El Blog de Eliseo Oliveras sobre política internacional. Una mirada crítica y sin compromisos desde la capital de Europa sobre las claves, el funcionamiento y los entresijos de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de sus estados miembros.
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La UE reniega de sus valores y Dinamarca legaliza expoliar a los refugiados

La crisis de los refugiados ha revelado que la mayoría de los gobiernos no aplican los principios en que se basa la Unión Europea (UE), como el derecho de asilo y la solidaridad entre sus miembros. La crisis también ha mostrado el lado más oscuro de la UE, del cual el proyecto danés para expoliar a los refugiados es su última y terrible expresión.

La coalición que sostiene al Gobierno conservador danés de Lars Lokke Rasmussen y el partido socialdemócrata en la oposición han pactado aprobar el 26 de enero una reforma de la ley de extranjería que permitirá a la policía confiscar a los refugiados el dinero y los bienes por valor superior a 1.340 euros, salvo los de "especial valor sentimental", como anillos de boda y medallas. La reforma también permitirá detener a los refugiados y restringir la reunificación familiar.

El Gobierno danés sostiene que la medida ayudará a costear el gasto de mantener a los refugiados y desincentivará que sigan llegando al país. Aunque Dinamarca es uno de los países de la UE que más refugiados recibió el año pasado (21.000), no es el que ha acogido más, ni en términos absolutos, ni relativos. Finlandia recibió 32.400; Austria, 90.000; Suecia, 163.000 y Alemania 1,09 millones y ninguno de ellos ha optado por esta vía que recuerda las confiscaciones nazis a los judíos.

La actual legislación danesa ya contempla en su artículo 42 que se puedan denegar subsidios a los refugiados que dispongan de medios económicos, como recordó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La legislación actual danesa también prevé que si la policía comprueba que el refugiado dispone de medios adecuados puede ser obligado a costear la subsistencia de su familia mientras dura el trámite de la demanda de asilo. Por lo que la agencia de las Naciones Unidas considera absolutamente injustificada la reforma.

Además del carácter inhumano de la confiscación, el ACNUR señaló por escrito al Gobierno danés que la medida viola la Convención de Ginebra, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la Declración Universal de los Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El organismo de Naciones Unidas advirtió que crea un pésimo precedente que estimulará la xenophobia y medidas similares en otros países. Pero el Gobierno y el partido socialdemócrata hicieron caso omiso a la petición de retirar la reforma e iniciaron el 13 de enero su tramitación parlamentaria.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, se ha sumado a las críticas y ha calificado las medidas de "atentado a la dignidad humana", además de violar el derecho a la propiedad. La Comisión Europea, por su parte, se ha mostrado muy tímida y el vicepresidente Frans Timmermans solo indicó que "estudiará la ley una vez haya sido adoptada".

El plan danés de expolio a los refugiados evidencia las funestas consecuencias del auge de la extrema derecha, ya que uno de los impulsores de la iniciativa es del extremista Partido Popular Danés (DF), de cuyos votos depende la supervivencia de la coalición gubernamental.

La tibieza de la Comisión Europea y los líderes europeos con la extrema derecha y su claudicación al aceptar del 2000 al 2005 que el Partido de la Libertad (FPO) de Jörg Haider participara en el Gobierno democristiano de Wolfgang Schüssel en Austria dio legitimidad a este tipo de partidos.

Esa laxitud otorgó a la extrema derecha un rango de normalidad y respetabilidad, lo que ha facilitado su éxito electoral en la UE y que se instalen gobiernos autoritarios primero en Hungría y ahora en Polonia. No sólo el Gobierno danés depende de los votos de la extrema derecha en la sombra, sino que ésta forma parte del Gobierno de Finlandia con cuatro ministros del Partido de los Finlandeses.

La falta de solidaridad de la mayoría de los estados con los más afectados por la ola de refugiados somete a la UE a una presión fracturadora. La mayoría de los gobiernos se han negado a compartir equitativamente la carga de los refugiados llegados a Grecia y a Italia y aliviar la presión sobre los cinco países con más demandas de asilo.

El pacto con fórceps para redistribuir 160.000 refugiados entre los países de la UE es papel mojado, ya que solo se han recolocado 272, admitió el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos. España solo ha acogido 18; Francia, 19; y Holanda y Gran Bretaña, ninguno.


