Subempleo, parados ocultos y costes salariales muy por debajo de la media en España

Los primeros datos de reducción del paro en España, vitoreados por el Gobierno de Mariano Rajoy, resultan engañosos y enmascaran que el 9,2% del empleo existente en el país es en realidad un subempleo a tiempo parcial y que existen 1,14 millores de parados ocultos, como reveló ayer un estudio presentado por Eurostat, el organismo de estadísticas europeas.

Los últimos datos comparativos sobre los costes horarios de la mano de obra en el 2013 en los distintos países de la Unión Europea (UE)  también muestran que en España (21,1 euros) se encuentran muy por debajo de la media de la eurozona (28,2 euros) y, por tanto, no puede considerarse que los salarios sean un problema para la competitividad de las empresas y de la economía españolas.

España tenía en el 2013 más de 1,5 millones de personas trabajando a tiempo parcial que deseaban trabajar a tiempo completo. El porcentaje de ese subempleo en España (9,2%) es el doble de la media de la UE (4,6%) y de la eurozona (4,9%), precisa el estudio de Eurostat.

España es precisamente el tercer país de la UE con mayor porcentaje de subempleo entre las personas que trabajan sólo a tiempo parcial, ya que el 57,4% desearía trabajar a tiempo completo y se conforma con ese subempleo para evitar el paro. Los únicos países dentro de la UE y de la eurozona con unos porcentajes superiores de subempleo en tiempo parcial son Grecia (72%) y Chipre (59%).

Las estadísticas oficiales cifran el número de desempleados en España en 5,755 millones en febrero (cifras corregidas de variaciones estacionales), el 25,6% de la población activa y más del doble de la media de la eurozona (11,9%), según los últimos datos comparativos de Eurosat. 

Más allá de esas cifras oficiales de paro, Eurostat destacó que en España existen 1,14 millones de personas que desearían trabajar, pero que ya han dejado de buscar empleo activamente y que ya no se las considera en situación de paro, por lo que ya han sido excluidos de las estadísticas oficiales de desempleados. Estas personas equivalen al 4,9% de la población activa española, según los datos Eurostat. Por ello, deben tomarse con cautela la reducción del número de parados en unas 315.000 personas que arrojan los datos de Eurosat en los últimos doce meses (corregidos de efectos estacionales).

Los costes horarios de la mano de obra en España en el sector privado tampoco justifican las elevadas tasas de paro existentes en el país, ya que son  inferiores en un 47% a los de Suecia, en un 45% a los de Bélgica y Dinamarca, en un 39% a los de Francia, en un 36% a los de Holanda, en un 33% a los de Alemania, Austria y Finlandia, en un 27% a los de Irlanda y en un 25% a los de Italia, por citar algunos ejemplos, según los datos de Eurostat del 2013.

El empobrecimiento de los trabajadores vía reducciones de salarios —la denominada devaluación interna que tanto mencionan los políticos y que sólo se aplica a los empleados, no a los ejecutivos— está bloqueando una salida robusta de la crisis económica, ya que el consumo público y privado son insuficientes para sostener la recuperación y la base industrial española es demasiado pequeña para sostener un crecimiento del producto interior bruto (PIB) solamente con las exportaciones.

(Una versión más corta se publicó en El Periódico el 11 de abril de 2014)

¿Hasta dónde pueden llegar los ajustes?

Grecia se prepara para dar otra vuelta de tuerca a su draconiano plan de ajuste. Los políticos portugueses, por su parte, intentan mantener a la población en la ignorancia de las duras medidas y los dolorosos sacrificios que les esperan después de las elecciones, y la población irlandesa, cohesionada por su nacionalismo, parece resignada a pagar con sus sacrificios el enriquecimiento previo y descontrolado de los promotores inmobiliarios y los banqueros, bendecido hasta la crisis por sus políticos nacionales.

