El Blog de Eliseo Oliveras sobre política internacional. Una mirada crítica y sin compromisos desde la capital de Europa sobre las claves, el funcionamiento y los entresijos de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de sus estados miembros.
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Lecciones para la UE de los comicios en Italia

La política oficial europea de recortes y precariedad lleva a Italia a votar a partidos euroescépticos

El Banco Mundial avisa que la desigualdad sigue creciendo en la UE pese a la recuperación económica

Las elecciones italianas del 4 de marzo son un nuevo y contundente aviso a la Unión Europea (UE) del profundo malestar de los ciudadanos a causa de la política socioeconómica oficial y la forma de hacer política por parte de los partidos gobernantes, conservadores, liberales o socialdemócratas. El voto de protesta contra los partidos tradicionales en Italia sigue la senda de los comicios celebrados a lo largo del 2017 (regionales eslovacas, República Checa, Austria, Alemania, Francia y Holanda), pero alcanza unos niveles récord y adquiere una máxima relevancia al tratarse de la tercera economía de la eurozona.

Los partidos anti-establishment y euroescépticos Movimiento 5 Estrellas, La Liga, Hermanos de Italia suman el 54,4% del voto. El descrédito de los partidos es ya un rasgo generalizado en la UE: sólo el 18% de los europeos confía en ellos, según el último Eurobarómetro. La confianza en los partidos en España es de las más bajas (8%) y en la mayoría de los países no llega al 20%. 

El voto ha hundido la gran coalición a la que aspiraba la Comisión Europea con los conservadores de Forza Italia de Silvio Berlusconi y los socialdemócratas del Partido Democrático de Matteo Renzi. Forza Italia (14,01% de los votos) quedó más de tres puntos porcentuales por detrás que La Liga (17,37%) y perdió el liderazgo de las fuerzas de la derecha, quedando relegada a segunda posición. El Partido Democrático, que había obtenido el 40,8% de los votos en las elecciones europeas del 2014, sólo consiguió el 18,72%.

La reforma de la UE, en el aire

El marcado euroescepticismo del voto italiano aleja la gran reforma de la UE que promueve el presidente francés, Emmanuel Macron, que sólo cuenta con un limitado apoyo alemán y choca con la oposición del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y del Grupo del Norte (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Holanda y Suecia). Desde el entorno de Macron se insiste en que el voto muestra la urgencia de transformar la UE en una "Europa que proteja".

Los comicios confirman el declive de los socialdemócratas desde que aplican la misma política económica que la derecha. Sólo donde se atreven a adoptar una política más social, como en Portugal, tienen mejores expectativas electorales.

El mayoritario voto anti-establisment en Italia, pese a la poca concreción de los programas de esos partidos, indica el hartazgo ciudadano de una clase política que lleva años haciendo oídos sordos a sus quejas por la creciente desigualdad social, precariedad laboral y empobrecimiento de la población. El retroceso social y el empeoramiento de las expectativas socioeconómicas en Italia y en otros países de la UE es fruto de la política oficial europea de las últimas décadas (rebajas fiscales a las grandes empresas y las personas con más ingresos, globalización descontrolada, desregulación económica y financiera, privatización de servicios y recorte del gasto público y los derechos laborales). En Italia, se añaden la corrupción y las conexiones de la clase política con el crimen organizado, algo sobre lo que la Comisión Europea siempre ha cerrado los ojos.

Retroceso socioeconómico

Italia, Grecia, Chipre y España son los países de la UE que han sufrido un mayor retroceso socioeconómico durante la crisis. El PIB per cápita italiano ha pasado de representar el 109% de la media europea en el 2005 a caer por debajo, situándose en el 97% en el 2016. Francia, Holanda, Bélgica, Finlandia y Eslovenia también han sufrido un retroceso en su PIB per cápita respecto a la media de la UE, pero no tan pronunciado.

El aumento de la desigualdad es un problema generalizado en la UE, ha advertido esta semana el Banco Mundial. En su informe Creciendo Unidos, destaca que el 1% más rico posee más del 20% de la riqueza en la mayoría de países, que la desigualdad crece desde los 90 y que la recuperación tras la crisis, lejos reducirla, la está agravando aún más, lo que tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico a largo plazo.

Que la mayoría de los italianos, antes entusiastas europeístas, hayan votado por partidos tan euroescépticos muestra el desencanto hacia la UE. Al impacto negativo de la política socioeconómica, se ha sumado el sentirse abandonados por sus socios ante la ola migratoria (más de 600.000 llegadas desde el 2014).