Los países del Este tampoco han aceptado a ninguno de los que les correspondía en el reparto, salvo 4 en Lituania. En los primeros 15 días de enero ya han llegado más de 23.000 nuevos refugiados a Grecia pese al invierno y los pactos con Turquía para impeder la llegada a Europa de demandantes de asilo. La falta de solidaridad entre los países europeos y la ficción de creer que se puede detener la ola migratoria están hundiendo a la UE.

Una versión más corta se publicó en EL PERIÓDICO el 15 de enero de 2016

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/expolio-danes-los-refugiados-4819409

Un Chipre en quiebra asume la gestión semestral de la UE


El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, durante la cumbre europea de junio del 2012


Un Chipre en quiebra financiera y dividido territorialmente ha asumido la gestión semestral de la Unión Europea (UE) desde el pasado 1 de julio, lo que obstaculizará el necesario avance urgente en numerosas medidas legislativas que son clave para hacer frente a la crisis de desconfianza hacia la eurozona. Chipre sustituye a Dinamarca, que se ha distinguido precisamente por la eficacia de su mandato semestral europeo. Chipre cuenta con unos 830.000 habitantes y su economía sólo representa el 0,14% del producto interior bruto (PIB) del conjunto de la UE.  

La falta de credibilidad política y la debilidad económica de Chipre constituyen un grave obstáculo para la gestión europea, según han reconocido fuentes diplomáticas. Ésta es la primera vez que un estado que ha pedido el rescate asume la gestión de la UE, con las implicaciones que conlleva que sea un gobierno que ha fracasado económicamente en su país quien dirija precisamente los asuntos europeos.

El propio Gobierno chipriota ha rebajado ya las expectativas de su gestión europea. «Los temas son muy complicados. Vamos a ver qué es posible hacer teniendo en cuenta las dificultades», señaló el viceministro de Asuntos Europeos, Andreas Mavroyiannis, al presentar las prioridades chipriotas para el semestre en Bruselas.

Chipre anunció que aspira a impulsar las negociaciones sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2014-2020, los dos reglamentos que faltan del sistema de gobierno económico, la nueva legislación europea para crear una unión bancaria, la creación de empleo y la mejora de las relaciones con los países vecinos mediterráneos.

El semestre chipriota también tensará aún más las ya conflictivas relaciones con Turquía e impedirá en la práctica un avance en las negociaciones de adhesión de Ankara a la UE. El Gobierno turco ha anunciado que congelará cualquier relación con la UE durante este semestre que tenga pasar por el gobierno chipriota como represalia por la falta de interés de Nicosia en la reunificación de la isla y en la integración de la comunidad turcochipriota del norte de la isla.

Desde el primer día de su mandato, Chipre también parece decidido a intensificar el enfrentamiento con Ankara, ya que en la primera intervención oficial en nombre de la UE, Mavroyiannis acusó al Gobierno turco de “instrumentalizar” la crisis siria para favorecer “su agenda islámica” y expresó su “inquietud” por la actuación de Turquía.
         
La situación es especialmente compleja porque, en paralelo a la petición de ayuda a la UE, Chipre intenta obtener un préstamo financiero alternativo de Rusia o de China para que el Gobierno no quede sometido a las estrictas contrapartidas europeas para la concesión de ayuda. «Es normal que un gobierno intente buscar un préstamo alternativo para no tener que cumplir condiciones estrictas», argumentó Mavroyiannis, en relación a los ajustes y reformas que impondrá la UE por su ayuda. 
         
Chipre ya recurrió el año pasado a Rusia para obtener un préstamo de 2.500 millones de euros que ha evitado hasta ahora la quiebra del país y de su sector bancario. Chipre necesitará ahora una ayuda mínima de 10.000 millones para sanear su banca y evitar la suspensión de pagos del país, según las estimaciones de los expertos. La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó el pasado 2 de julio a Nicosia para analizar la situación.
         
Chipre constituye en la práctica un paraíso fiscal y la punta de lanza de la penetración financiera rusa en la UE, tiene el impuesto de sociedades más bajo de los Veintisiete (10%) y sus bancos históricamente se han caracterizado por ser poco estrictos sobre la procedencia de los fondos de sus clientes.