Incluso en otros países que no están intervenidos por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como España, nuevos recortes en los derechos y prestaciones sociales y nuevas injusticias económicas esperan a la vuelta de la esquina.

El comisario de Economía, Olli Rehn, y el presidente del Eurogrupo

¿Hasta dónde pueden llegar los ajustes sin que se produzca un estallido político-social? ¿Hasta dónde se puede imponer sacrificios a la población asalariada que no es responsable de la crisis, que no cobra bonificaciones escandalosas, ni los sueldos de vértigo de los ejecutivos y que no se enriqueció con la burbuja inmobiliaria, ni con contratos públicos poco claros?

El propio comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en una entrevista en El Periódico el pasado mes de abril reconoció que “el reparto de sacrificios para salir de la crisis es injusto”.

Hasta ahora los sacrificios y ajustes se han concentrado exclusivamente en los trabajadores y las capas populares de la población, mientras la distancia entre los sueldos medios y los de los ejecutivos no paran de crecer a un ritmo vertiginoso y los gobiernos no adoptan ninguna medida, ni parecen escandalizarse por la exhibición sin pudor de esos salarios supermillonarios, ni por el reparto de las primas de cientos de millones de euros entre los banqueros.

¿Por qué no se ha abierto expediente, salvo en casos excepcionalísimos, a ninguno de los directivos de bancos y cajas responsables de la crisis financiera en España o en los otros países europeos donde los Gobiernos han tenido que intervenir para evitar quiebras bancarias en cadena?

¿Por qué en lugar de una penalización, al menos financiera, esos directivos siguen en sus puestos en las entidades fusionadas, se han ido con suculentas indemnizaciones en el bolsillo o se han recolocado en otras actividades?   

¿Por qué no se ha emprendido ninguna acción judicial desde Europa contra las agencias de calificación (rating) por haber avalado con la máxima solvencia productos financieros que no valían nada, esas mismas agencias que ahora se esfuerzan por intentar hundir la cotización de la deuda pública de los países europeos?

¿Por qué los responsables de la supervisión bancaria, como el gobernador del Banco de España, que no hicieron nada para detener la burbuja inmobiliaria-financiera --como ha dejado en evidencia informes de la Comisión Europea-- sólo parecen interesados en recortar los derechos de los trabajadores?

¿Por qué debe tributar más trabajar ocho horas cada día que los rendimientos del capital? ¿Por qué el peso del impuesto sobre la renta recae sobre los asalariados, mientras que la clase acomodada, incluidos los promotores inmobiliarios, en España, Francia, Italia y otros países escapa a la tributación a través de las denominadas sociedades de inversión de capital variable (Sicav)? En España ni siquiera la Agencia Tributaria puede investigar esas sociedades Sicav si no es con una autorización previa difícil de obtener de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Por qué se permite a las entidades financieras, que han podido superar la crisis gracias a las ingentes ayudas públicas (y, por tanto, las contribuciones de todos los ciudadanos), que se queden con el piso de las personas que no pueden pagar la hipoteca a la mitad de su valor y además sin dejar zanjada siquiera la deuda?

Los interrogantes de los ciudadanos son tantos, que harían falta muchas páginas para enumerarlos. Pero la respuesta de los gobiernos europeos, del Eurogrupo y de la Comisión Europea sólo parece una: ajuste, ajuste y más ajuste, a costa de los más débiles.

El coste social de los planes de ajuste en la zona euro

Grecia, Irlanda y ahora Portugal, además de tener que pagar un tipo de interés elevado por el rescate financiero europeo, han tenido que imponer unos draconianos sacrificios económicos a su población para sanear sus cuentas públicas y reformar sus economías. Esos sacrificios constituyen una contrapartida ineludible para obtener y seguir recibiendo la ayuda financiera europea, pero están hundiendo a esos países en la recesión y generan unas tensiones sociales enormes.

