El Gobierno no se aclara con el déficit

Mariano Rajoy y Angela Merkel en Berlín

El Gobierno de Mariano Rajoy, prisionero de la promesa electoral imposible de cumplir de no subir los impuestos, está dando una alarmante imagen internacional de inseguridad, indecisión y confusión sobre el respeto del compromiso de reducción del déficit público pactado previamente con la Unión Europea (UE). Ésta actitud del Gobierno del PP está provocando un profundo malestar en la Comisión Europea, que teme que reactive la desconfianza en la deuda pública de la zona euro y que agrave la crisis financiera precisamente ahora que los mercados se habían tranquilizado y los tipos de interés comenzaban a ceder.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el primero en insinuar que el Gobierno aspira a que la Comisión Europea le autorice a suavizar el objetivo de reducción del déficit público para este año y le permita un déficit superior al 4,4% del producto interior bruto (PIB) al que se había comprometido previamente España. Montoro justificó la necesidad de esa revisión por el empeoramiento de la situación económica y la posible recesión que sufrirá este año España.

La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, desmintió inmediatamente el 20 de enero que el Ejecutivo se planteara revisar el objetivo de déficit. Pero Montoro volvió a la carga el 22 de enero con nuevas declaraciones en las que indicaba claramente que pretendía negociar con la Comisión Europea un objetivo de déficit más alto y menos ambicioso.

El ministro de Economía, Luís de Guindos, declaró el 23 y 24 de enero en Bruselas que el Gobierno no tenía intención de modificar “de momento” el objetivo de déficit público, pero mantuvo la ambigüedad al enfatizar una y otra vez “en estos momentos”. Sin embargo, De Guindos al día siguiente reconoció claramente que el Gobierno aspiraba a negociar con la Comisión Europea una reducción del déficit menor de la prevista por la difícil situación económica.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó el 26 de enero en Madrid que esas eran los planes del Gobierno. Pero después no se atrevió a plantear esa posibilidad durante la reunión que ha mantenido con la cancillera alemana, Angela Merkel.

La Comisión Europea ya ha advertido en tres ocasiones esta semana a España que es “esencial” que cumpla escrupulosamente los objetivos de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en el 2012 y al 3% en el 2013, porque se enfrenta a una “crisis de confianza” y “lo más importante en estos momentos es recuperar la credibilidad”.

El Ejecutivo comunitario está especialmente molesto de que De Guindos ocultara al Eurogrupo cuáles eran las intenciones reales del Gobierno. La Comisión Europea tampoco está satisfecha con la excusa de que el déficit público del 2011 fue superior en 2 puntos al 6% previsto, porque la desviación no fue culpa del Gobierno anterior, sino fundamentalmente del descontrol de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales están gobernadas por el PP.

Esta ceremonia de la confusión que está creando el Gobierno puede echar por tierra la credibilidad que tan duramente ha recuperado España en los mercados internacionales. Los tipos de interés de la deuda española han bajado gracias a la inyección masiva de liquidez al sector financiero realizada por el Banco Central Europeo (BCE) que está promoviendo la compra de deuda pública europea por parte de los bancos. Pero esta tregua podría acabarse bruscamente si el Gobierno no define claramente sus objetivos. “Así es como se va a un rescate”, comentaron fuentes comunitarias. La advertencia no puede ser más clara. 

Polonia arranca su mandato europeo con polémica

Donald Tusk, primer ministro polaco 

Polonia ha asumido hoy 1 de julio la responsabilidad de la gestión semestral de la Unión Europea (UE) con una polémica con sus socios miembros de la zona euro al pretender exigir en las reuniones ministeriales del Eurogrupo sin formar parte de la moneda común europea.

Tras tensas discusiones y sin amedrentarse por las primeras negativas, Polonia ha logrado ser invitada a asistir a las reuniones de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, en lo que constituye su primer éxito en el objetivo de ser considerado como uno de los grandes estados de la UE.

Polonia se ha fijado precisamente como principal objetivo de su gestión semestral europea el incrementar el status y la influencia política del país entre sus socios europeos y contrarrestar el actual dominio del eje franco-alemán mediante un reforzamiento de la propia UE y de sus instituciones.

