Un Chipre en quiebra asume la gestión semestral de la UE

El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, durante la cumbre europea de junio del 2012

Un Chipre en quiebra financiera y dividido territorialmente ha asumido la gestión semestral de la Unión Europea (UE) desde el pasado 1 de julio, lo que obstaculizará el necesario avance urgente en numerosas medidas legislativas que son clave para hacer frente a la crisis de desconfianza hacia la eurozona. Chipre sustituye a Dinamarca, que se ha distinguido precisamente por la eficacia de su mandato semestral europeo. Chipre cuenta con unos 830.000 habitantes y su economía sólo representa el 0,14% del producto interior bruto (PIB) del conjunto de la UE.  

La falta de credibilidad política y la debilidad económica de Chipre constituyen un grave obstáculo para la gestión europea, según han reconocido fuentes diplomáticas. Ésta es la primera vez que un estado que ha pedido el rescate asume la gestión de la UE, con las implicaciones que conlleva que sea un gobierno que ha fracasado económicamente en su país quien dirija precisamente los asuntos europeos.

El propio Gobierno chipriota ha rebajado ya las expectativas de su gestión europea. «Los temas son muy complicados. Vamos a ver qué es posible hacer teniendo en cuenta las dificultades», señaló el viceministro de Asuntos Europeos, Andreas Mavroyiannis, al presentar las prioridades chipriotas para el semestre en Bruselas.

Chipre anunció que aspira a impulsar las negociaciones sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2014-2020, los dos reglamentos que faltan del sistema de gobierno económico, la nueva legislación europea para crear una unión bancaria, la creación de empleo y la mejora de las relaciones con los países vecinos mediterráneos.

El semestre chipriota también tensará aún más las ya conflictivas relaciones con Turquía e impedirá en la práctica un avance en las negociaciones de adhesión de Ankara a la UE. El Gobierno turco ha anunciado que congelará cualquier relación con la UE durante este semestre que tenga pasar por el gobierno chipriota como represalia por la falta de interés de Nicosia en la reunificación de la isla y en la integración de la comunidad turcochipriota del norte de la isla.

Desde el primer día de su mandato, Chipre también parece decidido a intensificar el enfrentamiento con Ankara, ya que en la primera intervención oficial en nombre de la UE, Mavroyiannis acusó al Gobierno turco de “instrumentalizar” la crisis siria para favorecer “su agenda islámica” y expresó su “inquietud” por la actuación de Turquía.

         

La situación es especialmente compleja porque, en paralelo a la petición de ayuda a la UE, Chipre intenta obtener un préstamo financiero alternativo de Rusia o de China para que el Gobierno no quede sometido a las estrictas contrapartidas europeas para la concesión de ayuda. «Es normal que un gobierno intente buscar un préstamo alternativo para no tener que cumplir condiciones estrictas», argumentó Mavroyiannis, en relación a los ajustes y reformas que impondrá la UE por su ayuda. 

         

Chipre ya recurrió el año pasado a Rusia para obtener un préstamo de 2.500 millones de euros que ha evitado hasta ahora la quiebra del país y de su sector bancario. Chipre necesitará ahora una ayuda mínima de 10.000 millones para sanear su banca y evitar la suspensión de pagos del país, según las estimaciones de los expertos. La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó el pasado 2 de julio a Nicosia para analizar la situación.

         

Chipre constituye en la práctica un paraíso fiscal y la punta de lanza de la penetración financiera rusa en la UE, tiene el impuesto de sociedades más bajo de los Veintisiete (10%) y sus bancos históricamente se han caracterizado por ser poco estrictos sobre la procedencia de los fondos de sus clientes.

Polonia arranca su mandato europeo con polémica

Donald Tusk, primer ministro polaco 

Polonia ha asumido hoy 1 de julio la responsabilidad de la gestión semestral de la Unión Europea (UE) con una polémica con sus socios miembros de la zona euro al pretender exigir en las reuniones ministeriales del Eurogrupo sin formar parte de la moneda común europea.

Tras tensas discusiones y sin amedrentarse por las primeras negativas, Polonia ha logrado ser invitada a asistir a las reuniones de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, en lo que constituye su primer éxito en el objetivo de ser considerado como uno de los grandes estados de la UE.

Polonia se ha fijado precisamente como principal objetivo de su gestión semestral europea el incrementar el status y la influencia política del país entre sus socios europeos y contrarrestar el actual dominio del eje franco-alemán mediante un reforzamiento de la propia UE y de sus instituciones.

«Es de crucial importancia que durante el mandato incrementemos el status de Polonia como país que es altamente valorado en los debates internos de la UE», ha destacado el primer ministro polaco, Donald Tusk, ante el Parlamento.

Además de reforzar el peso político de Polonia en la UE, Tusk aspira a que el mandato europeo impulse la victoria de su partido centrista Plataforma Cívica (PO) en las elecciones legislativas convocadas precisamente en octubre, a mitad del semestre.

