Monti transforma la eurozona en tripolar

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el primer ministro italiano, Mario Monti

Las fisuras abiertas en el hasta hace poco monolítico eje franco-alemán han permitido al atípico primer ministro italiano, Mario Monti, tomar la iniciativa en la dirección de los asuntos europeos y han abierto una nueva etapa de eurozona tripolar en la cumbre europea concluida el pasado 29 de junio.

Si la cumbre de la eurozona de mayo supuso el fin del rodillo Merkozy, por la salida de escena del anterior presidente francés, Nicolas Sarkozy, esta nueva cumbre ha entronizado al respetado Monti como uno de los actores clave de la eurozona.

Monti demostró durante la reunión haberse independizado totalmente de la antigua tutela franco-alemana, que le había colocado en el puesto del denostado anterior primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sin pasar por unas elecciones generales.

Apoyándose en la complicidad del presidente francés, François Hollande, Monti fue el gran protagonista del Consejo Europeo, acompañado silenciosamente en la sombra por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

         

En los envites de la cumbre, Monti jugó a fondo y con éxito su baza de ser considerado la única personalidad capaz de encauzar Italia por una senda de dolorosas reformas que eviten el colapso financiero de un país cuya deuda pública representa el 23% de la deuda total de la eurozona y cuya caída comprometería gravemente el proyecto de integración europeo.

Para lograr el objetivo de flexibilizar el uso de fondo de rescate para apoyar la deuda de países en apuros, Monti amenazó con dimitir y bloqueó la aprobación del plan europeo de crecimiento, que a pesar de su carácter testimonial constituía una pieza indispensable para la cancillera alemana, Angela Merkel, para lograr la aprobación en el parlamento alemán del Mecanismo Europeo de Estabilidad y para lograr que Francia ratificara el Tratado de rigor fiscal, que el nuevo presidente francés, François Hollande, había criticado duramente a lo largo de la campaña electoral.

Pero la misma posición política atípica de Monti puede que limite temporalmente su influencia en los asuntos europeos y la nueva eurozona tripolar, ya que Italia se encamina hacia unas elecciones generales como muy tarde en la primavera del 2013 y el antiguo comisario europeo no parece inclinado a seguir en la liza.

Schulz: «Los ajustes presupuestarios no afectan a los ricos»

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo

El nuevo presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán, Martin Schulz, destacó el pasado 7 de febrero en una entrevista a EL PERIÓDICO que «no se puede justificar la reducción de la protección social con la excusa de la crisis» y advirtió que «el rigor presupuestario no afecta a los ricos».

--¿Es adecuada la actual estrategia europea contra la crisis?

--La UE bajo la presión Alemania está cometiendo un gran error de poner todo el énfasis en el rigor presupuestario, cuando se necesitan inversiones para el crecimiento y el empleo. El rigor está bien, porque no se puede financiar la vida actual con la deuda de nuestros hijos y nietos. Pero hay que cambiar la estrategia para que combine el rigor con inversiones para el crecimiento y el empleo.

--¿La reciente cumbre europea ha modificado esa estrategia?

--Desgraciadamente no. La cumbre implantó el rigor presupuestario con medidas vinculantes a través del tratado de unión fiscal, mientras que las propuestas sobre el crecimiento son voluntarias. Esto es desequilibrado, Grecia, por ejemplo, ya no puede reducir más los gastos. Lo que Grecia necesita es una estrategia de salida de la depresión en que se encuentra.

--¿Los nuevos sacrificios que la UE y el FMI piden a Grecia pueden conducir a un estallido social?

--Sí. Existe ese riesgo. Los partidos políticos griegos dan la impresión de preocuparse más de ellos mismos que del país, en especial el líder conservador Antonis Samaras. La gente tiene la convicción de que son la gente sencilla quien paga la crisis, mientras que el resto se libra. Esto es catastrófico. Hay que mostrar que no sólo las clases populares pagan la factura de la crisis, sino también las grandes fortunas, las entidades financieras y los fondos especulativos.