«Es de crucial importancia que durante el mandato incrementemos el status de Polonia como país que es altamente valorado en los debates internos de la UE», ha destacado el primer ministro polaco, Donald Tusk, ante el Parlamento.

Además de reforzar el peso político de Polonia en la UE, Tusk aspira a que el mandato europeo impulse la victoria de su partido centrista Plataforma Cívica (PO) en las elecciones legislativas convocadas precisamente en octubre, a mitad del semestre.

Ante la actual delicada coyuntura creada por la crisis financiera griega y respaldada por un envidiable crecimiento de casi el 4%, Polonia quiere priorizar una rápida expansión económica en la UE mediante un acuerdo final sobre la supervisión económica, el impulso del mercado electrónico y la patente europea (a la que se opone España).

La segunda gran prioridad de Polonia durante este semestre es revitalizar el proceso de ampliación de la UE, con la firma del tratado de adhesión de Croacia, el inicio de las negociaciones de adhesión con Serbia y la finalización del Acuerdo Asociación y de Libre Comercio entre la UE y su vecina Ucrania.

Una «Europa segura» es el tercer gran objetivo polaco, con el desarrollo de una política exterior energética que garantice y diversifique los suministros, con la mejora del control de las fronteras exteriores frente a la inmigración y con una colaboración más estrecha en materia de defensa entre la UE y la OTAN.

La impronta que quiere dejar Polonia en la UE está simbolizada en un vídeo de promoción en el que se ve a una joven, triste y sola, que representa a la UE, sentada en un banco en una ciudad desierta, que recuerda el barrio de las instituciones europeas de Bruselas. Un joven con una camisa con los colores blanco y rojo de la bandera polaca, se acerca y la saca a bailar, devolviéndole la sonrisa.

Polonia sustituye a Hungría, que durante el primer semestre del año ha gestionado de forma discreta la UE y sin la gloria a la que aspiraba el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Su mayor éxito ha sido concluir las negociaciones de adhesión de Croacia el 30 de junio y su labor ha estado ensombrecida por las restricciones a la libertad de información en la polémica ley de prensa húngara y por la controvertida reforma de la constitución.  

Trichet quiere un superministro europeo de Finanzas

Los países de la zona euro deberían crear en el futuro el puesto de ministro europeo de Finanzas para reforzar la eficacia y la cohesión del gobierno económico colectivo, ha propuesto hoy el presidente del Banco Central Europea (BCE), Jean-Cladue Trichet, en su discurso de aceptación del Premio Carlomagno de este año.

Jean-Claude Trichet, presidente del BCE

Trichet también ha planteado que los países en apuros que no sean capaces de realizar los planes de ajuste y reformas previstos en los programas de rescate financiero pasen a ser gobernados directamente en materia económica por sus socios europeos.

“En la Unión Europea (UE) que tendremos mañana, o pasado mañana, habrá evidentemente un mercado único, una moneda única y una banco central único. ¿Sería una idea demasiado aventurada de plantearse en el plano económico, un ministro de Finanzas de la UE?”, se ha preguntado Trichet en el acto solemne celebrado en Aquisgrán (Alemania).

El papel de este futuro ministro europeo de Finanzas, más que gestionar un presupuesto europeo importante, sería ejercer directamente la supervisión de las políticas presupuestarias y de competitividad de los países de la zona euro, la responsabilidad del sistema financiero integrado europeo y la representación política de la UE en las instituciones financieras internacionales, ha explicado  Trichet, que abandonará la presidencia del BCE a finales de octubre.

Entre las tareas del futuro ministro europeo de Finanzas estaría también la de asumir el gobierno económico directo del país en apuros que no aplique las reformas y ajustes previstos, ha añadido Trichet.

En una velada referencia a las resistencias de Grecia a aplicar las medidas exigidas por sus socios, Trichet ha recordado que el sistema actual prevé que en los países bajo tutela las decisiones sigan correspondiendo al Gobierno nacional, «incluso cuando las recomendaciones no son aplicadas y eso engendra problemas graves a los demás países».

En ese caso, ha indicado Trichet, el Eurogrupo, a propuesta de la Comisión Europea y en colaboración con el BCE, debería poder aplicar las decisiones económicas directamente en ese país recalcitrante. Ese poder de gobierno directo debería permitir vetar decisiones clave en materia económica y presupuestaria, e incluso nombramientos, así como una plena capacidad para  actuar sobre “los factores determinantes de la competitividad del país”, ha precisado Trichet.