El comisario de Economía Olli Rehn con los ministros de Portugal y Grecia

El ajuste adopta en la práctica la forma de congelación o reducción de los salarios de los empleados públicos, de recortes en el seguro de paro, de reducción de las pensiones, de rebaja de los fondos destinados a educación y sanidad y de aumento de los impuestos sobre el consumo, con el consiguiente encarecimiento de precios y de una mayor dificultad de los hogares para llegar a fin de mes.

El peso de esos enormes sacrificios económicos recae fundamentalmente sobre los trabajadores y las capas populares de la población que no han tenido ninguna responsabilidad en la crisis de sus respectivos países. Los ajustes presupuestarios van acompañados además de importantes reformas económicas y laborales y de programas masivos de privatizaciones de las empresas públicas.

Grecia
Grecia, cuyos anteriores gobiernos conservadores habían manipulado las cuentas públicas para ocultar a sus socios el déficit público galopante, fue el primer país a quien se impuso un programa de ajuste draconiano, que ha servido de modelo para Irlanda y Portugal. El hecho de que el Gobierno griego hubiera mentido deliberadamente a sus socios durante una década sobre sus cuentas públicas facilitó que a los demás países de la zona euro no les temblara el pulso al exigir un ajuste durísimo, que ha hundido al país en una profunda recesión.

Los empleados públicos griegos tendrán el sueldo congelado durante tres años y sus pagas extra serán recortadas o suprimidas en función del sueldo. La edad de jubilación se ha retrasado hasta los 65 años, el cálculo de la pensión se realizará en función de toda la vida laboral y el importe de las pensiones baja por el recorte de las pagas extras.

Grecia ha aumentado el tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 23% y ha incrementado en 10 puntos porcentuales los impuestos sobre los combustibles, el tabaco y las bebidas alcohólicas.

Irlanda
La crisis financiera irlandesa ha estado provocado por la quiebra del sistema bancario nacional por sus especulaciones inmobiliarias, la nula supervisión gubernamental y la estrecha connivencia de los políticos con el sector inmobiliario y bancario. Los bancos se han mantenido a flote a cambio de sucesivas inyecciones multimillonarias de fondos públicos y el conjunto del país ha tenido que asumir unos sacrificios inmensos, ya que el déficit público supera  la astronómica cifra del 32% del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno suprimirá el 7% de los empleos públicos y reducirá aproximadamente en un 14% el sueldo de los funcionarios. El salario mínimo nacional se ha recortado el 10% y la duración y el importe del seguro de paro también se reduce.

La edad de jubilación subirá a 66 años en el 2014 y posteriormente de forma escalonada hasta los 68 años en el 2028. El cálculo de la pensión se endurece y el importe de las pensiones de más de 12.000 euros anuales se recortará entre el 6% y el 12% y las  de los nuevos jubilados en un 10%.

El impuesto sobre la renta sube a través de la reducción y supresión de deducciones. El tipo del IVA aumentará también de forma escalonada para llegar al 23% en el 2014. Las tasas universitarias se multiplican por cuatro hasta 2.000 euros, se crean nuevos impuestos y se introducirá el pago por el agua doméstica.

Portugal
El ajuste de Portugal sigue la pauta de los dos anteriores, con la reducción del número de empleados públicos,  la congelación de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones hasta el 2013 y el recorte de las pensiones superiores a 1.500 euros. La duración del seguro de desempleo y de sus cuantías máximas también se reducirá.

Los impuestos sobre la renta y sobre sociedades aumentarán por la reducción las deducciones fiscales autorizadas. El IVA subirá sobre numerosos productos que se benefician ahora de un tipo reducido. Los impuestos sobre el tabaco y los automóviles también se incrementarán. El Gobierno asimismo creará un nuevo impuesto sobre el consumo eléctrico y se actualizarán los valores catastrales de los inmuebles, lo que aumentará los impuestos que deberán pagar sus propietarios. La Comisión Europea estima que el ajuste mantendrá a Portugal en una situación de recesión durante dos años.