--La crisis parece que se está instrumentalizando para recortar los derechos sociales a través de los ajustes presupuestarios.

--Hay que evitar eso a toda costa. Los trabajadores ya han pagado enormemente la factura de la crisis a través de las enormes ayudas públicas concedidas a los bancos. El rigor presupuestario no afecta a los ricos. Ya basta. No se puede justificar la reducción del marco social con la excusa de la crisis. Hay dinero suficiente, pero mal distribuido. Es necesario que los que tienen dinero paguen. Las tres medidas indispensables son: la lucha contra el fraude fiscal, la clausura de los paraísos fiscales y la tasa sobre transacciones financieras.

--¿Las reformas laborales que se plantean en diferentes países pueden conducir también a un retroceso social?

--La situación es muy diferente de un país a otro. Hay que reformar dónde sea necesario, pero siempre respetando la justicia social.

--¿Europa debe avanzar hacia un estado federal para fortalecerse?

--Necesitamos una unión política que incluya todas las áreas, con unas instituciones que sean capaces de hablar en nombre de Europa. No llegaremos una Europa federal, sino una especie de federación de estados soberanos, que se acercará a un estado, pero sin serlo.

--¿El nuevo tratado de rigor fiscal servirá para resolver la crisis?

--El tratado será de difícil ratificación y aplicación en Francia. La verdadera solución es advertir a los especuladores que Europa no se dejará dividir y defenderá su moneda cueste lo que cueste e invertir en el crecimiento para recuperar la confianza de los ciudadanos.

--Berlín y París dirigen de facto la eruozona con crecientes críticas.

--Alemania y Francia deben pilotar la zona euro porque representan más del 50% del PIB. Pero es peligroso que el presidente francés Sarkozy transmita la imagen que él y la cancillera Merkel son Europa. Alemania contribuye con mucho dinero a estabilizar Europa y defiende unas instituciones europeas fuertes. Pero debe cambiar su imagen y evitar la impresión de que da lecciones a los demás.

--¿Cuándo se podrá utilizar el catalán en la Eurocámara?

--Voy a proponerlo a la Mesa del Parlamento y a apoyarlo, pero no puedo garantizar que haya una mayoría a favor.

Merkel impone un euro “alemán” sin asumir ninguna contrapartida

Angela Merkel, y Nicolas Sarkozy en la cumbre de la UE

La cancillera alemana, Angela Merkel, consiguió su objetivo en la cumbre de la Unión Europea (UE) del pasado 8 y 9 de diciembre de imponer su modelo de rigor y disciplina presupuestaria al conjunto de una eurozona debilitada sin comprometerse prácticamente a nada a cambio. Merkel fue la vencedora política indiscutible de la tormentosa reunión europea en Bruselas, mientras que el primer ministro británico, David Cameron, fue el perdedor más absoluto.

         

Merkel está convencida que la mera virtud, una aplicación escrupulosa del rigor presupuestario, será suficiente por sí sola para recuperar la confianza de los mercados financieros en la deuda pública.

La cancillera se negó de forma inflexible a lo largo de las maratonianas negociaciones a que el pacto fiscal del euro incluyera ninguna medida adicional de solidaridad, como un incremento de la potencia de fuego financiera del fondo de rescate contra los especuladores o la simple mención de la posibilidad de crear a largo plazo eurobonos en una eurozona de cuentas públicas saneadas y virtuosas.

La ausencia de una estrategia para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en una eurozona al borde de la recesión es otro elemento distintivo y preocupante de la cumbre.

         

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, coimpulsor de la iniciativa, actuó una vez más como acompañante. Su único éxito fue convencer a Merkel de que rectificara y abandonara su doctrina de que la banca y los inversores deberían también contribuir en el futuro a sufragar el coste del eventual rescate de un país en apuros.