Ante la actual delicada coyuntura creada por la crisis financiera griega y respaldada por un envidiable crecimiento de casi el 4%, Polonia quiere priorizar una rápida expansión económica en la UE mediante un acuerdo final sobre la supervisión económica, el impulso del mercado electrónico y la patente europea (a la que se opone España).

La segunda gran prioridad de Polonia durante este semestre es revitalizar el proceso de ampliación de la UE, con la firma del tratado de adhesión de Croacia, el inicio de las negociaciones de adhesión con Serbia y la finalización del Acuerdo Asociación y de Libre Comercio entre la UE y su vecina Ucrania.

Una «Europa segura» es el tercer gran objetivo polaco, con el desarrollo de una política exterior energética que garantice y diversifique los suministros, con la mejora del control de las fronteras exteriores frente a la inmigración y con una colaboración más estrecha en materia de defensa entre la UE y la OTAN.

La impronta que quiere dejar Polonia en la UE está simbolizada en un vídeo de promoción en el que se ve a una joven, triste y sola, que representa a la UE, sentada en un banco en una ciudad desierta, que recuerda el barrio de las instituciones europeas de Bruselas. Un joven con una camisa con los colores blanco y rojo de la bandera polaca, se acerca y la saca a bailar, devolviéndole la sonrisa.

Polonia sustituye a Hungría, que durante el primer semestre del año ha gestionado de forma discreta la UE y sin la gloria a la que aspiraba el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Su mayor éxito ha sido concluir las negociaciones de adhesión de Croacia el 30 de junio y su labor ha estado ensombrecida por las restricciones a la libertad de información en la polémica ley de prensa húngara y por la controvertida reforma de la constitución.  

Lecciones de la crisis libia

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, y la 'ministra' europea de Asuntos Exteriores, Catherine Aston

La crisis en Libia está lejos de resolverse, pero los casi dos meses transcurridos desde el inicio de la protesta popular contra el régimen autoritario del coronel Muamar Gadafi permiten ya extraer algunas lecciones sobre la estrategia político-militar de la Unión Europea (UE) que pueden ser extrapolables a otras crisis internacionales.

Primero. La diplomacia declarativa no sirve para nada, sólo tranquiliza la conciencia de quien las emite. Las puras declaraciones de condena de la represión del régimen de Gadafi que emitió inicialmente la UE no tuvieron, ni podían tener ningún resultado práctico, porque no iban acompañadas de medidas de presión adecuadas para intentar detener esa represión.

Segundo. Cuando se declara públicamente que un régimen es ilegítimo y ya no puede seguir dirigiendo un país, como hizo posteriormente la UE con Gadafi, hay que estar dispuesto a adoptar de inmediato todas las medidas políticas, económicas e incluso militares necesarias para derribar ese régimen y a apoyar activamente a la oposición de ese país por todos los medios posibles sin escatimar recursos. Si no se está dispuesto o preparado para ello, es mejor entonces no romper las relaciones diplomáticas con ese régimen e intentar influir en el mismo a través de incentivos económicos y políticos.

La UE puso contra el muro al régimen de Gadafi, pero luego no adoptó medidas contundentes adecuadas para empujar su caída. Incluso, la adopción de sanciones económicas se produjo con una enorme lentitud.

Si no hubiera sido por la firmeza de Francia y Gran Bretaña, que se movilizaron para obtener un aval de la ONU para una intervención militar limitada en Libia, las fuerzas de Gadafi hubieran barrido a la población rebelde y hubieran llegado hasta la frontera egipcia. Entonces, la UE hubiera emitido una vez más una declaración de condena inútil, pero Gadafi se habría consolidado en el poder y la revuelta popular habría sido aplastada, lo que a su vez habría enviado una señal demoledora para las esperanzas de democratización en el mundo árabe.

Basta recordar que el primer ataque aéreo francés en Libia el 19 de marzo se produjo para evitar la inminente caída de Benghazi, el último bastión de los rebeldes, después de que las fuerzas de Gadafi hubieran recuperado una tras otra la mayoría de las ciudades rebeldes ante la pasividad de la UE..

Tercero. Cuando se decide una intervención militar, como en el caso actual de Libia, hay tener previamente una estrategia política clara de los objetivos a corto, medio y largo plazo que se quieren obtener y los medios que se está dispuesto a utilizar para ello. Esta estrategia es la gran ausente de la intervención en Libia y explica los vaivenes de las operaciones.

La intervención se ha iniciado oficialmente para proteger a la población civil, pero el objetivo político real debería ser hacer posible el derribo del régimen de Gadafi por su población, ya que la UE y la comunidad internacional no pueden permitirse que se perpetúe en el poder un líder al que se ha decidido acusar de crímenes contra la humanidad y al que el Tribunal Penal Internacional de la ONU está preparado su imputación.

