaciones dadas sobre el incomprensible desvío en prácticamente un solo mes del déficit del 2011 del estimado 6%-7% al 8,5%. Segundo, porque el Gobierno se ha negado a revelar debido a las elecciones andaluzas cómo piensa rebajar el déficit este año del 8,5% al 5,3% y a continuación al 3% en el 2013. Y tercero, porque la Comisión Europea mantiene abierta su amenaza de amonestar y sancionar a España por no haber cumplido sus obligaciones de reducir el déficit público al ritmo pactado si los planes de ajuste previstos en los presupuestos del 2012 y en el programa de estabilidad para el 2013 no le parecen suficientes y adecuados.

Y con las redes transeuropeas ha vuelto a repetirse la misma situación de que por motivos puramente de política interna, ni siquiera económicos, el Gobierno olvida como funciona la UE y sufre una importante derrota política al quedar aislado en el Consejo de Ministros europeo a causa de unas demandas imposibles de asumir.

La pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de modificar sustancialmente una red pactada previamente con la inclusión del corredor ferroviario central a través del Pirineo, que no cuenta con el respaldo indispensable de Francia para llevarlo a cabo, supone un derroche inútil de energía, medios y del propio caudal político y credibilidad de España en la UE.

El empecinamiento del Gobierno de Rajoy en esa opción actualmente imposible del túnel pirenaico corre el riesgo de que no se preste la suficiente atención, diligencia y esfuerzo económico a los dos corredores sí aprobados, el mediterráneo y el atlántico, que son cruciales para el desarrollo económico futuro de España.

Schulz: «Los ajustes presupuestarios no afectan a los ricos»

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo

El nuevo presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán, Martin Schulz, destacó el pasado 7 de febrero en una entrevista a EL PERIÓDICO que «no se puede justificar la reducción de la protección social con la excusa de la crisis» y advirtió que «el rigor presupuestario no afecta a los ricos».

--¿Es adecuada la actual estrategia europea contra la crisis?

--La UE bajo la presión Alemania está cometiendo un gran error de poner todo el énfasis en el rigor presupuestario, cuando se necesitan inversiones para el crecimiento y el empleo. El rigor está bien, porque no se puede financiar la vida actual con la deuda de nuestros hijos y nietos. Pero hay que cambiar la estrategia para que combine el rigor con inversiones para el crecimiento y el empleo.

--¿La reciente cumbre europea ha modificado esa estrategia?

--Desgraciadamente no. La cumbre implantó el rigor presupuestario con medidas vinculantes a través del tratado de unión fiscal, mientras que las propuestas sobre el crecimiento son voluntarias. Esto es desequilibrado, Grecia, por ejemplo, ya no puede reducir más los gastos. Lo que Grecia necesita es una estrategia de salida de la depresión en que se encuentra.

--¿Los nuevos sacrificios que la UE y el FMI piden a Grecia pueden conducir a un estallido social?

--Sí. Existe ese riesgo. Los partidos políticos griegos dan la impresión de preocuparse más de ellos mismos que del país, en especial el líder conservador Antonis Samaras. La gente tiene la convicción de que son la gente sencilla quien paga la crisis, mientras que el resto se libra. Esto es catastrófico. Hay que mostrar que no sólo las clases populares pagan la factura de la crisis, sino también las grandes fortunas, las entidades financieras y los fondos especulativos.

--La crisis parece que se está instrumentalizando para recortar los derechos sociales a través de los ajustes presupuestarios.

--Hay que evitar eso a toda costa. Los trabajadores ya han pagado enormemente la factura de la crisis a través de las enormes ayudas públicas concedidas a los bancos. El rigor presupuestario no afecta a los ricos. Ya basta. No se puede justificar la reducción del marco social con la excusa de la crisis. Hay dinero suficiente, pero mal distribuido. Es necesario que los que tienen dinero paguen. Las tres medidas indispensables son: la lucha contra el fraude fiscal, la clausura de los paraísos fiscales y la tasa sobre transacciones financieras.