         

Esta exigencia de Merkel formulada hace un año en la cumbre franco-alemana de Deauville ha sido la responsable del contagio de la crisis griega a Italia y España, como ya había advertido que ocurriría el Banco Central Europeo (BCE), y ha salido muy cara a ambos países y al conjunto de la eurozona.

         

El aumento del fondo de rescate o su financiación a través del BCE y algún tipo de mutualización de la deuda pública, defendidos por Sarkozy, el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, España y numerosos países no prosperaron y fueron bloqueados por Merkel.

         

El pacto fiscal del euro representa un paso adelante muy importante hacia la integración económica y política de la eurozona, pero dado el comportamiento de las agencias de  calificación y la irracionalidad que domina los mercados puede resultar insuficiente para resolver la crisis y restablecer la confianza en la deuda pública europea.

         

La otra dificultad que deberá superar el pacto fiscal del euro es el traslado de su contenido a los artículos de un tratado y su encaje con el marco institucional ya existente en la UE. La experiencia ha demostrado que esa tarea puede degenerar en complejas discusiones entre los países por el redactado de cada línea.

¿Hasta dónde llegará la unión fiscal de la eurozona?

Sede de la Comisión Europea en Bruselas con la badera de la UE

La eurozona prepara contrarreloj su refundación en la cumbre europea del 8 y 9 de diciembre para corregir sus debilidades políticas iniciales que han facilitado la crisis actual y derrotar la especulación financiera contra la deuda pública europea.

La semana que va a cambiar Europa con un salto hacia una mayor integración política arranca con una reunión en París el 5 de diciembre de la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Los dos líderes intentarán superar las diferencias que les separan y sentar las bases de una unión fiscal entre los 17 países del euro, que supondrá una supervisión en común de los presupuestos nacionales y duras sanciones políticas y económicas a los países que no acaten las decisiones comunes.

Tres cuestiones clave dominarán las discusiones y negociaciones políticas: ¿Hasta dónde debe llegar la cesión de soberanía de los estados para corregir los defectos de nacimiento del euro? ¿Cuáles serán los mecanismos de solidaridad que se establecerán para proteger a los estados más acosados por la especulación? ¿Cuál será el método para formalizar y dar vigencia legal a esos acuerdos?

¿Los líderes europeos serán capaces de tener el valor v la visión política a largo plazo necesarios para resolver la actual crisis de la deuda de forma definitiva o volverán a limitarse a acuerdos parciales inspirados por estrechos intereses electorales nacionales a muy corto plazo?

La zona euro necesita un auténtico gobierno económico colectivo, con plena capacidad para fijar en común las orientaciones económicas y presupuestarias adecuadas y con poder suficiente para hacer cumplir esas directrices comúnmente aceptadas a cada uno de los socios. El procedimiento ideal debería ser que la Comisión Europea supervisa, alerta y recomienda y que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 17 países de la eurozona adopta las decisiones.

La experiencia recomienda que la regla de la unanimidad sea abolida, tras los nefastos ejemplos recientes de bloqueos por planteamientos populistas internos de algún país, y que la norma sea la mayoría cualificada. ¿Pero están los gobiernos de la zona euro y sus poblaciones preparados para esa cesión de soberanía en cuestiones tan importantes como la concesión de ayudas a un estado en apuros o el incremento de las aportaciones al fondo de rescate?

La disciplina presupuestaria estricta en una unión fiscal debería tener como contrapartida avanzar hacia un sistema de solidaridad también reforzada entre los miembros del euro. La creación de un Tesoro único o la emisión de eurobonos colectivos resultan aún prematuras. Esas medidas no podrán convertirse en realidad hasta los déficits y deudas públicas se hayan reducido sustancialmente y que las poblaciones y los gobiernos de los países virtuosos ya no tengan miedo a tener que pagar los excesos de los países manirrotos.

Pero el pacto fiscal requiere un mecanismo de solidaridad mínimo que podría basarse en que Alemania deje de objetar mediante el silencio una intervención contundente y masiva del Banco Central Europeo (BCE) para proteger la deuda pública de los países acosados por los especuladores hasta que comprendan que no pueden destruir al euro. Además, debería agilizarse la capacidad de intervención del fondo de rescate europeo también en apoyo de la deuda.

