El asesinato de dos periodistas en pocos meses evidencia la gravedad de la corrupción en la UE
En la Unión Europea (UE) y en sus estados miembros se están multiplicando los signos de descomposición política más allá del brexit, que alcanzan hasta a la propia Comisión Europea, sin que los líderes europeos y nacionales parezcan conscientes de la gravedad de esta tendencia para la estabilidad sociopolítica del continente.
Incluso la
estabilidad recuperada en Alemania casi seis meses después de las elecciones es
más frágil que en la anterior legislatura, pese al acuerdo gubernamental entre
democristianos y socialdemócratas, ya que en esta
ocasión Angela Merkel salió reelegida cancillera con un margen de sólo 9 votos
por encima de la mayoría absoluta requerida y que 35 diputados de la gran
coalición de 399 escaños le negaron su voto.
La reedición de la
gran coalición alemana tiene como contrapunto el haber convertido al partido de
extrema derecha Alianza para Alemania (AfD) en el líder de oposición en el Bundestag
con las enormes ventajas que eso conlleva: medios, fondos y protagonismo
parlamentario para expandir sus mensajes y su influencia política. La
ultraderecha ya forma parte de los gobiernos de Austria, Bulgaria y Eslovaquia
y condiciona el de Dinamarca, mientras que Hungría y Polonia están en plena deriva
autoritaria.
Nepotismo y autoritarismo tecnocrático
Esta semana la
Comisión Europea ha sufrido tres reveses políticos que evidencian como el
nepotismo, el autoritarismo tecnocrático y la laxitud ética se han integrado en la normalidad del quehacer cotidiano de una institución clave, que debería encarnar los valores y principios que proclama la UE.
En primer lugar, el nombramiento
relámpago como secretario general al frente de sus 33.000 funcionario del
alemán Martin Selmayr, jefe de gabinete y antes director de la campaña
electoral del presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, ha desatado la
protesta del Parlamento Europeo, porque se han retorcido las normas para efectuar
un nombramiento a dedo que socava la credibilidad de la UE, "un arreglo
entre amigos, propio del Partido Comunista Chino", destacó François
Grossetête del grupo popular, el mismo partido europeo al que pertenece Juncker.
El nombramiento será ahora examinado por la Eurocámara y la Defensora del
Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, pero "este espectáculo de una Comisión
Europea que vive en su burbuja" da votos los partidos ultras y eurofobos,
lamentaba Le Monde en un Editorial.
En segundo lugar, el
Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado el 14 de marzo el
derecho de las organizaciones civiles a pedir la revisión de las autorizaciones
de productos modificados genéticamente por los riesgos para la salud que
puedan presentar, a lo que se oponía ferozmente la Comisión Europeo, que no
admite que se cuestionen sus decisiones. La sentencia es crucial tras la
sumisión a los grandes grupos industriales mostrada por la Comisión Europea,
entre otros, en los escándalos del herbicida glifosato y de los disruptores
endocrinos y en los conflictos de interés en las autorizaciones de los
transgénicos.
Laxitud ética en la Comisión Europea
El tercer revés ha
sido la decisión de la Defensora del Pueblo de la UE el 15 de marzo de que
vuelva a revisar la autorización para que su anterior presidente, José Manuel
Durao Barroso, pudiera trabajar como lobista para el banco Goldman Sachs, una
de los principales responsables de la crisis financiera y una entidad que ayudó
al Gobierno conservador griego a falsear sus cuentas públicas y a ocultar el
tamaño real de su deuda y déficit. El fichaje de Barroso ha sido una
de las más notorias infracciones éticas del artículo 245 del Tratado de
Funcionamiento de la UE, pero no la única. Neelie
Kroes, por ejemplo, ocultó que poseía y era directiva de una sociedad pantalla
en las Bahamas durante su mandato como comisaria europea.
El asesinato en
pocos meses de dos periodistas en la UE que investigaban la corrupción de sus
respectivos gobiernos (Daphne
Caruana Galizia en Malta y Jan
Kuciak en Eslovaquia) evidencia la gravedad de un problema que la Comisión
Europea prefiere obviar hasta el punto que anuló en el 2017 el informe previsto
sobre la corrupción en los distintos países de la UE.
Corrupción oligárquica
El asesinato de
Kuciak ha provocado las dimisiones
del primer ministro eslovaco, el socialdemócrata Robert Fico, y del
ministro de Interior, ha desencadenado una ola de protestas y está sacando a la
luz el carácter oligárquico del país, un rasgo que comparte con otros estados
del Este. En la vecina República Checa, el
primer ministro, el millonario populista Andrej Babis, está investigado por
corrupción y sigue gobernando pese a haber perdido una moción de censura el 16
de enero en el Parlamento, mientras los gobiernos de Bulgaria (conservadores) y
Rumania (socialistas) intentar diluir con nuevas leyes la efectividad de los
instrumentos anticorrupción.
La corrupción
también afecta a Europa Occidental. Los lazos de la clase política italiana con
el crimen organizado se consolidaron desde que en 1948 la mafia ayudó a la
Democracia Cristiana a ganar las elecciones para impedir la temida victoria del
Partido Comunista. Y la UE prefiere cerrar los ojos ante la miríada de casos de
corrupción que afectan a los dirigentes del partido gobernante en España (PP).
Libertad de expresión amenazada
Las amenazas a los
periodistas no se limitan a Malta y Eslovaquia. En
Italia, hay 19 periodistas con escolta policial de 24 horas y unos
200 reciben protección. La intimidación a los periodistas y el control de
los medios por los gobiernos o por magnates afines al poder es habitual en
Europa Oriental. El dimitido Fico
se había distinguido por calificar a los periodistas de "indecentes
prostitutas antieslovacas" y "hienas estúpidas".
En España son los
ciudadanos quienes sufren directamente la intimidación de las autoridades con
la ley mordaza (200.000 personas sancionadas
desde el 2015), con una media de 58 denuncias diarias contra ciudadanos sólo
por supuesta falta de respeto a las fuerzas policiales, hasta el punto que Amnistía
Internacional ha iniciado una campaña para denunciar la persecución de la
libertad de expresión en España, algo que tampoco parece preocupar a la
Comisión Europea.
En medio del
profundo malestar ciudadano que reflejan las sucesivas elecciones (el
54% de los italianos votó este mes a favor de partidos anti-establishment y europescepticos), unos nuevos actores políticos,
los jubilados han comenzado a movilizarse con fuerza en España y Francia. Los
recortes de los sistemas públicos de pensiones que impulsa la Comisión Europea
y el descontento que este colectivo clave multiplicará la agitación política en
la UE.
Una versión más corta fue publicada en El Periódico de Catalunya el 17 de marzo de 2018
