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| Consejo Europeo del 30 de enero de 2012 |
Los líderes de la Unión Europea (UE) emitieron en la cumbre del 30 de enero una declaración a favor del crecimiento y el empleo, que presentaron como un gran progreso hacia la salida de la crisis, pero que en realidad no es más que la vieja y gastada política de austeridad disfrazada.
La política de reducción acelerada del déficit público se mantiene, pero ahora se pide que se realice de forma “inteligente”, y se sigue confiando en que la propia virtud de la política de rigor permitirá restablecer el crecimiento sin una intervención decidida de los estados para reanimarlo.
El principal avance de la declaración es que, por primera vez, los Veintisiete reconocen de forma clara que con la política de ajustes y recortes presupuestarios no es suficiente para salir de la crisis. Pero después no van más allá. Todo queda limitado a propuestas genéricas, sin medidas concretas, y, en especial, sin aportar ni un euro adicional al ya previsto en el presupuesto europeo.
Los líderes vuelven a insistir en que hay que lograr que la banca deje de restringir el crédito a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y que hay que a acabar con los abusos de las primas y bonificaciones desmedidas a los ejecutivos bancarios, como llevan haciendo cumbre tras cumbre sin resultado tangible hasta ahora como es obvio.
La gran idea es que cada país utilice los fondos estructurales de la UE que no se ha gastado del periodo 2007-2013 (10.700 millones en el caso de España) para financiar programas que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo, como si eso fuera una novedad, porque ese es precisamente el objetivo de los fondos regionales, del fondo de cohesión y del fondo social europeo. ¿O acaso hasta hora el dinero se gastaba en otras cosas?
La UE y la Comisión Europea instan a utilizar el dinero del fondo social europeo en países con elevado paro juvenil, como España, en cursos de formación, a pesar de que la experiencia ha mostrado que los principales beneficiarios de esos cursos suelen ser quienes los imparten mientras que no está nada claro que facilite a los parados encontrar un puesto de trabajo.
Los líderes europeos y el Ejecutivo comunitario parecen tener una fe ciega en los contratos de aprendizaje como la panacea para resolver el gravísimo problema del paro juvenil, que en España se acerca al 50%, cuando las empresas no están interesadas ni siquiera en contratar a gente ya preparada que no necesita ninguna formación.
El problema es que no hay consumo, no hay demanda, porque una parte muy importante de la población ha perdido sus ingresos al quedarse sin trabajo y otro porcentaje aún más elevado restringe sus gastos al máximo porque teme perder el empleo.
Frente a esta situación, los recortes de empleo público a través de los ajustes presupuestarios aún agravan más la crisis. Para combatirla, el Estado debería actuar de motor económico para propiciar una reanimación de la actividad, no mediante rebajas de impuestos como preconiza siempre la derecha y los economistas neoliberales, sino mediante programas de inversión y empleo que mejoren la capacidad de crecimiento del país y actúen de multiplicadores económicos.