--¿Las reformas laborales que se plantean en diferentes países pueden conducir también a un retroceso social?

--La situación es muy diferente de un país a otro. Hay que reformar dónde sea necesario, pero siempre respetando la justicia social.

--¿Europa debe avanzar hacia un estado federal para fortalecerse?

--Necesitamos una unión política que incluya todas las áreas, con unas instituciones que sean capaces de hablar en nombre de Europa. No llegaremos una Europa federal, sino una especie de federación de estados soberanos, que se acercará a un estado, pero sin serlo.

--¿El nuevo tratado de rigor fiscal servirá para resolver la crisis?

--El tratado será de difícil ratificación y aplicación en Francia. La verdadera solución es advertir a los especuladores que Europa no se dejará dividir y defenderá su moneda cueste lo que cueste e invertir en el crecimiento para recuperar la confianza de los ciudadanos.

--Berlín y París dirigen de facto la eruozona con crecientes críticas.

--Alemania y Francia deben pilotar la zona euro porque representan más del 50% del PIB. Pero es peligroso que el presidente francés Sarkozy transmita la imagen que él y la cancillera Merkel son Europa. Alemania contribuye con mucho dinero a estabilizar Europa y defiende unas instituciones europeas fuertes. Pero debe cambiar su imagen y evitar la impresión de que da lecciones a los demás.

--¿Cuándo se podrá utilizar el catalán en la Eurocámara?

--Voy a proponerlo a la Mesa del Parlamento y a apoyarlo, pero no puedo garantizar que haya una mayoría a favor.

Paños calientes en la UE contra la crisis

Consejo Europeo del 30 de enero de 2012

Los líderes de la Unión Europea (UE) emitieron en la cumbre del 30 de enero una declaración a favor del crecimiento y el empleo, que presentaron como un gran progreso hacia la salida de la crisis, pero que en realidad no es más que la vieja y gastada política de austeridad disfrazada.

La política de reducción acelerada del déficit público se mantiene, pero ahora se pide que se realice de forma “inteligente”, y se sigue confiando en que la propia virtud de la política de rigor permitirá restablecer el crecimiento sin una intervención decidida de los estados para reanimarlo.

El principal avance de la declaración es que, por primera vez, los Veintisiete reconocen de forma clara que con la política de ajustes y recortes presupuestarios no es suficiente para salir de la crisis. Pero después no van más allá. Todo queda limitado a propuestas genéricas, sin medidas concretas,  y, en especial, sin aportar ni un euro adicional al ya previsto en el presupuesto europeo.

Los líderes vuelven a insistir en que hay que lograr que la banca deje de restringir el crédito a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y que hay que a acabar con los abusos de las primas y bonificaciones desmedidas a los ejecutivos bancarios, como llevan haciendo cumbre tras cumbre sin resultado tangible hasta ahora como es obvio.

La gran idea es que cada país utilice los fondos estructurales de la UE que no se ha gastado del periodo 2007-2013 (10.700 millones en el caso de España) para financiar programas que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo, como si eso fuera una novedad, porque ese es precisamente el objetivo de los fondos regionales, del fondo de cohesión y del fondo social europeo. ¿O acaso hasta hora el dinero se gastaba en otras cosas?

La UE y la Comisión Europea instan a utilizar el dinero del fondo social europeo en países con elevado paro juvenil, como España, en cursos de formación, a pesar de que la experiencia ha mostrado que los principales beneficiarios de esos cursos suelen ser quienes los imparten mientras que no está nada claro que facilite a los parados encontrar un puesto de trabajo.

Los líderes europeos y el Ejecutivo comunitario parecen tener una fe ciega en los contratos de aprendizaje como la panacea para resolver el gravísimo problema del paro juvenil, que en España se acerca al 50%, cuando las empresas no están interesadas ni siquiera en contratar a gente ya preparada que no necesita ninguna formación.