Para maximizar la efectividad de los acuerdos de la cumbre sobre este pacto o unión fiscal deberían tener una aplicación casi inmediata para demostrar que son irreversibles a los mercados y silenciar a quienes llevan más de una década anunciando la muerte del euro.

Una reforma del Tratado de la Unión Europea (UE) es un proceso lento, engorroso y de ratificación incierta, como la historia ha demostrado. Como las cesiones de soberanía pueden ser de gran calado un acuerdo político sería insuficiente. Una posibilidad rápida sería un tratado intergubernamental de los 17 países afectados, que posteriormente podría convertirse en acervo comunitario, como ocurrió con los Acuerdos de Schengen. Otra posibilidad sería su inclusión como un protocolo propio de la eurozona al Tratado de la UE, aprovechando la ratificación del Tratado de Adhesión de Croacia, que precisamente debe firmarse durante la cumbre del 9 de diciembre.

La crisis de la eurozona se agrava por la fallida cumbre Merkel-Sarkozy

Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y Mario Monti

La falta de medidas concretas en la cumbre entre la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en Estrasburgo el 24 de noviembre está agravando la crisis de la deuda pública de la zona euro y no ha contribuido a apaciguar la especulación de los mercados financieros.

El anuncio de una reforma del Tratado de la Unión Europea (UE) para reforzar el gobierno económico y endurecer la disciplina presupuestario de los estados no puede constituir una medida efectiva para frenar el ataque cotidiano a la credibilidad de la deuda pública en euros, porque requerirá en el mejor de los casos más de doce meses para que pueda entrar en vigor.

Las negociaciones entre los gobiernos de la eurozona para hacer operativas las nuevas capacidades de intervención del fondo de rescate europeo en apoyo a la deuda de los países acosados avanzan a una velocidad desesperante y las promesas de rigor del nuevo Gobierno italiano presidido por Mario Monti ya han consumido su efecto positivo inicial.

El tipo de interés reclamado por los mercados a la deuda pública italiana a diez años superaba a media tarde el 7,3%, mientras que la española también se colocaba por encima del 6,7% y la belga se acercaba rozando ya el 6%.

Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo volverán a estudiar el 29 de noviembre la puesta en marcha del mecanismo de aval parcial de la deuda pública de países en apuros por parte del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, pero fuentes diplomáticas han reconocido que la aplicación práctica de este instrumento fundamental para combatir la crisis aún podría demorarse más.

El único resultado positivo de la cumbre Merkel-Sarkozy, si se cumple, es el pacto de no volver a insistir públicamente en cuál debe ser el papel del Banco Central Europeo (BCE). La silenciación de ese debate que enfrenta a Berlín y París podría traducirse de facto en una afirmación de la independencia del BCE, que podría dar más margen de actuación a su presidente Mario Draghi para apurar al máximo sus limitadas capacidades de actuación.

Draghi también podría aprovechar ese silencio sobre el papel del BCE y las pésimas perspectivas económicas para la zona euro en los próximos trimestres para rebajar al menos en otros 0,25 puntos el tipo de interés básico hasta el 1% en la reunión del BCE del 1 de diciembre, y así acabaría de corregir el error que supusieron las dos subidas de tipos realizadas en abril y en julio.  

Un plan anticrisis para el euro lleno de agujeros

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy en una de las cumbres de octubre

El plan global europeo para resolver la crisis de la deuda pública, aprobado en la madrugada del 27 de octubre por los líderes de la zona euro, está lleno de agujeros y detalles por concretar. De los cuatro ejes fundamentales del mismo, sólo el plan de recapitalización de los grandes bancos europeos está completo, pero ha sido diseñado a la medida de Alemania, Francia y Gran Bretaña y penaliza especialmente a la banca española, que se ha convertido en un competidor incómodo para los grandes bancos de otras nacionalidades.