¿Hasta dónde pueden llegar los ajustes?

Grecia se prepara para dar otra vuelta de tuerca a su draconiano plan de ajuste. Los políticos portugueses, por su parte, intentan mantener a la población en la ignorancia de las duras medidas y los dolorosos sacrificios que les esperan después de las elecciones, y la población irlandesa, cohesionada por su nacionalismo, parece resignada a pagar con sus sacrificios el enriquecimiento previo y descontrolado de los promotores inmobiliarios y los banqueros, bendecido hasta la crisis por sus políticos nacionales.

Incluso en otros países que no están intervenidos por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como España, nuevos recortes en los derechos y prestaciones sociales y nuevas injusticias económicas esperan a la vuelta de la esquina.

El comisario de Economía, Olli Rehn, y el presidente del Eurogrupo

¿Hasta dónde pueden llegar los ajustes sin que se produzca un estallido político-social? ¿Hasta dónde se puede imponer sacrificios a la población asalariada que no es responsable de la crisis, que no cobra bonificaciones escandalosas, ni los sueldos de vértigo de los ejecutivos y que no se enriqueció con la burbuja inmobiliaria, ni con contratos públicos poco claros?

El propio comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en una entrevista en El Periódico el pasado mes de abril reconoció que “el reparto de sacrificios para salir de la crisis es injusto”.

Hasta ahora los sacrificios y ajustes se han concentrado exclusivamente en los trabajadores y las capas populares de la población, mientras la distancia entre los sueldos medios y los de los ejecutivos no paran de crecer a un ritmo vertiginoso y los gobiernos no adoptan ninguna medida, ni parecen escandalizarse por la exhibición sin pudor de esos salarios supermillonarios, ni por el reparto de las primas de cientos de millones de euros entre los banqueros.

¿Por qué no se ha abierto expediente, salvo en casos excepcionalísimos, a ninguno de los directivos de bancos y cajas responsables de la crisis financiera en España o en los otros países europeos donde los Gobiernos han tenido que intervenir para evitar quiebras bancarias en cadena?

¿Por qué en lugar de una penalización, al menos financiera, esos directivos siguen en sus puestos en las entidades fusionadas, se han ido con suculentas indemnizaciones en el bolsillo o se han recolocado en otras actividades?   

¿Por qué no se ha emprendido ninguna acción judicial desde Europa contra las agencias de calificación (rating) por haber avalado con la máxima solvencia productos financieros que no valían nada, esas mismas agencias que ahora se esfuerzan por intentar hundir la cotización de la deuda pública de los países europeos?

¿Por qué los responsables de la supervisión bancaria, como el gobernador del Banco de España, que no hicieron nada para detener la burbuja inmobiliaria-financiera --como ha dejado en evidencia informes de la Comisión Europea-- sólo parecen interesados en recortar los derechos de los trabajadores?

¿Por qué debe tributar más trabajar ocho horas cada día que los rendimientos del capital? ¿Por qué el peso del impuesto sobre la renta recae sobre los asalariados, mientras que la clase acomodada, incluidos los promotores inmobiliarios, en España, Francia, Italia y otros países escapa a la tributación a través de las denominadas sociedades de inversión de capital variable (Sicav)? En España ni siquiera la Agencia Tributaria puede investigar esas sociedades Sicav si no es con una autorización previa difícil de obtener de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Por qué se permite a las entidades financieras, que han podido superar la crisis gracias a las ingentes ayudas públicas (y, por tanto, las contribuciones de todos los ciudadanos), que se queden con el piso de las personas que no pueden pagar la hipoteca a la mitad de su valor y además sin dejar zanjada siquiera la deuda?

Los interrogantes de los ciudadanos son tantos, que harían falta muchas páginas para enumerarlos. Pero la respuesta de los gobiernos europeos, del Eurogrupo y de la Comisión Europea sólo parece una: ajuste, ajuste y más ajuste, a costa de los más débiles.