La ausencia de una estrategia clara explica que los ataques de la OTAN no hayan sido más contundentes y no hayan destruido con más intensidad y rapidez las capacidades militares de Gadafi para precipitar su caída. Esta falta de una estrategia elaborada también explica el escaso apoyo político, económico y logístico a los rebeldes. La UE y la OTAN están simplemente reaccionando día a día la evolución de los acontecimientos sobre el terreno sin un plan claro a largo plazo.

Cuarto. La crisis ha demostrado que la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, no es la persona adecuada para este cargo tan importante y en el que se habían puesto tantas esperanzas. En lugar de diseñar y promover una política exterior adecuada para los intereses de la UE y de convencer a cada uno de los 27 países de respaldar esa política, Ashton se ha limitado a convertirse en el portavoz de Exteriores de la desunión de los Veintisiete.

La falta de visión global internacional y geoestratégica, de coraje político y de iniciativa de Ashton quedó patente desde el inicio de la revuelta árabe en Túnez, se agravó en la crisis de Egipto y se ha transformado en un desastre en la actual crisis de Libia. Ashton incluso prefirió enviar una delegación a Trípoli en medio del conflicto en lugar de enviarla a Benghazi.

Ashton ha optado por la actitud pasiva de asumir el mínimo común denominador de la división de los Veintisiete, en lugar de actuar hábilmente para sumar voluntades alrededor de una política exterior europea coherente, como hacía su antecesor en el cargo, Javier Solana, con muchísimos menos medios a su disposición. Han tenido que ser Francia y Gran Bretaña quienes asumieran ese papel de movilizar a la UE y a la comunidad internacional.

Si Ashton no cambia radicalmente su actitud, la política exterior europea seguirá siendo la suma desorganizada de los intereses divergentes de los Veintisiete, sin cohesión y con limitada efectividad e influencia a nivel internacional. 

Bruselas admite su error por haber apoyado a dictadores

El comisario europeo de Ampliación y Política de Vecindad, Stefan Füle.

No ha sido el presidente de la Unión Europea (UE), Herman Van Rompuy, ni el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ni la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton. Pero al menos el comisario europeo responsable de la Ampliación y la Política de Vecindad, el checo Stefan Füle, ha admitido públicamente que la UE se equivocó al apoyar durante décadas a los regímenes autoritarios del Norte de África.

En un mea culpa sin precedentes del Ejecutivo comunitario, Füle declaró ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que la UE “no fue bastante firme en la defensa de los derechos humanos y de las fuerzas democráticas locales en la región”. “Hay que mostrar humildad acerca del pasado”, indicó.

“Demasiados de nosotros caímos en la asunción de que los regímenes autoritarios eran una garantía de estabilidad en la región”, señaló Füle. “Ni siquiera fue realpolitik. Fue en el mejor de los casos una visión a cortísimo plazo y del tipo que hace que el largo plazo sea aún más difícil de construir”.

“Las últimas semanas tendrán profundas y duraderas consecuencias no sólo para la gente y los países de la región, sino también para el resto del mundo, en particular para Europa”, advirtió Füle.

Frente a los temores y reticencias que despierta en Europa la revuelta árabe en esos países, Füle instó a los Veintisiete a acogerlos calurosamente. “Esos cambios aportan la esperanza de una vida mejor para la gente de la región y de un mayor respeto para los derechos humanos, pluralismo, justicia social y libertades fundamentales que constituyen la esencia de nuestros valores”, destacó el comisario.

“Europa debe respaldar la transición democrática en el Norte de África, como hizo después de las revoluciones de Europa Oriental en 1989”, subrayó Füle. “Europa tiene un interés vital en un Norte de África democrático, estable, próspero y pacífico, como inmediato vecino”, explicó.

Por ello, Füle insistió en que Europa no debe obsesionarse por “las posibles consecuencias negativas a corto plazo de estos cambios en la región, sino focalizarse en los intereses a largo plazo”.

El comisario reconoció que puede haber un incremento de la inmigración irregular procedente de Túnez, Libia y Egipto, que puede producirse un aumento de la visibilidad política de los partidos islamistas y que puede crearse inestabilidad y un vacío de poder temporal. Pero que es mucho más importante el objetivo a largo plazo de tener un Norte de África democrático, estable, próspero y pacífico”.

La prioridad de la UE, insistió Füle, debe ser asegurar el éxito de una transición democrática en Túnez, Egipto y Libia, garantizando todo el apoyo necesario y modificando sustancialmente la política europea hacia la región.

Ashton suspende su prueba de fuego en Libia

Catherine Ashton, 'ministra' europea de Asuntos Exteriores

La gestión europea de la revuelta árabe en Túnez, Egipto y especialmente en Libia ha supuesto un clamoroso suspenso para la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, y ha confirmado que su elección constituyó un garrafal error desde el punto de vista de los intereses de la Unión Europea (UE).

Ashton, en lugar de orientar y promover una acción rápida y efectiva de la UE, se ha limitado a convertirse en la mera portavoz de la divergencia de los Veintisiete, debilitando así la posición e influencia internacional de la UE.