La lucha contra la inmigración irregular es una de los pocos temas en los que existe consenso entre los Veintisiete. Pero la política que están diseñando sigue careciendo de una adecuada solidaridad entre los países de la UE y no contempla un aumento sustancial de las partidas destinadas a la integración de los inmigrantes que ya están en Europa, ni para las partidas sociales (educación, sanidad, vivienda y protección social) para evitar que los ciudadanos europeos tengan la impresión de competir con los inmigrantes por unos servicios públicos degradados.


Artículo publicado en una versión más corta en El Periódico de Catalunya el 10 de marzo de 2018



La UE, prisionera de sus negocios con Gaddafi

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el dirigente libio, coronel Muammar Gaddafi


Al igual que ocurrió con Túnez y Egipto, la Unión Europea (UE) se encuentra prisionera de su actitud hasta ahora más que complaciente, e incluso servil, con el régimen autoritario libio del coronel Muammar Gaddafi. Si en el caso de Túnez y Egipto el respaldo diplomático europeo obedecía sobre todo a consideraciones políticas de contención de la teórica amenaza islamista, en el caso de Libia está determinado principalmente por intereses económicos.

La UE, a través de la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha condenado esta noche la brutal represión del régimen, ha deplorado la muerte de los manifestantes y ha defendido las “legitimas” reivindicaciones de reformas políticas de la población. Pero estas declaraciones llegan, una vez más, tarde, después de demasiados años de actitudes y comportamientos destinados exclusivamente a complacer a Gaddafi.

Incluso esta noche, con decenas de víctimas mortales de la represión encima la mesa, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, parecía más preocupado por el riesgo de que se intensifique la llegada de inmigrantes sin papales a Europa y el ministro checo, Karel Schwarzenberg, insistía en que si cae el régimen autoritario de Gaddafi “habrá catástrofes en todo el mundo”.

Los líderes europeas se han esforzado a lo largo de la pasada década en intentar aparecer como los mejores amigos de Libia, han recibido o visitado con gran pompa a Gaddafi y han hecho la vista gorda ante sus excentricidades para obtener permisos de exploración y extracción de hidrocarburos y contratos millonarios de suministros y obras públicas para sus respectivas compañías nacionales.

No sólo ha sido el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sino también el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el antiguo primer ministro británico, Tony Blair, e incluso el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió a Gaddafi en la Moncloa en diciembre del 2007 y visitó al dirigente libio en Trípoli en junio del 2010. Hasta el rey Juan Carlos se desplazó a Trípoli en enero del 2009 para promocionar contratos para las empresas españolas.

Todas las grandes compañías petroleras europeas tienen rentables negocios en Libia: la española Repsol, la británica British Petroleum, la francesa Total, la italiana ENI o la austriaca OMV. Además las constructoras europeas y españolas consiguen periódicamente suculentos contratos de Trípoli.

La UE ni siquiera titubeó en humillarse y disculparse públicamente el 27 de marzo del 2010 a través del entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por haber incluido a 188 ciudadanos libios en una lista de personas vetadas en el espacio europeo sin fronteras de Schengen, a raíz del conflicto entre Suiza y Libia por la detención de un hijo de Gaddafi en Ginebra por maltratar a sus personal doméstico.

La UE incluso se mantuvo impasible y silenciosa cuando Gaddafi adoptó represalias económicas, comerciales y humanas contra Suiza porque ese país había intentado hacer respetar la ley en su territorio, ni cuando efectuó un llamamiento a la guerra santa contra Suiza, ni cuando expresó el deseo de que ese país fuera barrido del mapa.

El respaldo libio en los 70 y 80 a grupos terroristas, incluida ETA, y su vinculación a diversos atentados terroristas en Europa, condenó al régimen de Gaddafi al ostracismo y a las sanciones internacionales. Pero la asunción de su responsabilidad en el atentado que destruyó el avión de Pan Am en Lockerbie en 1988 y el pago de una indemnización de 3.600 millones de euros condujo a la suspensión de las sanciones de la ONU en 1999 y a su levantamiento definitivo en el 2003.

La promesa de Gaddafi en diciembre del 2003 de renunciar a cualquier programa de armas de destrucción masiva mejoró sustancialmente sus relaciones con la UE y EEUU.

Italia, donde Libia mantiene importantes participaciones accionariales en empresas clave como ENI, Unicredit, Fiat, Finmeccanica, Olcese y el equipo de fútbol Juventus, es el principal valedor de Gaddafi en Europa.

El fondo soberano de inversiones Libyan Investement Authority, con unas reservas monetarias estimadas en más de 50.000 millones de euros, constituye además una importante herramienta económica para ablandar posiciones políticas en los actuales tiempos de crisis. El régimen de Gaddafi tampoco ha dudado en utilizar el problema de la inmigración ilegal como otra arma para presionar a la UE.