Los dos países siguen bajo vigilancia especial de Bruselas diez años después de entrar en la UE
Ha mejorado la situación económica pero persiste la corrupción generalizada y las deficiencias judiciales
Diez años después
de incorporarse a la Unión Europea (UE), Bulgaria y Rumanía presentan un
balance matizado. Ambos han logrado más crecimiento, una reducción importante de
la pobreza y una mayor estabilidad sociopolítica dentro de la UE que si se
hubiera retrasado su ingreso hasta subsanar sus graves deficiencias, con el
riesgo de que la fatiga por los esfuerzos no premiados condujera a un colapso
del impulso estabilizador. Pero acumulan sombras, ya que no se ha corregido la
corrupción generaliza, se ha disparado la desigualdad, siguen muy lejos de la
renta media europea y han perdido mucha población.
Como ambos países
cojeaban peligrosamente por un disfuncional aparato judicial y la tolerancia
hacia la corrupción, y Bulgaria, además, por la laxitud frente al crimen
organizado, estrenaron un sistema especial de vigilancia de la Comisión Europea
con la fijación de una lista anual de reformas a adoptar. El mecanismo,
inicialmente previsto para tres años, continúa en vigor ante los deficientes
progresos.
En el último
informe del 2016, la Comisión Europea indicó que los avances de Rumanía contra
la corrupción generalizada eran insuficientes, que la reforma del Código Penal
estaba obstaculizada y que la independencia de los jueces y el cumplimiento de
las decisiones judiciales seguían en cuestión. Respecto a Bulgaria, Bruselas criticó
los retrocesos en la lucha contra la corrupción, los escasos progresos en la
lucha contra el crimen organizado, la persistencia deficiencias judiciales y
"la falta de determinación de las autoridades búlgaras" en corregir
esas carencias.
Aunque en España la
corrupción, el nepotismo y la adopción de leyes y decisiones gubernamentales a
la medida de los intereses de la banca, las eléctricas o empresas concretas se
han convertido en moneda corriente, al estar Bulgaria y Rumania bajo
supervisión especial sus problemas de corrupción mantienen a ambos excluidos de
la zona Schengen sin fronteras.
Rumanía ha estado dirigida
desde noviembre del 2015 por un Gobierno tecnócrata encabezado por el
excomisario europeo Dacian Ciolos, que logró avances contra la corrupción. Pero
su política de austeridad ha devuelto a los socialdemócratas al poder en las
elecciones del 11 de diciembre con la promesa de subir salarios y pensiones,
invertir en infraestructuras y mejorar la sanidad. El anterior líder del
Partido Socialdemócrata (PSD), Victor Ponta, tuvo que dimitir el 5 de noviembre
del 2015 a causa de las masivas protestas tras el mortal incendio de la
discoteca Colectiv en Bucarest plagada de irregularidades. Ponta además está
siendo investigado por fraude, blanqueo de dinero y evasión fiscal.
El actual líder del
PSD rumano, Liviu Dragnea, no ha podido convertirse en primer ministro porque
fue condenado en abril del 2016 por fraude electoral, aunque ha asumido la
presidencia de la Cámara de Diputados. Dragnea ha designado como primer
ministro al fiel Sorin Grindeanu, que ya ha indicado que gobernará al dictado
de Dragnea.
El nuevo Gobierno, ratificado por el Parlamento este miércoles,
incluye ministros implicados en corrupción y escándalos, como la ministra de
Empleo, Lia Olguta Vasilescu, acusada de soborno, corrupción y blanqueo, pero parte
de las pruebas fueron rechazadas por los jueces al estimar que se habían
obtenido ilegalmente. El nuevo ministro de Justicia, Florin Iordache, también
se distinguió en el 2013 por diluir las leyes anticorrupción.
Bulgaria celebrará
elecciones anticipadas en abril tras la dimisión del Gobierno del conservador Boyko
Borisov, de Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), a causa de
la aplastante derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de la
candidata oficialista y de la victoria del independiente Rumen Radev, general
en la reserva respaldado por los socialistas, al que Borisov tachó de prorruso
para descalificarlo.
Borisov, exguardia de seguridad del último dictador
comunista, Todor Zhivkov, y al que la embajada norteamericana consideraba
próximo a círculos mafiosos según los cables de WikiLeaks, aspira a volver como
primer ministro por tercera vez en el 2017, presentándose como mejor garante de
la estabilidad para sus socios europeos y apoyándose en su pertenencia al
Partido Popular Europeo (PPE). Su primer Gobierno (2009-2013) tuvo que dimitir
ante las masivas protestas por la política de austeridad y los escándalos. Su
segundo Gobierno (2014-2016) también estuvo rodeado de escándalos, como el
descafeinamiento de la reforma judicial en el 2015.
El artículo fue publicado por primera vez en El Periódico de Catalunya el 7 de enero de 2017
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