En lugar de impulsar una política exterior europea coherente y de convencer a los reacios, Ashton se ha acomodando al mínimo común denominador y al ritmo de Italia, el principal socio y valedor del dirigente libio, Muamar Gadafi.

Con una preocupante falta de coraje político y de visión global, Ashton ha dejado que la UE vaya a remolque de las iniciativas políticas norteamericanas y de la OTAN, propiciando que sea Washington quien dirija la reacción internacional en una zona que constituye la frontera inmediata de Europa y que tiene un impacto decisivo para la UE.

Ha tenido que pasar casi una semana de represión brutal y matanzas de civiles por parte del régimen autoritario de Gadafi para que Ashton declare que “es tiempo de plantearse” sanciones contra los dirigentes libios. Unas sanciones que además aún pueden tardar varios días en hacerse efectivas.

En estos momentos, con centenares de muertos y quizás miles de víctimas civiles de la represión de las autoridades libias, aún la UE no ha emitido una declaración oficial de condena en la que explícitamente se responsabilice a Gadafi de esas matanzas, como si se temiera que pudiera recuperar el poder y amenazar los cuantiosos intereses económicos europeos en Libia.

En los pasillos del Consejo de la UE, el comentario más coincidente es que la gestión de esta crisis hubiera sido muy diferente si Javier Solana hubiera seguido al frente de la política exterior europea.

La UE, prisionera de sus negocios con Gaddafi

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el dirigente libio, coronel Muammar Gaddafi

Al igual que ocurrió con Túnez y Egipto, la Unión Europea (UE) se encuentra prisionera de su actitud hasta ahora más que complaciente, e incluso servil, con el régimen autoritario libio del coronel Muammar Gaddafi. Si en el caso de Túnez y Egipto el respaldo diplomático europeo obedecía sobre todo a consideraciones políticas de contención de la teórica amenaza islamista, en el caso de Libia está determinado principalmente por intereses económicos.

La UE, a través de la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha condenado esta noche la brutal represión del régimen, ha deplorado la muerte de los manifestantes y ha defendido las “legitimas” reivindicaciones de reformas políticas de la población. Pero estas declaraciones llegan, una vez más, tarde, después de demasiados años de actitudes y comportamientos destinados exclusivamente a complacer a Gaddafi.

Incluso esta noche, con decenas de víctimas mortales de la represión encima la mesa, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, parecía más preocupado por el riesgo de que se intensifique la llegada de inmigrantes sin papales a Europa y el ministro checo, Karel Schwarzenberg, insistía en que si cae el régimen autoritario de Gaddafi “habrá catástrofes en todo el mundo”.

Los líderes europeas se han esforzado a lo largo de la pasada década en intentar aparecer como los mejores amigos de Libia, han recibido o visitado con gran pompa a Gaddafi y han hecho la vista gorda ante sus excentricidades para obtener permisos de exploración y extracción de hidrocarburos y contratos millonarios de suministros y obras públicas para sus respectivas compañías nacionales.

No sólo ha sido el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sino también el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el antiguo primer ministro británico, Tony Blair, e incluso el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió a Gaddafi en la Moncloa en diciembre del 2007 y visitó al dirigente libio en Trípoli en junio del 2010. Hasta el rey Juan Carlos se desplazó a Trípoli en enero del 2009 para promocionar contratos para las empresas españolas.

Todas las grandes compañías petroleras europeas tienen rentables negocios en Libia: la española Repsol, la británica British Petroleum, la francesa Total, la italiana ENI o la austriaca OMV. Además las constructoras europeas y españolas consiguen periódicamente suculentos contratos de Trípoli.

La UE ni siquiera titubeó en humillarse y disculparse públicamente el 27 de marzo del 2010 a través del entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por haber incluido a 188 ciudadanos libios en una lista de personas vetadas en el espacio europeo sin fronteras de Schengen, a raíz del conflicto entre Suiza y Libia por la detención de un hijo de Gaddafi en Ginebra por maltratar a sus personal doméstico.

La UE incluso se mantuvo impasible y silenciosa cuando Gaddafi adoptó represalias económicas, comerciales y humanas contra Suiza porque ese país había intentado hacer respetar la ley en su territorio, ni cuando efectuó un llamamiento a la guerra santa contra Suiza, ni cuando expresó el deseo de que ese país fuera barrido del mapa.

El respaldo libio en los 70 y 80 a grupos terroristas, incluida ETA, y su vinculación a diversos atentados terroristas en Europa, condenó al régimen de Gaddafi al ostracismo y a las sanciones internacionales. Pero la asunción de su responsabilidad en el atentado que destruyó el avión de Pan Am en Lockerbie en 1988 y el pago de una indemnización de 3.600 millones de euros condujo a la suspensión de las sanciones de la ONU en 1999 y a su levantamiento definitivo en el 2003.