El problema es que no hay consumo, no hay demanda, porque una parte muy importante de la población ha perdido sus ingresos al quedarse sin trabajo y otro porcentaje aún más elevado restringe sus gastos al máximo porque teme perder el empleo.

Frente a esta situación, los recortes de empleo público a través de los ajustes presupuestarios aún agravan más la crisis. Para combatirla, el Estado debería actuar de motor económico para propiciar una reanimación de la actividad, no mediante rebajas de impuestos como preconiza siempre la derecha y los economistas neoliberales, sino mediante programas de inversión y empleo que mejoren la capacidad de crecimiento del país y actúen de multiplicadores económicos.

El Gobierno no se aclara con el déficit

Mariano Rajoy y Angela Merkel en Berlín

El Gobierno de Mariano Rajoy, prisionero de la promesa electoral imposible de cumplir de no subir los impuestos, está dando una alarmante imagen internacional de inseguridad, indecisión y confusión sobre el respeto del compromiso de reducción del déficit público pactado previamente con la Unión Europea (UE). Ésta actitud del Gobierno del PP está provocando un profundo malestar en la Comisión Europea, que teme que reactive la desconfianza en la deuda pública de la zona euro y que agrave la crisis financiera precisamente ahora que los mercados se habían tranquilizado y los tipos de interés comenzaban a ceder.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el primero en insinuar que el Gobierno aspira a que la Comisión Europea le autorice a suavizar el objetivo de reducción del déficit público para este año y le permita un déficit superior al 4,4% del producto interior bruto (PIB) al que se había comprometido previamente España. Montoro justificó la necesidad de esa revisión por el empeoramiento de la situación económica y la posible recesión que sufrirá este año España.

La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, desmintió inmediatamente el 20 de enero que el Ejecutivo se planteara revisar el objetivo de déficit. Pero Montoro volvió a la carga el 22 de enero con nuevas declaraciones en las que indicaba claramente que pretendía negociar con la Comisión Europea un objetivo de déficit más alto y menos ambicioso.

El ministro de Economía, Luís de Guindos, declaró el 23 y 24 de enero en Bruselas que el Gobierno no tenía intención de modificar “de momento” el objetivo de déficit público, pero mantuvo la ambigüedad al enfatizar una y otra vez “en estos momentos”. Sin embargo, De Guindos al día siguiente reconoció claramente que el Gobierno aspiraba a negociar con la Comisión Europea una reducción del déficit menor de la prevista por la difícil situación económica.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó el 26 de enero en Madrid que esas eran los planes del Gobierno. Pero después no se atrevió a plantear esa posibilidad durante la reunión que ha mantenido con la cancillera alemana, Angela Merkel.

La Comisión Europea ya ha advertido en tres ocasiones esta semana a España que es “esencial” que cumpla escrupulosamente los objetivos de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en el 2012 y al 3% en el 2013, porque se enfrenta a una “crisis de confianza” y “lo más importante en estos momentos es recuperar la credibilidad”.

El Ejecutivo comunitario está especialmente molesto de que De Guindos ocultara al Eurogrupo cuáles eran las intenciones reales del Gobierno. La Comisión Europea tampoco está satisfecha con la excusa de que el déficit público del 2011 fue superior en 2 puntos al 6% previsto, porque la desviación no fue culpa del Gobierno anterior, sino fundamentalmente del descontrol de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales están gobernadas por el PP.

Esta ceremonia de la confusión que está creando el Gobierno puede echar por tierra la credibilidad que tan duramente ha recuperado España en los mercados internacionales. Los tipos de interés de la deuda española han bajado gracias a la inyección masiva de liquidez al sector financiero realizada por el Banco Central Europeo (BCE) que está promoviendo la compra de deuda pública europea por parte de los bancos. Pero esta tregua podría acabarse bruscamente si el Gobierno no define claramente sus objetivos. “Así es como se va a un rescate”, comentaron fuentes comunitarias. La advertencia no puede ser más clara.