El Blog de Eliseo Oliveras sobre política internacional. Una mirada crítica y sin compromisos desde la capital de Europa sobre las claves, el funcionamiento y los entresijos de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de sus estados miembros.
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Lecciones para la UE de los comicios en Italia

La política oficial europea de recortes y precariedad lleva a Italia a votar a partidos euroescépticos

El Banco Mundial avisa que la desigualdad sigue creciendo en la UE pese a la recuperación económica

Las elecciones italianas del 4 de marzo son un nuevo y contundente aviso a la Unión Europea (UE) del profundo malestar de los ciudadanos a causa de la política socioeconómica oficial y la forma de hacer política por parte de los partidos gobernantes, conservadores, liberales o socialdemócratas. El voto de protesta contra los partidos tradicionales en Italia sigue la senda de los comicios celebrados a lo largo del 2017 (regionales eslovacas, República Checa, Austria, Alemania, Francia y Holanda), pero alcanza unos niveles récord y adquiere una máxima relevancia al tratarse de la tercera economía de la eurozona.

Los partidos anti-establishment y euroescépticos Movimiento 5 Estrellas, La Liga, Hermanos de Italia suman el 54,4% del voto. El descrédito de los partidos es ya un rasgo generalizado en la UE: sólo el 18% de los europeos confía en ellos, según el último Eurobarómetro. La confianza en los partidos en España es de las más bajas (8%) y en la mayoría de los países no llega al 20%. 

El voto ha hundido la gran coalición a la que aspiraba la Comisión Europea con los conservadores de Forza Italia de Silvio Berlusconi y los socialdemócratas del Partido Democrático de Matteo Renzi. Forza Italia (14,01% de los votos) quedó más de tres puntos porcentuales por detrás que La Liga (17,37%) y perdió el liderazgo de las fuerzas de la derecha, quedando relegada a segunda posición. El Partido Democrático, que había obtenido el 40,8% de los votos en las elecciones europeas del 2014, sólo consiguió el 18,72%.

La reforma de la UE, en el aire

El marcado euroescepticismo del voto italiano aleja la gran reforma de la UE que promueve el presidente francés, Emmanuel Macron, que sólo cuenta con un limitado apoyo alemán y choca con la oposición del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y del Grupo del Norte (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Holanda y Suecia). Desde el entorno de Macron se insiste en que el voto muestra la urgencia de transformar la UE en una "Europa que proteja".

Los comicios confirman el declive de los socialdemócratas desde que aplican la misma política económica que la derecha. Sólo donde se atreven a adoptar una política más social, como en Portugal, tienen mejores expectativas electorales.

El mayoritario voto anti-establisment en Italia, pese a la poca concreción de los programas de esos partidos, indica el hartazgo ciudadano de una clase política que lleva años haciendo oídos sordos a sus quejas por la creciente desigualdad social, precariedad laboral y empobrecimiento de la población. El retroceso social y el empeoramiento de las expectativas socioeconómicas en Italia y en otros países de la UE es fruto de la política oficial europea de las últimas décadas (rebajas fiscales a las grandes empresas y las personas con más ingresos, globalización descontrolada, desregulación económica y financiera, privatización de servicios y recorte del gasto público y los derechos laborales). En Italia, se añaden la corrupción y las conexiones de la clase política con el crimen organizado, algo sobre lo que la Comisión Europea siempre ha cerrado los ojos.

Retroceso socioeconómico

Italia, Grecia, Chipre y España son los países de la UE que han sufrido un mayor retroceso socioeconómico durante la crisis. El PIB per cápita italiano ha pasado de representar el 109% de la media europea en el 2005 a caer por debajo, situándose en el 97% en el 2016. Francia, Holanda, Bélgica, Finlandia y Eslovenia también han sufrido un retroceso en su PIB per cápita respecto a la media de la UE, pero no tan pronunciado.

El aumento de la desigualdad es un problema generalizado en la UE, ha advertido esta semana el Banco Mundial. En su informe Creciendo Unidos, destaca que el 1% más rico posee más del 20% de la riqueza en la mayoría de países, que la desigualdad crece desde los 90 y que la recuperación tras la crisis, lejos reducirla, la está agravando aún más, lo que tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico a largo plazo.

