El Blog de Eliseo Oliveras sobre política internacional. Una mirada crítica y sin compromisos desde la capital de Europa sobre las claves, el funcionamiento y los entresijos de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de sus estados miembros.
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El coste social de los planes de ajuste en la zona euro

Grecia, Irlanda y ahora Portugal, además de tener que pagar un tipo de interés elevado por el rescate financiero europeo, han tenido que imponer unos draconianos sacrificios económicos a su población para sanear sus cuentas públicas y reformar sus economías. Esos sacrificios constituyen una contrapartida ineludible para obtener y seguir recibiendo la ayuda financiera europea, pero están hundiendo a esos países en la recesión y generan unas tensiones sociales enormes.

El comisario de Economía Olli Rehn con los ministros de Portugal y Grecia

El ajuste adopta en la práctica la forma de congelación o reducción de los salarios de los empleados públicos, de recortes en el seguro de paro, de reducción de las pensiones, de rebaja de los fondos destinados a educación y sanidad y de aumento de los impuestos sobre el consumo, con el consiguiente encarecimiento de precios y de una mayor dificultad de los hogares para llegar a fin de mes.

El peso de esos enormes sacrificios económicos recae fundamentalmente sobre los trabajadores y las capas populares de la población que no han tenido ninguna responsabilidad en la crisis de sus respectivos países. Los ajustes presupuestarios van acompañados además de importantes reformas económicas y laborales y de programas masivos de privatizaciones de las empresas públicas.

Grecia
Grecia, cuyos anteriores gobiernos conservadores habían manipulado las cuentas públicas para ocultar a sus socios el déficit público galopante, fue el primer país a quien se impuso un programa de ajuste draconiano, que ha servido de modelo para Irlanda y Portugal. El hecho de que el Gobierno griego hubiera mentido deliberadamente a sus socios durante una década sobre sus cuentas públicas facilitó que a los demás países de la zona euro no les temblara el pulso al exigir un ajuste durísimo, que ha hundido al país en una profunda recesión.

Los empleados públicos griegos tendrán el sueldo congelado durante tres años y sus pagas extra serán recortadas o suprimidas en función del sueldo. La edad de jubilación se ha retrasado hasta los 65 años, el cálculo de la pensión se realizará en función de toda la vida laboral y el importe de las pensiones baja por el recorte de las pagas extras.

Grecia ha aumentado el tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 23% y ha incrementado en 10 puntos porcentuales los impuestos sobre los combustibles, el tabaco y las bebidas alcohólicas.

Irlanda
La crisis financiera irlandesa ha estado provocado por la quiebra del sistema bancario nacional por sus especulaciones inmobiliarias, la nula supervisión gubernamental y la estrecha connivencia de los políticos con el sector inmobiliario y bancario. Los bancos se han mantenido a flote a cambio de sucesivas inyecciones multimillonarias de fondos públicos y el conjunto del país ha tenido que asumir unos sacrificios inmensos, ya que el déficit público supera  la astronómica cifra del 32% del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno suprimirá el 7% de los empleos públicos y reducirá aproximadamente en un 14% el sueldo de los funcionarios. El salario mínimo nacional se ha recortado el 10% y la duración y el importe del seguro de paro también se reduce.

La edad de jubilación subirá a 66 años en el 2014 y posteriormente de forma escalonada hasta los 68 años en el 2028. El cálculo de la pensión se endurece y el importe de las pensiones de más de 12.000 euros anuales se recortará entre el 6% y el 12% y las  de los nuevos jubilados en un 10%.

El impuesto sobre la renta sube a través de la reducción y supresión de deducciones. El tipo del IVA aumentará también de forma escalonada para llegar al 23% en el 2014. Las tasas universitarias se multiplican por cuatro hasta 2.000 euros, se crean nuevos impuestos y se introducirá el pago por el agua doméstica.

Portugal
El ajuste de Portugal sigue la pauta de los dos anteriores, con la reducción del número de empleados públicos,  la congelación de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones hasta el 2013 y el recorte de las pensiones superiores a 1.500 euros. La duración del seguro de desempleo y de sus cuantías máximas también se reducirá.

Los impuestos sobre la renta y sobre sociedades aumentarán por la reducción las deducciones fiscales autorizadas. El IVA subirá sobre numerosos productos que se benefician ahora de un tipo reducido. Los impuestos sobre el tabaco y los automóviles también se incrementarán. El Gobierno asimismo creará un nuevo impuesto sobre el consumo eléctrico y se actualizarán los valores catastrales de los inmuebles, lo que aumentará los impuestos que deberán pagar sus propietarios. La Comisión Europea estima que el ajuste mantendrá a Portugal en una situación de recesión durante dos años.

Lecciones de la crisis libia


El ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, y la 'ministra' europea de Asuntos Exteriores, Catherine Aston


La crisis en Libia está lejos de resolverse, pero los casi dos meses transcurridos desde el inicio de la protesta popular contra el régimen autoritario del coronel Muamar Gadafi permiten ya extraer algunas lecciones sobre la estrategia político-militar de la Unión Europea (UE) que pueden ser extrapolables a otras crisis internacionales.

Primero. La diplomacia declarativa no sirve para nada, sólo tranquiliza la conciencia de quien las emite. Las puras declaraciones de condena de la represión del régimen de Gadafi que emitió inicialmente la UE no tuvieron, ni podían tener ningún resultado práctico, porque no iban acompañadas de medidas de presión adecuadas para intentar detener esa represión.

