Los líderes soslayan de cara al futuro de la
UE los graves problemas de desigualdad y descrédito político
Europa apuesta por Libia para frenar la inmigración pese a ser un estado fallido donde se abusa de los refugiados
La cumbre de Malta ha sido un nuevo ejercicio de equilibrios entre los planteamientos divergentes de los líderes sobre cómo remodelar una Unión Europea (UE) a Veintisiete debilitada por un desbordante descontento ciudadano y sobre cómo afrontar la actitud desestabilizadora del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, a quien el presidente de la UE, Donald Tusk, llegó a calificar de "amenaza" para Europa en su carta de invitación a la reunión.
Donde los líderes
europeos han coincido plenamente es en la urgencia de adoptar medidas
adicionales para cortar los flujos migratorios hacia Europa en el Mediterráneo
central. Esta estrategia complementa las vallas fronterizas levantadas en la
zona de los Balcanes, el almacenamiento de los refugiados en una Grecia
empobrecida y el polémico acuerdo con el Gobierno turco, al que se perdona su
rampante autoritarismo y al que la cancillera alemana, Angela Merkel,
recompensa con visitas regulares.
El objetivo detrás
de la declaración aprobada en Malta y del acuerdo entre Italia y Libia es poder
devolver al país norteafricano a los inmigrantes rescatados en el mar y de
instalar en su territorio centros de acogida para concentrar a los inmigrantes
antes de que lleguen a la UE, desde donde se tramitarían y verificarían las
demandas de asilo, como plantean el ministro alemán de Interior, Thomas de
Maiziere, y los gobiernos de Italia y Austria.
Los líderes
europeos pasaron de puntillas en Malta sobre el hecho de que Libia es un
caótico estado fallido desde la intervención de la OTAN del 2011 y que el
Gobierno de unidad nacional en Trípoli de Fayez al-Sarraj sólo controla
realmente una pequeña parte del territorio. El Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) advirtió en un comunicado oficial la víspera de la
cumbre que "no es apropiado considerar a Libia un país seguro, ni
establecer un proceso extraterritorial de demandantes de asilo en el norte de
África". Además, un informe del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores
detallaba esta semana como los inmigrantes y refugiados son sometidos a
ejecuciones, torturas, violaciones, trabajo forzado y todo tipo de abusos en
campamentos operados como prisiones por los propios traficantes de seres
humanos.
Los planes de la UE
también chocan con las exigencias financieras de Trípoli. Después de que la UE
prometiera 6.000 millones a Turquía para contener los refugiados, el primer
ministro libio Al-Sarraj ha calificado de "muy pequeña" la ayuda de
200 millones ofrecida para equipar y entrenar a su guardia costera y para
mejorar la vigilancia de sus fronteras terrestres.
Las organizaciones
humanitarias, como Oxfam, ya han denunciado el "doble discurso
europeo", en el que se critica por un lado a Trump mientras se aplica una
política similar, levantando vallas, subcontratando la gestión de los
refugiados a Libia y Turquía, desviando los fondos al desarrollo para control
de fronteras y persiguiendo judicialmente a ciudadanos que han ayudado a refugiados
(Suecia, Francia, Dinamarca).
De cara a la
refundación de la UE a Veintisiete, resulta preocupante que los líderes sigan
soslayando en las discusiones y en los documentos preparatorios de la cumbre de
Roma de marzo los graves problemas de la creciente desigualdad social, el débil
crecimiento económico, el control oligárquico de la política y la economía y la
corrupción y la pérdida de credibilidad de políticos e instituciones. Estos
factores alimentan el éxito electoral de populistas y extrema derecha y son el
motor del actual "desorden" político en Europa y EEUU, como señala el
sociólogo económico Wolfgang Streeck, director del Instituto Max Plack para el
Estudio de las Sociedades.
El problema de la
desigualdad se zanja con una mera referencia a la "inclusión social",
la fórmula que utiliza desde hace años la UE en sus declaraciones para encubrir
que las medidas económicas, sociales y tributarias que se adoptan en realidad
incrementan cada vez más la desigualdad, la precariedad y el riesgo de pobreza.
La política de
austeridad se mantiene, aunque el crecimiento no despega en la eurozona (1,7%
en 2016) y varios países tienen aún un producto interior bruto (PIB) inferior
al de antes de la crisis, como España (1% inferior), Portugal (5%), Italia (7%)
y Grecia (25%), según los cálculos Maxime Sbaihi de Bloomberg Intelligence. Y
se sigue confiando en las fragmentadas y limitadas inversiones del Plan Juncker
(parte de las cuales ya estaban previstas) para que sirvan de motor económico.