La promesa de Gaddafi en diciembre del 2003 de renunciar a cualquier programa de armas de destrucción masiva mejoró sustancialmente sus relaciones con la UE y EEUU.

Italia, donde Libia mantiene importantes participaciones accionariales en empresas clave como ENI, Unicredit, Fiat, Finmeccanica, Olcese y el equipo de fútbol Juventus, es el principal valedor de Gaddafi en Europa.

El fondo soberano de inversiones Libyan Investement Authority, con unas reservas monetarias estimadas en más de 50.000 millones de euros, constituye además una importante herramienta económica para ablandar posiciones políticas en los actuales tiempos de crisis. El régimen de Gaddafi tampoco ha dudado en utilizar el problema de la inmigración ilegal como otra arma para presionar a la UE.

Merkel toma las riendas de la UE

La cancillera alemana, Angela Merkel, en la cumbre europea del pasado 4 de febrero en Bruselas 

La cancillera alemana, Angela Merkel, ha tomado definitivamente el timón de la Unión Europea (UE). Apoyándose en la fortaleza económica de Alemania y aprovechando la falta de liderazgo en las instituciones europeas, Merkel ha estado pilotando Europa con discreción en los últimos años con la ayuda de Francia, su tradicional aliado estratégico. La crisis de la deuda soberana de la zona euro ha reforzado el protagonismo de Merkel y ha mostrado claramente que es ella la que decide el qué, el cómo y el cuándo, en especial en materia económica, aunque las propuestas lleven la firma conjunta de Berlín y París.

Alemania representa casi el 27% de la economía del conjunto de la zona euro, es el principal contribuyente neto al presupuesto de la UE y es el país que ha logrado un mayor crecimiento tras la recesión (3,6% en el 2010). Alemania asimismo es uno de los pocos países que ha logrado reducir sustancialmente su tasa de paro, que se situó en el 6,6% en diciembre frente al 10% de media de la zona euro.

Bajo el anterior canciller, Gerhard Schröder, Alemania ya decidió abrir una nueva era, en la que se reconociera su papel de gran potencia y en la que dejara de tener que disculparse permanentemente por su pasado. Merkel ha dado un paso más y ha establecido el papel determinante de Alemania en Europa.

Cuando el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, daba por muerta la reforma institucional de la UE tras el fracaso del proyecto de Constitución Europea, Merkel impulsó y logró un nuevo tratado (el Tratado de Lisboa) que rescatara el 90% de la fallida Constitución Europea. Fue también Merkel quien en el 2007 consiguió que los líderes de la UE asumieran la ambiciosa estrategia europea para luchar contra el cambio climático.

Ahora, el nuevo gobierno económico que se está acabando de diseñar en la zona euro lleva su impronta y tiene una inspiración claramente alemana: control reforzado del déficit y la deuda pública, endurecimiento de las sanciones y supervisión previa de los borradores de presupuestos nacionales.

Sus titubeos al estallar la crisis financiera de Grecia a principios del 2010, que retrasaron la creación del fondo de rescate y agravaron el problema, también demostraron que era Merkel quién marcaba el ritmo de las decisiones europeas y quién fijaba las condiciones, aunque el presidente del Eurogrupo, el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, o el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tuvieran otras opiniones.

El pacto de competitividad, que introducirá una estrecha coordinación en la política laboral, social y tributaria de los países de la zona euro, es un nuevo ejemplo. La iniciativa, concebida por Berlín, fue presentada públicamente por Merkel y Sarkozy, justo antes de empezar el debate sobre el tema en la cumbre europea del pasado 4 de febrero, lo que muestra la determinación alemana de hacer prevalecer sus planes pese a la oposición anunciada a los mismos.

Las críticas de los líderes europeos al diktat alemán en la cumbre, no frenaron el pacto de competitividad, sino la discusión del contenido del mismo ha comenzado ya imparable, con Francia a remolque de las iniciativas alemanas para no perder peso e influencia política en el seno de la UE.

Ante la lentitud y farragosidad de los procedimientos comunitarios, Merkel propone avanzar en la convergencia económica de la zona euro a través de acuerdos intergubernamentales. Esto supone también un cambio cualitativo, que fortalece el poder de Berlín y el eje franco-alemán y debilita políticamente a la Comisión Europea.

Además, la influencia de Merkel no se limita a la esfera económica, sino que también aparece con más fuerza en el ámbito diplomático, aprovechando la escasa talla internacional mostrada hasta ahora por el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, y por la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton. Por ejemplo, el nuevo primer ministro tunecino, Mohamed Ghammouchi, llamó precisamente a Merkel el pasado jueves para anunciarle un conferencia internacional en Cartago sobre las reformas políticas y económicas del país y pedirle el apoyo de la UE. 