Segundo. Cuando se declara públicamente que un régimen es ilegítimo y ya no puede seguir dirigiendo un país, como hizo posteriormente la UE con Gadafi, hay que estar dispuesto a adoptar de inmediato todas las medidas políticas, económicas e incluso militares necesarias para derribar ese régimen y a apoyar activamente a la oposición de ese país por todos los medios posibles sin escatimar recursos. Si no se está dispuesto o preparado para ello, es mejor entonces no romper las relaciones diplomáticas con ese régimen e intentar influir en el mismo a través de incentivos económicos y políticos.

La UE puso contra el muro al régimen de Gadafi, pero luego no adoptó medidas contundentes adecuadas para empujar su caída. Incluso, la adopción de sanciones económicas se produjo con una enorme lentitud.

Si no hubiera sido por la firmeza de Francia y Gran Bretaña, que se movilizaron para obtener un aval de la ONU para una intervención militar limitada en Libia, las fuerzas de Gadafi hubieran barrido a la población rebelde y hubieran llegado hasta la frontera egipcia. Entonces, la UE hubiera emitido una vez más una declaración de condena inútil, pero Gadafi se habría consolidado en el poder y la revuelta popular habría sido aplastada, lo que a su vez habría enviado una señal demoledora para las esperanzas de democratización en el mundo árabe.

Basta recordar que el primer ataque aéreo francés en Libia el 19 de marzo se produjo para evitar la inminente caída de Benghazi, el último bastión de los rebeldes, después de que las fuerzas de Gadafi hubieran recuperado una tras otra la mayoría de las ciudades rebeldes ante la pasividad de la UE..

Tercero. Cuando se decide una intervención militar, como en el caso actual de Libia, hay tener previamente una estrategia política clara de los objetivos a corto, medio y largo plazo que se quieren obtener y los medios que se está dispuesto a utilizar para ello. Esta estrategia es la gran ausente de la intervención en Libia y explica los vaivenes de las operaciones.

La intervención se ha iniciado oficialmente para proteger a la población civil, pero el objetivo político real debería ser hacer posible el derribo del régimen de Gadafi por su población, ya que la UE y la comunidad internacional no pueden permitirse que se perpetúe en el poder un líder al que se ha decidido acusar de crímenes contra la humanidad y al que el Tribunal Penal Internacional de la ONU está preparado su imputación.

La ausencia de una estrategia clara explica que los ataques de la OTAN no hayan sido más contundentes y no hayan destruido con más intensidad y rapidez las capacidades militares de Gadafi para precipitar su caída. Esta falta de una estrategia elaborada también explica el escaso apoyo político, económico y logístico a los rebeldes. La UE y la OTAN están simplemente reaccionando día a día la evolución de los acontecimientos sobre el terreno sin un plan claro a largo plazo.

Cuarto. La crisis ha demostrado que la ministra europea de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, no es la persona adecuada para este cargo tan importante y en el que se habían puesto tantas esperanzas. En lugar de diseñar y promover una política exterior adecuada para los intereses de la UE y de convencer a cada uno de los 27 países de respaldar esa política, Ashton se ha limitado a convertirse en el portavoz de Exteriores de la desunión de los Veintisiete.

La falta de visión global internacional y geoestratégica, de coraje político y de iniciativa de Ashton quedó patente desde el inicio de la revuelta árabe en Túnez, se agravó en la crisis de Egipto y se ha transformado en un desastre en la actual crisis de Libia. Ashton incluso prefirió enviar una delegación a Trípoli en medio del conflicto en lugar de enviarla a Benghazi.

Ashton ha optado por la actitud pasiva de asumir el mínimo común denominador de la división de los Veintisiete, en lugar de actuar hábilmente para sumar voluntades alrededor de una política exterior europea coherente, como hacía su antecesor en el cargo, Javier Solana, con muchísimos menos medios a su disposición. Han tenido que ser Francia y Gran Bretaña quienes asumieran ese papel de movilizar a la UE y a la comunidad internacional.

Si Ashton no cambia radicalmente su actitud, la política exterior europea seguirá siendo la suma desorganizada de los intereses divergentes de los Veintisiete, sin cohesión y con limitada efectividad e influencia a nivel internacional. 

Bruselas siembra el pánico nuclear

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger



La Comisión Europea y su comisario de Energía, el conservador alemán Güther Oettinger, se distinguen estos días por sembrar el pánico nuclear ante los problemas del accidente de la central japonesa de Fukushima tras el terremoto, en lugar de abordar el asunto desde un enfoque sereno basado en datos empíricos, como se espera de una institución responsable.

La Comisión Europea reconoce públicamente que no dispone de datos exactos sobre lo que está ocurriendo en la central japonesa y que todos los datos de que dispone proceden de informaciones de los medios de comunicación, como confirmó la portavoz de Oettinger en la conferencia de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

A pesar de carecer de información exacta y fidedigna, el comisario Oettinger desde el pasado 15 de marzo se dedica a prodigar declaraciones públicas cada vez más alarmistas, como que la situación en Japón es “apocalíptica”, que el destino de la central ya “está sólo en manos de Dios”, y a augurar “catástrofes” en las horas siguientes.

Estas irresponsables y gratuitas declaraciones de alguien sin la más mínima formación en materia energética, provocaron inmediatamente un hundimiento de los mercados financieros internacionales el pasado 16 de marzo, lo que añadió al problema de la central nuclear graves perjuicios económicos al conjunto de la población mundial.

El comisario Oettinger, no satisfecho con causar una alarma de momento innecesaria sobre Japón, hoy ha querido extender el pánico nuclear a la población europea al declarar a la cadena televisiva franco-alemana Arte que “no todas” las centrales nucleares europeas serán capaces de superar las futuras pruebas de seguridad.

La Comisión Europea y su presidente, el conservador José Manuel Duaro Barroso, fieles a su tradición de tolerar los despropósitos de los miembros del Ejecutivo comunitario, se han negado hasta ahora a corregir o desautorizar las declaraciones catastrofistas de Oettinger.