El plan de recapitalización de la banca, que tenía que servir para reforzar a las entidades ante el previsto quebranto por la quita de la deuda griega, se ha transformado en otra cosa al tener en cuenta la valoración a precios de mercado de otras deudas públicas además de la griega que tenían los bancos en su cartera. Pero no de todas las deudas públicas, sólo las que beneficiaban a Alemania y Francia, pero no las que podían beneficiar a la banca española, como la  de algunos países latinoamericanos.

La quita de la deuda pública griega en manos de la banca y los grandes inversores internacionales al final se ha limitado al 50% de su valor nominal. La banca internacional fue el máximo que estuvo dispuesta aceptar en una negociación en la que tuvieron que intervenir personalmente la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Y para que aceptara, la eurozona aún tuvo que comprometerse a garantizar parcialmente los nuevos bonos griegos que sustituirán a los anteriores por un valor global de 30.000 millones de euros. Un negocio redondo si, como se sospecha algunos bancos y fondos de inversión han comprado deuda griega a precio reventado por debajo del 50% de su valor nominal.

La quita sólo afecta a la deuda que está en manos de la banca y, aunque supondrá la eliminación de unos 100.000 millones de deuda pública griega, la medida únicamente recortará en un 30% el montante total de la deuda pública griega que supera los 350.000 millones.

Los expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían indicado en su informe conjunto que la quita debía ser del 60% o más para asegurar que el nivel de endeudamiento público griego pudiera bajar a un nivel sostenible del 110% del producto interior bruto (PIB) en el 2020. La deuda pública griega equivaldrá a final de año al 162% del PIB. Con el 50% de quita, la deuda griega se situará en el 120% del PIB en el 2020, lo que supondrá un lastre financiero mucho mayor para la recuperación del país y puede comprometer el éxito del plan de rescate heleno.

El reforzamiento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera al final ha quedado limitado a una capacidad de intervención de un billón de euros, en lugar de los 2 billones que habrían sido recomendables para desanimar nuevos ataques especulativos contra la deuda pública de los países más frágiles, como España o Italia, demostrar que la zona euro está preparada para hacer frente a cualquier eventualidad.

La negativa de Alemania, Holanda, Finlandia, Austria y Eslovaquia a incrementar sus contribuciones al fondo europeo de rescate ha provocado además la vergüenza política de que la zona euro tenga que ir a buscar inversores públicos extranjeros, como China, para ayudarle a garantizar la estabilidad financiera de su propia moneda. Los detalles concretos del reforzamiento del fondo de rescate tampoco se han acabado de diseñar y consensuar.

La obsesión dogmática de Alemania contra la intervención del BCE en el mercado secundario de deuda pública ha limitado el alcance y la efectividad de la intervención de la autoridad monetaria europea contra las sucesivas olas de ataques especulativos. La zona euro de este modo se priva así misma de un poder esencial del que se benefician el dólar, la libra y otras divisas, ya que la Reserva Federal norteamericana, el Banco de Inglaterra y los otros bancos centrales compran masivamente deuda pública de su moneda para estabilizar los mercados y combatir la especulación.

El reforzamiento del fondo de rescate y el nuevo plan griego resultarán además ineficaces si Italia, el nuevo enfermo de Europa, no demuestra que es capaz de enderezar su economía y sus finanzas públicas. La falta de credibilidad del Gobierno italiano y las dudas sobre su capacidad de aplicar las reformas y ajustes que necesita el país para lograr una reducción acelerada de su enorme deuda pública (120% del PIB) siguen alimentando el acoso a la deuda pública europea.

La UE, prisionera de sus negocios con Gaddafi

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el dirigente libio, coronel Muammar Gaddafi

Al igual que ocurrió con Túnez y Egipto, la Unión Europea (UE) se encuentra prisionera de su actitud hasta ahora más que complaciente, e incluso servil, con el régimen autoritario libio del coronel Muammar Gaddafi. Si en el caso de Túnez y Egipto el respaldo diplomático europeo obedecía sobre todo a consideraciones políticas de contención de la teórica amenaza islamista, en el caso de Libia está determinado principalmente por intereses económicos.