Europa se juega su futuro

El presidente de la UE, Herman Van Rompuy, con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la cancillera alemana, Angela Merkel durante la cumbre europea del 4 de febrero del 2011 en Bruselas

Europa se encuentra en la encrucijada. De las decisiones que se adopten a lo largo de los próximos meses dependerá qué papel desempeñará a económica y políticamente en las próximas décadas y cuál será el nivel de bienestar y seguridad que podrá ofrecer a sus ciudadanos.

La Unión Europea (UE) se encuentran debilitada por la dureza de la reciente recesión, el elevado nivel de paro, la frágil recuperación y por la crisis de confianza en la deuda soberana de los países con mayor déficit público de la zona euro, Grecia, Irlanda y, en menor medida, Portugal y España.

La UE también está debilitada a nivel político externa e internamente. La irrupción de China como gran potencia y la creciente tendencia norteamericana a tratar a la UE como súbdito en lugar de socio privilegiado han debilitado el protagonismo europeo internacional. Asimismo, la voluntad y la capacidad europea de actuación ha mermado, como ha quedado demostrado en durante la actual rebelión de la población de Túnez y Egipto contra sus respectivos regimenes autoritarios, que se han mantenido en el poder durante décadas precisamente gracias al respaldo europeo.

Europa carece de un líder con una visión política global a largo plazo y con el coraje político para defenderla y convertirla en realidad. La reforma institucional del Tratado de Lisboa no ha aportado el reforzamiento político esperado en la UE.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, acostumbrado a modificar sus puntos de vista en función de las antiguas presidencias semestrales, carece de credibilidad y autoridad para desempeñar esa función y el papel del Ejecutivo comunitario se está reduciendo al de un secretariado de los Veintisiete.

El presidente de la UE, Herman Van Rompuy, también ha acabado actuando más como coordinador e impulsador de consensos para las iniciativas del eje franco-alemán que como auténtico líder de la UE.

A nivel diplomático, la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha tenido hasta ahora una actuación más que discreta, con escasa iniciativa, que contrasta con el dinamismo y la efectividad lograda por su antecesor, Javier Solana, con muchísimos menos medios.

Además, entre las delegaciones nacionales comienza a preocupar que el nuevo Servicio Exterior Europeo esté controlado en la práctica por figuras británicas y que se estén recortando los poderes del secretario general y número dos, Pierre Vimont, con lo que se corre el riesgo de que se convierta en una prolongación del Foreign Office británico.

El vacío dejado por la falta de liderazgo desde las instituciones europeas es ocupado por el eje franco-alemán, cada vez más dominado por Berlín gracias al empuje económico alemán, mientras que París se ve forzado a asumir un creciente papel de acompañante para mantener su influencia en la UE.

Los demás líderes de los Veintisiete, demasiado absortos por sus problemas internos nacionales y sus intereses políticos concentrados en el corto plazo, facilitan la consolidación del papel del eje franco-alemán como recuperado motor de la integración europea.

A pesar de estas debilidades, las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis financiera pueden convertirse en la base de un renacer europeo a partir de la zona euro mediante un reforzamiento económico, el cual abriría la posibilidad futura de una mayor integración política en otros ámbitos.

Aunque la titubeante actitud de Berlín agravó hace un año la crisis griega, la cancillera alemana, Angela Merkel, parece haber aprendido la lección y ahora promueve una mayor integración dentro de la zona euro a través del denominado «pacto de competitividad».

Este semestre se estrenará en la zona euro un control previo colectivo de los borradores de presupuestos nacionales y de los planes de reformas económicas de los países y un control reforzado del déficit público con sanciones semiautomáticas, lo que supone un salto cualitativo hacia un gobierno económico.

Si a ello se suma, como defienden Berlín y París, una mayor convergencia de las políticas laborales, sociales y tributarias, acompañada de un fortalecido fondo financiero de rescate de países en apuros, se estaría avanzado decididamente hacia un resurgimiento europeo a partir de núcleo clave de la zona euro.

Europa ve peligros en lugar de oportunidades en la revuelta árabe

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen

La excesiva preocupación por los peligros y riesgos de la revuelta árabe en Egipto y Túnez hace que Europa y Estados Unidos subestimen u olviden las enormes oportunidades de democratización, desarrollo socioeconómico y estabilidad que puede aportar a la región y a la política internacional.

La Unión Europea (UE) y EEUU se han acostumbrado desde los tiempos de la guerra fría a primar la estabilidad y la fidelidad de los regímenes políticos sobre la democracia, la libertad y el bienestar de los ciudadanos de estos estados denominados amigos.

A pesar de las reiteradas declaraciones a favor de la democracia y el respeto de los derechos humanos, tanto la UE como EEUU han apoyado y sostenido abiertamente a regímenes autoritarios, que violaban impunemente esos principios cotidianamente, pero que eran fieles a la estrategia occidental internacional.

El régimen del depuesto presidente tunecico, Zine El Abidine Ben Ali, que gobernó con mano de hierro el país durante más de 20 años es un ejemplo clamoroso, ya que contó con el respaldo europeo hasta que se descubrió que ya había abandonado el país.