Que la mayoría de los italianos, antes entusiastas europeístas, hayan votado por partidos tan euroescépticos muestra el desencanto hacia la UE. Al impacto negativo de la política socioeconómica, se ha sumado el sentirse abandonados por sus socios ante la ola migratoria (más de 600.000 llegadas desde el 2014).

La lucha contra la inmigración irregular es una de los pocos temas en los que existe consenso entre los Veintisiete. Pero la política que están diseñando sigue careciendo de una adecuada solidaridad entre los países de la UE y no contempla un aumento sustancial de las partidas destinadas a la integración de los inmigrantes que ya están en Europa, ni para las partidas sociales (educación, sanidad, vivienda y protección social) para evitar que los ciudadanos europeos tengan la impresión de competir con los inmigrantes por unos servicios públicos degradados.


Artículo publicado en una versión más corta en El Periódico de Catalunya el 10 de marzo de 2018



La UE está en crisis cuando es imprescindible en el actual mundo globalizadoca

La Unión Europea cumple 60 años con un nivel de apoyo ciudadano bajo mínimos


Las diferencias socioeconómicas y políticas entre los estados dificultan su refundación tras el Brexit




La Unión Europea (UE) celebra esta semana su 60 aniversario en medio de la peor crisis existencial de su historia: Gran Bretaña, uno de sus estados miembros clave, está iniciando el proceso de salida de la UE. Hungría y Polonia están consolidando en el interior de la UE su modelo de democracia autoritaria incompatible con los principios fundamentales del tratado europeo. El apoyo de los ciudadanos ha caído bajo mínimos históricos (sólo el 35% considera positiva la UE, 17 puntos menos que en el 2007). Y los populistas euroescépticos y la extrema derecha están logrando en Europa los mayores éxitos electorales desde la derrota de los regímenes fascistas en la Segunda Guerra Mundial.


Los ultras ya forman parten del Gobierno de Finlandia y Eslovaquia y condicionan el de Dinamarca. El Partido por la Libertad (PVV) es la segunda fuerza política en Holanda y ha provocado un giro identitario en los partidos liberales y conservadores, como lo ha hecho también su homólogo (FPÖ) en Austria. Los sondeos mantienen a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas en mayo. Y Le Pen, a diferencia de líder ultraderechista holandés Geert Wilders, tiene un verdadero partido político detrás con un amplio programa socioeconómico.


Más necesaria que nunca 

La UE está en crisis y, sin embargo, es más necesaria que nunca en el actual e inestable mundo globalizado, porque el repliegue a los estados individuales y el retorno a las monedas nacionales, como propugnan los euroescépticos y la extrema derecha, aún dejarían más indefensos a los ciudadanos y los gobiernos frente al inmenso poder de las grandes multinacionales y del sector financiero y a las amenazas exteriores de seguridad.


Hace falta una masa crítica mínima de un grupo países unidos, como la UE, para poder imponer regulaciones al sector financiero y a las grandes corporaciones, que gracias a la libertad total de movimientos de capitales y bienes, han escapado al control de los gobiernos nacionales y pueden deslocalizar sus actividades y sus beneficios a su antojo. La UE también es imprescindible para defender con efectividad los intereses europeos en el actual mundo multipolar desorganizado, para resolver los conflictos y crisis que se producen en su periferia antes de que afecten a los países europeos y para proteger a los ciudadanos frente a las diferentes amenazas, desde el terrorismo a la defensa de sus fronteras.


 Los líderes de los Veintisiete quieren aprovechar la solemne conmemoración de la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 para emitir un mensaje común de optimismo en el futuro pese a la salida británica y para recordar el papel positivo que desempeña la UE en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Pero el texto definitivo de la Declaración de Roma aún está siendo objeto de complejas negociaciones entre los Veintisiete, debido a las profundas divergencias entre los países de Europa occidental y oriental sobre cómo debe replantearse la UE y en especial la mayor o menor apuesta por una "Europa a distintas velocidades"

Proceso de integración europea 


El proceso de integración europea, que ha traído a sus estados miembros el periodo continuado más largo de paz y prosperidad de su historia, se inició en medio de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y de la ayuda de emergencia norteamericana del Plan Marshall (1948) con la declaración del ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, de 1950 y la posterior creación de la Comunidad  Europea del Carbón y el Acero (CECA) en 1951 con Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.