El coste social de los planes de ajuste en la zona euro

Grecia, Irlanda y ahora Portugal, además de tener que pagar un tipo de interés elevado por el rescate financiero europeo, han tenido que imponer unos draconianos sacrificios económicos a su población para sanear sus cuentas públicas y reformar sus economías. Esos sacrificios constituyen una contrapartida ineludible para obtener y seguir recibiendo la ayuda financiera europea, pero están hundiendo a esos países en la recesión y generan unas tensiones sociales enormes.

El comisario de Economía Olli Rehn con los ministros de Portugal y Grecia

El ajuste adopta en la práctica la forma de congelación o reducción de los salarios de los empleados públicos, de recortes en el seguro de paro, de reducción de las pensiones, de rebaja de los fondos destinados a educación y sanidad y de aumento de los impuestos sobre el consumo, con el consiguiente encarecimiento de precios y de una mayor dificultad de los hogares para llegar a fin de mes.

El peso de esos enormes sacrificios económicos recae fundamentalmente sobre los trabajadores y las capas populares de la población que no han tenido ninguna responsabilidad en la crisis de sus respectivos países. Los ajustes presupuestarios van acompañados además de importantes reformas económicas y laborales y de programas masivos de privatizaciones de las empresas públicas.

Grecia
Grecia, cuyos anteriores gobiernos conservadores habían manipulado las cuentas públicas para ocultar a sus socios el déficit público galopante, fue el primer país a quien se impuso un programa de ajuste draconiano, que ha servido de modelo para Irlanda y Portugal. El hecho de que el Gobierno griego hubiera mentido deliberadamente a sus socios durante una década sobre sus cuentas públicas facilitó que a los demás países de la zona euro no les temblara el pulso al exigir un ajuste durísimo, que ha hundido al país en una profunda recesión.

Los empleados públicos griegos tendrán el sueldo congelado durante tres años y sus pagas extra serán recortadas o suprimidas en función del sueldo. La edad de jubilación se ha retrasado hasta los 65 años, el cálculo de la pensión se realizará en función de toda la vida laboral y el importe de las pensiones baja por el recorte de las pagas extras.

Grecia ha aumentado el tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 23% y ha incrementado en 10 puntos porcentuales los impuestos sobre los combustibles, el tabaco y las bebidas alcohólicas.

Irlanda
La crisis financiera irlandesa ha estado provocado por la quiebra del sistema bancario nacional por sus especulaciones inmobiliarias, la nula supervisión gubernamental y la estrecha connivencia de los políticos con el sector inmobiliario y bancario. Los bancos se han mantenido a flote a cambio de sucesivas inyecciones multimillonarias de fondos públicos y el conjunto del país ha tenido que asumir unos sacrificios inmensos, ya que el déficit público supera  la astronómica cifra del 32% del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno suprimirá el 7% de los empleos públicos y reducirá aproximadamente en un 14% el sueldo de los funcionarios. El salario mínimo nacional se ha recortado el 10% y la duración y el importe del seguro de paro también se reduce.

La edad de jubilación subirá a 66 años en el 2014 y posteriormente de forma escalonada hasta los 68 años en el 2028. El cálculo de la pensión se endurece y el importe de las pensiones de más de 12.000 euros anuales se recortará entre el 6% y el 12% y las  de los nuevos jubilados en un 10%.

El impuesto sobre la renta sube a través de la reducción y supresión de deducciones. El tipo del IVA aumentará también de forma escalonada para llegar al 23% en el 2014. Las tasas universitarias se multiplican por cuatro hasta 2.000 euros, se crean nuevos impuestos y se introducirá el pago por el agua doméstica.

Portugal
El ajuste de Portugal sigue la pauta de los dos anteriores, con la reducción del número de empleados públicos,  la congelación de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones hasta el 2013 y el recorte de las pensiones superiores a 1.500 euros. La duración del seguro de desempleo y de sus cuantías máximas también se reducirá.

Los impuestos sobre la renta y sobre sociedades aumentarán por la reducción las deducciones fiscales autorizadas. El IVA subirá sobre numerosos productos que se benefician ahora de un tipo reducido. Los impuestos sobre el tabaco y los automóviles también se incrementarán. El Gobierno asimismo creará un nuevo impuesto sobre el consumo eléctrico y se actualizarán los valores catastrales de los inmuebles, lo que aumentará los impuestos que deberán pagar sus propietarios. La Comisión Europea estima que el ajuste mantendrá a Portugal en una situación de recesión durante dos años.