La UE, a través de la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha condenado esta noche la brutal represión del régimen, ha deplorado la muerte de los manifestantes y ha defendido las “legitimas” reivindicaciones de reformas políticas de la población. Pero estas declaraciones llegan, una vez más, tarde, después de demasiados años de actitudes y comportamientos destinados exclusivamente a complacer a Gaddafi.

Incluso esta noche, con decenas de víctimas mortales de la represión encima la mesa, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, parecía más preocupado por el riesgo de que se intensifique la llegada de inmigrantes sin papales a Europa y el ministro checo, Karel Schwarzenberg, insistía en que si cae el régimen autoritario de Gaddafi “habrá catástrofes en todo el mundo”.

Los líderes europeas se han esforzado a lo largo de la pasada década en intentar aparecer como los mejores amigos de Libia, han recibido o visitado con gran pompa a Gaddafi y han hecho la vista gorda ante sus excentricidades para obtener permisos de exploración y extracción de hidrocarburos y contratos millonarios de suministros y obras públicas para sus respectivas compañías nacionales.

No sólo ha sido el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sino también el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el antiguo primer ministro británico, Tony Blair, e incluso el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió a Gaddafi en la Moncloa en diciembre del 2007 y visitó al dirigente libio en Trípoli en junio del 2010. Hasta el rey Juan Carlos se desplazó a Trípoli en enero del 2009 para promocionar contratos para las empresas españolas.

Todas las grandes compañías petroleras europeas tienen rentables negocios en Libia: la española Repsol, la británica British Petroleum, la francesa Total, la italiana ENI o la austriaca OMV. Además las constructoras europeas y españolas consiguen periódicamente suculentos contratos de Trípoli.

La UE ni siquiera titubeó en humillarse y disculparse públicamente el 27 de marzo del 2010 a través del entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por haber incluido a 188 ciudadanos libios en una lista de personas vetadas en el espacio europeo sin fronteras de Schengen, a raíz del conflicto entre Suiza y Libia por la detención de un hijo de Gaddafi en Ginebra por maltratar a sus personal doméstico.

La UE incluso se mantuvo impasible y silenciosa cuando Gaddafi adoptó represalias económicas, comerciales y humanas contra Suiza porque ese país había intentado hacer respetar la ley en su territorio, ni cuando efectuó un llamamiento a la guerra santa contra Suiza, ni cuando expresó el deseo de que ese país fuera barrido del mapa.

El respaldo libio en los 70 y 80 a grupos terroristas, incluida ETA, y su vinculación a diversos atentados terroristas en Europa, condenó al régimen de Gaddafi al ostracismo y a las sanciones internacionales. Pero la asunción de su responsabilidad en el atentado que destruyó el avión de Pan Am en Lockerbie en 1988 y el pago de una indemnización de 3.600 millones de euros condujo a la suspensión de las sanciones de la ONU en 1999 y a su levantamiento definitivo en el 2003.

La promesa de Gaddafi en diciembre del 2003 de renunciar a cualquier programa de armas de destrucción masiva mejoró sustancialmente sus relaciones con la UE y EEUU.

Italia, donde Libia mantiene importantes participaciones accionariales en empresas clave como ENI, Unicredit, Fiat, Finmeccanica, Olcese y el equipo de fútbol Juventus, es el principal valedor de Gaddafi en Europa.

El fondo soberano de inversiones Libyan Investement Authority, con unas reservas monetarias estimadas en más de 50.000 millones de euros, constituye además una importante herramienta económica para ablandar posiciones políticas en los actuales tiempos de crisis. El régimen de Gaddafi tampoco ha dudado en utilizar el problema de la inmigración ilegal como otra arma para presionar a la UE.