Pese al revés político que supuso el fracaso del proyecto de creación de un ejército paneuropeo previsto en el Plan Pleven (1950) y la Comunidad Europea de Defensa (1952), la firma del Tratado de Roma, que alumbró lo que ahora denominamos UE, dio el impulso decisivo a la consolidación del proceso de integración europea a partir de los seis países fundadores de la CECA. Sucesivas ampliaciones transformaron la Europa de los Seis en la actual Europa de Veintiocho, que está en proceso de convertirse en la Europa de Veintisiete.


Seis décadas después, la unión aduanera se ha convertido en un mercado único y junto a la política agraria se han desarrollado un amplio abanico de políticas europeas comunes que van desde la comercial a la exterior, aunque con diferentes grados de efectividad. Europa se ha dotado también de una moneda común, el euro, y ha puesto fin a la histórica división continental que supuso el Telón de Acero. La paz se da ahora por descontada, pero las brutales guerras de la descomposición de la antigua Yugoslavia en los 90 y la actual guerra civil de Ucrania muestran que lo impensable puede producirse cuando las tensiones estallan y fracasan las instituciones políticas, incluso en Europa.


Motivos del desapego ciudadano 

¿Por qué la UE, pese a sus éxitos, ha perdido el apoyo de los ciudadanos? Las causas de este desapego, según coinciden economistas, sociólogos e historiadores, son fruto del empeoramiento de las condiciones de vida de una parte creciente de la población (desigualdad, precariedad, pérdida de poder adquisitivo), de la sustracción de las decisiones económicas al control y opinión de los ciudadanos a través de la tecnocracia europea (el 54% de los europeos estima que su opinión no cuenta en la UE) y del repliegue identitario nacional frente a la inseguridad generada por la globalización, el fracaso de la integración de los inmigrantes y la expansión de la ideología islamista en Europa que utiliza como bandera su voluntad de diferenciación y de rechazo de los valores europeos.


El proceso de diseñado por los fundadores de apoyarse en sucesivos pasos de integración económica con la expectativa de que estos llevarían a la integración política ha demostrado sus límites con la crisis financiera, las carencias estructurales de la unión monetaria y la adhesión en bloque de los países del Este que ha resultado más difícil de asimilar de lo previsto.


La integración económica diseñada por la Comisión Europa y los gobiernos de los principales países en los 80 asumió la agenda neoliberal de desregulación y liberalización de los sectores y actividades económicas y de privatización de empresas y servicios públicos. La creación del mercado único y el euro se utilizó como mecanismo para disciplinar a los gobiernos europeos que los tecnócratas de Bruselas consideraban demasiado intervencionistas, como señala el profesor de Harvard Dani Rodrik.

Se diseñó un férreo mecanismo de control de la política económica bajo el dictado de Berlín, con normas y sanciones muy precisas sobre el déficit y las recomendaciones económicas, que aún se detallado mucho más con los nuevos paquetes de reglamentos económicos y el Pacto Fiscal del 2011, 2012 y 2013. Pero no hay nada parecido sobre un modelo social común, con condiciones salariales y laborales y niveles de protección social mínimos garantizados.


El malestar de los ciudadanos por los efectos acumulativos de las políticas económicas y laborales impulsadas por la UE durante los últimos 30 años se está dejando sentir ahora con fuerza, favorecido por la crisis de los partidos socialdemócratas que ahora pagan su sumisión a los dogmas económicos neoliberales.


La superación de la actual crisis de la UE, según defiende entre otros el sociólogo y filósofo Jünger Habermas, pasa por una mayor integración europea que corrija su actual déficit democrático y social y su sistema tecnocrático de imposición de la política económica. Otros, como el sociólogo económico Wolfgang Streeck, se muestran más pesimistas sobre esa posibilidad de una unión política democrática, debido a las profundas diferencias en la situación socioeconómica y en las tradiciones políticas de las poblaciones de los distintos estados de la UE y a las fracturas internas norte-sur y este-oeste.