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, es otro ejemplo de ello, con casi 30 años como fiel aliado europeo y norteamericano, a pesar de sus reiterados fraudes electorales, de su implacable represión y de la escandalosa corrupción del régimen.

La timorata y titubeante actitud de la diplomacia europea ante la rebelión popular egipcia demuestra que, una vez más, el temor a la inestabilidad o a la simple posibilidad de llegada de los islamistas al poder prima sobre la voluntad democratizadora de la población y corre el riesgo de malograr una oportunidad histórica.

Turquía, pese a sus defectos, es el único estado democrático de población musulmana. La democratización de Egipto tendría un efecto dominó en toda la región, pero los estados democráticos no suelen seguir el dictado de las potencias extranjeras, sino el de su población, y eso es lo que parece preocupar más a las cancillerías europeas.

Por ello, los líderes europeos han evitado pedir a Mubarak que abandone el poder, refugiándose  en la excusa fácil de que la UE no debe injerirse en los asuntos de otros estados. La cancillera alemana, Angela Merkel, probablemente influenciada por los temores israelíes, ha defendido avanzar con “orden y prudencia” en la transición política egipcia. Y el enviado especial norteamericano, Frank Wisner, ha declarado incluso que Mubarak es necesario para pilotar la transición, a pesar de que es obvio que el presidente egipcio está maniobrando para esa transición sea más aparente que real.

Tanto la UE como EEUU dan la impresión de querer repetir los errores políticos cometidos en los territorios palestinos en enero del 2006, cuando Hamas ganó limpiamente las elecciones al Parlamento Palestino. En lugar, de trabajar con esa realidad fruto de la voluntad popular, la UE interrumpió la ayuda financiera a la Administración palestina y condenó a los territorios palestinos al caos político y a toda la región mediterránea a una mayor inestabilidad y violencia.  

La falta de apoyo decidido de la UE a la población egipcia que desafía al régimen autoritario puede conducir a la sofocación o asfixia de la revuelta y reforzar aún más a los grupos islamistas, como los Hermanos Musulmanes, que aparecerán como únicos dispuestos a luchar por un verdadero cambio de régimen y defender los intereses de la población, el escenario que precisamente quieren evitar la UE y EEUU.

En una nueva muestra de esa actitud, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha advertido precisamente hoy que la revuelta árabe puede tener “un impacto negativo en Europa”, porque puede incrementar la inestabilidad en la región e incrementar los flujos de inmigración ilegal hacia la UE, y ha prevenido a los gobiernos que no pueden seguir recortando los presupuestos de defensa, porque el futuro puede ser peligroso.

La UE deja ejecutar a uno de sus ciudadanos en Irán

Ejecuciones en Irán en septiembre del 2007

La Unión Europea (UE) ha dejado ejecutar en Irán a uno de sus ciudadanos sin haber hecho nada efectivo para evitarlo y ahora se limita a reiterar sus habituales e ineficaces condenas políticas. La ciudadana holandesa de origen iraní Sarah Bahrami, detenida en diciembre del 2009 durante las manifestaciones contra la reelección del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, fue ahorcada el pasado 29 de enero en Teherán.

La mujer de 46 años, nacida en Irán, y nacionalidad holandesa, fue condenada a muerte el pasado 2 de enero, tras una farsa de juicio sin la más mínima garantía, en el que se le negó toda asistencia consular y tras haber sido sometida a torturas durante su cautiverio.

El Gobierno iraní que anunció en su momento la detención de Sarah Bahrami por motivos de “seguridad” y por pertenencia a un grupo opositor al régimen, cambió posteriormente la acusación por el sorprendente cargo de tráfico y posesión de drogas.

Las autoridades iraníes alegaron que en un presunto registro en la vivienda donde vivía la detenida se habían hallado 450 gramos de cocaína y 420 gramos de opio y que las investigaciones policiales habían permitido descubrir que había vendido 150 gramos de cocaína, un giro extraño y muy beneficioso para el régimen en el procesamiento de un detenido político.

El Gobierno holandés anunció tras la ejecución que suspendía todos los contactos diplomáticos con el régimen iraní y aseguró que había hecho todo lo posible por evitar la ejecución de su ciudadana.

La 'ministra' europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, emitió la enésima declaración de condena de la UE contra Irán, pero no propuso ninguna medida concreta adicional contra el régimen, ni tampoco explicó qué medidas había adoptado la UE –si es que había adoptado alguna-- para proteger a uno de sus ciudadanos tras su detención en diciembre del 2009.

La UE, pese a sus pretensiones de gran potencia mundial, ha sentado un funesto precedente de cara al futuro para la seguridad de los ciudadanos europeos en el extranjero, ya que ha dejado claro que no está dispuesta a actuar de forma decidida frente a régimen autoritario para protegerlos.  

La UE reacciona con retraso en Egipto

La 'ministra' de Asuntos Exteriores de la UE, Catherine Ashton, tras el Consejo de Ministros europeo.