Merkel toma las riendas de la UE

La cancillera alemana, Angela Merkel, en la cumbre europea del pasado 4 de febrero en Bruselas 

La cancillera alemana, Angela Merkel, ha tomado definitivamente el timón de la Unión Europea (UE). Apoyándose en la fortaleza económica de Alemania y aprovechando la falta de liderazgo en las instituciones europeas, Merkel ha estado pilotando Europa con discreción en los últimos años con la ayuda de Francia, su tradicional aliado estratégico. La crisis de la deuda soberana de la zona euro ha reforzado el protagonismo de Merkel y ha mostrado claramente que es ella la que decide el qué, el cómo y el cuándo, en especial en materia económica, aunque las propuestas lleven la firma conjunta de Berlín y París.

Alemania representa casi el 27% de la economía del conjunto de la zona euro, es el principal contribuyente neto al presupuesto de la UE y es el país que ha logrado un mayor crecimiento tras la recesión (3,6% en el 2010). Alemania asimismo es uno de los pocos países que ha logrado reducir sustancialmente su tasa de paro, que se situó en el 6,6% en diciembre frente al 10% de media de la zona euro.

Bajo el anterior canciller, Gerhard Schröder, Alemania ya decidió abrir una nueva era, en la que se reconociera su papel de gran potencia y en la que dejara de tener que disculparse permanentemente por su pasado. Merkel ha dado un paso más y ha establecido el papel determinante de Alemania en Europa.

Cuando el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, daba por muerta la reforma institucional de la UE tras el fracaso del proyecto de Constitución Europea, Merkel impulsó y logró un nuevo tratado (el Tratado de Lisboa) que rescatara el 90% de la fallida Constitución Europea. Fue también Merkel quien en el 2007 consiguió que los líderes de la UE asumieran la ambiciosa estrategia europea para luchar contra el cambio climático.

Ahora, el nuevo gobierno económico que se está acabando de diseñar en la zona euro lleva su impronta y tiene una inspiración claramente alemana: control reforzado del déficit y la deuda pública, endurecimiento de las sanciones y supervisión previa de los borradores de presupuestos nacionales.

Sus titubeos al estallar la crisis financiera de Grecia a principios del 2010, que retrasaron la creación del fondo de rescate y agravaron el problema, también demostraron que era Merkel quién marcaba el ritmo de las decisiones europeas y quién fijaba las condiciones, aunque el presidente del Eurogrupo, el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, o el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tuvieran otras opiniones.

El pacto de competitividad, que introducirá una estrecha coordinación en la política laboral, social y tributaria de los países de la zona euro, es un nuevo ejemplo. La iniciativa, concebida por Berlín, fue presentada públicamente por Merkel y Sarkozy, justo antes de empezar el debate sobre el tema en la cumbre europea del pasado 4 de febrero, lo que muestra la determinación alemana de hacer prevalecer sus planes pese a la oposición anunciada a los mismos.

Las críticas de los líderes europeos al diktat alemán en la cumbre, no frenaron el pacto de competitividad, sino la discusión del contenido del mismo ha comenzado ya imparable, con Francia a remolque de las iniciativas alemanas para no perder peso e influencia política en el seno de la UE.

Ante la lentitud y farragosidad de los procedimientos comunitarios, Merkel propone avanzar en la convergencia económica de la zona euro a través de acuerdos intergubernamentales. Esto supone también un cambio cualitativo, que fortalece el poder de Berlín y el eje franco-alemán y debilita políticamente a la Comisión Europea.

Además, la influencia de Merkel no se limita a la esfera económica, sino que también aparece con más fuerza en el ámbito diplomático, aprovechando la escasa talla internacional mostrada hasta ahora por el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, y por la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton. Por ejemplo, el nuevo primer ministro tunecino, Mohamed Ghammouchi, llamó precisamente a Merkel el pasado jueves para anunciarle un conferencia internacional en Cartago sobre las reformas políticas y económicas del país y pedirle el apoyo de la UE. 