Claroscuros de Bulgaria y Rumanía en la UE

Los dos países siguen bajo vigilancia especial de Bruselas diez años después de entrar en la UE

Ha mejorado la situación económica pero persiste la corrupción generalizada y las deficiencias judiciales

Diez años después de incorporarse a la Unión Europea (UE), Bulgaria y Rumanía presentan un balance matizado. Ambos han logrado más crecimiento, una reducción importante de la pobreza y una mayor estabilidad sociopolítica dentro de la UE que si se hubiera retrasado su ingreso hasta subsanar sus graves deficiencias, con el riesgo de que la fatiga por los esfuerzos no premiados condujera a un colapso del impulso estabilizador. Pero acumulan sombras, ya que no se ha corregido la corrupción generaliza, se ha disparado la desigualdad, siguen muy lejos de la renta media europea y han perdido mucha población.

Como ambos países cojeaban peligrosamente por un disfuncional aparato judicial y la tolerancia hacia la corrupción, y Bulgaria, además, por la laxitud frente al crimen organizado, estrenaron un sistema especial de vigilancia de la Comisión Europea con la fijación de una lista anual de reformas a adoptar. El mecanismo, inicialmente previsto para tres años, continúa en vigor ante los deficientes progresos.

En el último informe del 2016, la Comisión Europea indicó que los avances de Rumanía contra la corrupción generalizada eran insuficientes, que la reforma del Código Penal estaba obstaculizada y que la independencia de los jueces y el cumplimiento de las decisiones judiciales seguían en cuestión. Respecto a Bulgaria, Bruselas criticó los retrocesos en la lucha contra la corrupción, los escasos progresos en la lucha contra el crimen organizado, la persistencia deficiencias judiciales y "la falta de determinación de las autoridades búlgaras" en corregir esas carencias.

Aunque en España la corrupción, el nepotismo y la adopción de leyes y decisiones gubernamentales a la medida de los intereses de la banca, las eléctricas o empresas concretas se han convertido en moneda corriente, al estar Bulgaria y Rumania bajo supervisión especial sus problemas de corrupción mantienen a ambos excluidos de la zona Schengen sin fronteras.

Rumanía ha estado dirigida desde noviembre del 2015 por un Gobierno tecnócrata encabezado por el excomisario europeo Dacian Ciolos, que logró avances contra la corrupción. Pero su política de austeridad ha devuelto a los socialdemócratas al poder en las elecciones del 11 de diciembre con la promesa de subir salarios y pensiones, invertir en infraestructuras y mejorar la sanidad. El anterior líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Victor Ponta, tuvo que dimitir el 5 de noviembre del 2015 a causa de las masivas protestas tras el mortal incendio de la discoteca Colectiv en Bucarest plagada de irregularidades. Ponta además está siendo investigado por fraude, blanqueo de dinero y evasión fiscal.

El actual líder del PSD rumano, Liviu Dragnea, no ha podido convertirse en primer ministro porque fue condenado en abril del 2016 por fraude electoral, aunque ha asumido la presidencia de la Cámara de Diputados. Dragnea ha designado como primer ministro al fiel Sorin Grindeanu, que ya ha indicado que gobernará al dictado de Dragnea. 

El nuevo Gobierno, ratificado por el Parlamento este miércoles, incluye ministros implicados en corrupción y escándalos, como la ministra de Empleo, Lia Olguta Vasilescu, acusada de soborno, corrupción y blanqueo, pero parte de las pruebas fueron rechazadas por los jueces al estimar que se habían obtenido ilegalmente. El nuevo ministro de Justicia, Florin Iordache, también se distinguió en el 2013 por diluir las leyes anticorrupción.

Bulgaria celebrará elecciones anticipadas en abril tras la dimisión del Gobierno del conservador Boyko Borisov, de Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), a causa de la aplastante derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de la candidata oficialista y de la victoria del independiente Rumen Radev, general en la reserva respaldado por los socialistas, al que Borisov tachó de prorruso para descalificarlo.

Borisov, exguardia de seguridad del último dictador comunista, Todor Zhivkov, y al que la embajada norteamericana consideraba próximo a círculos mafiosos según los cables de WikiLeaks, aspira a volver como primer ministro por tercera vez en el 2017, presentándose como mejor garante de la estabilidad para sus socios europeos y apoyándose en su pertenencia al Partido Popular Europeo (PPE). Su primer Gobierno (2009-2013) tuvo que dimitir ante las masivas protestas por la política de austeridad y los escándalos. Su segundo Gobierno (2014-2016) también estuvo rodeado de escándalos, como el descafeinamiento de la reforma judicial en el 2015. 

El artículo fue publicado por primera vez en El Periódico de Catalunya el 7 de enero de 2017