Al igual que ocurrió con la reciente revuelta popular en Túnez, la Unión Europea (UE) está reaccionando con retraso a las reivindicaciones democráticas de la población egipcia y sólo ha reclamado hoy el inicio de una transición democrática después de que Estados Unidos lo hiciera la víspera.

Tras respaldar sin fisuras durante décadas al régimen autoritario egipcio y de soslayar sus reiteradas y masivas violaciones de los derechos humanos, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han urgido a las autoridades egipcias a «iniciar un diálogo serio y amplio con todas las fuerzas políticas» para abrir un proceso de transición democrática «ordenado», que prepare la vía para «unas elecciones libres y limpias».

La UE ha apoyado al presidente egipcio Hosni Mubarak como baluarte frente al temor islamista sin importarle que el precio fuera la opresión y represión durante décadas de la población egipcia y sin darse cuenta que con su comportamiento ciego fomentaba precisamente el avance de los islamistas, transformados en la única oposición efectiva al régimen autoritario..

Ahora la UE afirma reconocer “las aspiraciones democráticas legítimas y las reivindicaciones de la población egipcia” y reclama que sean respondidas con “medias urgentes, concretas y decisivas”.

Pero el temor a un vacío de poder en Egipto ha impuesto en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE las tesis defendidas por Francia y Gran Bretaña y los Veintisiete se han abstenido de pedir a Mubarak que abandone el poder. No hay que olvidar que Mubarak copreside junto al presidente francés, Nicolas Sarkozy, la paralizada Unión para el Mediterráneo, símbolo máximo de la política mediterránea europea.

La UE, que respaldó hasta el último segundo al depuesto presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali, ahora corre el riesgo de seguir apuntalando un nuevo cadáver político, y de retrasar y limitar la amplitud de la reforma democrática, algo que en realidad nunca ha promovido en la práctica en Egipto, a pesar de sus reiteradas declaraciones políticas a favor de la democracia y los derechos humanos.

Mientras la UE no adoptó ninguna medida sancionadora contra el fraude masivo y la represión generalizada en las elecciones legislativas egipcias de noviembre y diciembre del 2010, los Veintisiete han adoptado hoy una amplia serie de sanciones con el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, por el fraude electoral y la represión de la oposición en las pasadas elecciones del pasado mes de diciembre. Ese doble rasero debilita la credibilidad internacional de la UE y su capacidad efectiva de influir políticamente en el mundo. 

La UE recibe bien a los tiranos

Protesta de la International Federation for Human Rights (FIDH) a la entrada de la Comisión Europea contra la visita de presidente uzbeko, Islom Karimov.

A pesar de las declaraciones grandilocuentes de la Unión Europea (UE) a favor del respeto de los derechos humanos, la defensa posterior de esos principios en la práctica queda reducida a poca cosa y los dirigentes europeos se distinguen por recibir bien a los tiranos del resto del mundo.

Un ejemplo claro de ello es la reciente buena acogida por parte del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, esta semana en Bruselas al presidente de Uzbekistán, Islom Karimov, considerado como uno de los mayores violadores de derechos humanos del mundo por las organizaciones humanitarias.

Otros ejemplos próximos son el respaldo de la UE y sus estados miembros hasta el último segundo al depuesto presidente tunecino, Zine El Abidine Ben Ali, pese al marcado carácter represivo de su régimen o la complacencia europea con el régimen también especialmente autoritario del coronel libio Muammar Gaddafi.

La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado precisamente estos días que los gobiernos europeos y la UE “tratan con guantes de seda a los violadores de derechos humanos” y que “el apoyo ritual al diálogo y a la cooperación con los gobiernos represivos es con demasiada frecuencia una excusa para no hacer nada acerca de los derechos humanos”.

"La UE --ha recordado Human Rights Watch-- levantó las sanciones impuestas a Uzbekistán después de que las fuerzas de seguridad masacraran a cientos de personas en el 2005 en la ciudad de Andiján, a pesar de que el Gobierno uzbeko no tomó ninguna medida para cumplir con ninguno de los criterios exigidos por la UE para levantar esta clase de sanciones".

“Incluso cuando la UE emite un comunicado sobre su preocupación por un tema de derechos humanos, a menudo no está respaldado por una amplia estrategia de acción para presionar a favor del cambio”, ha criticado Human Rights Watch al presentar su informe anual (versión completa inglesa y versión resumida en español).

Human Rights Watch lamenta que la UE y Estados Unidos sólo se muestran firmes con los gobiernos de países donde no tienen intereses económicos significativos, como ocurre actualmente el en caso de Corea del Norte, Irán o Zimbawe.

Con esta actitud, la UE corre el riesgo de generar un sentimiento de hostilidad entre la población de esos países con regímenes represivos y de comprometer su capacidad de influencia política futura en ellos una vez esa población logre desembarazarse del tirano, como está ocurriendo en Túnez.