Europa se juega su futuro

El presidente de la UE, Herman Van Rompuy, con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la cancillera alemana, Angela Merkel durante la cumbre europea del 4 de febrero del 2011 en Bruselas

Europa se encuentra en la encrucijada. De las decisiones que se adopten a lo largo de los próximos meses dependerá qué papel desempeñará a económica y políticamente en las próximas décadas y cuál será el nivel de bienestar y seguridad que podrá ofrecer a sus ciudadanos.

La Unión Europea (UE) se encuentran debilitada por la dureza de la reciente recesión, el elevado nivel de paro, la frágil recuperación y por la crisis de confianza en la deuda soberana de los países con mayor déficit público de la zona euro, Grecia, Irlanda y, en menor medida, Portugal y España.

La UE también está debilitada a nivel político externa e internamente. La irrupción de China como gran potencia y la creciente tendencia norteamericana a tratar a la UE como súbdito en lugar de socio privilegiado han debilitado el protagonismo europeo internacional. Asimismo, la voluntad y la capacidad europea de actuación ha mermado, como ha quedado demostrado en durante la actual rebelión de la población de Túnez y Egipto contra sus respectivos regimenes autoritarios, que se han mantenido en el poder durante décadas precisamente gracias al respaldo europeo.

Europa carece de un líder con una visión política global a largo plazo y con el coraje político para defenderla y convertirla en realidad. La reforma institucional del Tratado de Lisboa no ha aportado el reforzamiento político esperado en la UE.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, acostumbrado a modificar sus puntos de vista en función de las antiguas presidencias semestrales, carece de credibilidad y autoridad para desempeñar esa función y el papel del Ejecutivo comunitario se está reduciendo al de un secretariado de los Veintisiete.

El presidente de la UE, Herman Van Rompuy, también ha acabado actuando más como coordinador e impulsador de consensos para las iniciativas del eje franco-alemán que como auténtico líder de la UE.

A nivel diplomático, la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha tenido hasta ahora una actuación más que discreta, con escasa iniciativa, que contrasta con el dinamismo y la efectividad lograda por su antecesor, Javier Solana, con muchísimos menos medios.

Además, entre las delegaciones nacionales comienza a preocupar que el nuevo Servicio Exterior Europeo esté controlado en la práctica por figuras británicas y que se estén recortando los poderes del secretario general y número dos, Pierre Vimont, con lo que se corre el riesgo de que se convierta en una prolongación del Foreign Office británico.

El vacío dejado por la falta de liderazgo desde las instituciones europeas es ocupado por el eje franco-alemán, cada vez más dominado por Berlín gracias al empuje económico alemán, mientras que París se ve forzado a asumir un creciente papel de acompañante para mantener su influencia en la UE.

Los demás líderes de los Veintisiete, demasiado absortos por sus problemas internos nacionales y sus intereses políticos concentrados en el corto plazo, facilitan la consolidación del papel del eje franco-alemán como recuperado motor de la integración europea.

A pesar de estas debilidades, las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis financiera pueden convertirse en la base de un renacer europeo a partir de la zona euro mediante un reforzamiento económico, el cual abriría la posibilidad futura de una mayor integración política en otros ámbitos.

Aunque la titubeante actitud de Berlín agravó hace un año la crisis griega, la cancillera alemana, Angela Merkel, parece haber aprendido la lección y ahora promueve una mayor integración dentro de la zona euro a través del denominado «pacto de competitividad».

Este semestre se estrenará en la zona euro un control previo colectivo de los borradores de presupuestos nacionales y de los planes de reformas económicas de los países y un control reforzado del déficit público con sanciones semiautomáticas, lo que supone un salto cualitativo hacia un gobierno económico.

Si a ello se suma, como defienden Berlín y París, una mayor convergencia de las políticas laborales, sociales y tributarias, acompañada de un fortalecido fondo financiero de rescate de países en apuros, se estaría avanzado decididamente hacia un resurgimiento europeo a partir de núcleo clave de la zona euro.