Schulz: «Los ajustes presupuestarios no afectan a los ricos»

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo

El nuevo presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán, Martin Schulz, destacó el pasado 7 de febrero en una entrevista a EL PERIÓDICO que «no se puede justificar la reducción de la protección social con la excusa de la crisis» y advirtió que «el rigor presupuestario no afecta a los ricos».

--¿Es adecuada la actual estrategia europea contra la crisis?

--La UE bajo la presión Alemania está cometiendo un gran error de poner todo el énfasis en el rigor presupuestario, cuando se necesitan inversiones para el crecimiento y el empleo. El rigor está bien, porque no se puede financiar la vida actual con la deuda de nuestros hijos y nietos. Pero hay que cambiar la estrategia para que combine el rigor con inversiones para el crecimiento y el empleo.

--¿La reciente cumbre europea ha modificado esa estrategia?

--Desgraciadamente no. La cumbre implantó el rigor presupuestario con medidas vinculantes a través del tratado de unión fiscal, mientras que las propuestas sobre el crecimiento son voluntarias. Esto es desequilibrado, Grecia, por ejemplo, ya no puede reducir más los gastos. Lo que Grecia necesita es una estrategia de salida de la depresión en que se encuentra.

--¿Los nuevos sacrificios que la UE y el FMI piden a Grecia pueden conducir a un estallido social?

--Sí. Existe ese riesgo. Los partidos políticos griegos dan la impresión de preocuparse más de ellos mismos que del país, en especial el líder conservador Antonis Samaras. La gente tiene la convicción de que son la gente sencilla quien paga la crisis, mientras que el resto se libra. Esto es catastrófico. Hay que mostrar que no sólo las clases populares pagan la factura de la crisis, sino también las grandes fortunas, las entidades financieras y los fondos especulativos.

--La crisis parece que se está instrumentalizando para recortar los derechos sociales a través de los ajustes presupuestarios.

--Hay que evitar eso a toda costa. Los trabajadores ya han pagado enormemente la factura de la crisis a través de las enormes ayudas públicas concedidas a los bancos. El rigor presupuestario no afecta a los ricos. Ya basta. No se puede justificar la reducción del marco social con la excusa de la crisis. Hay dinero suficiente, pero mal distribuido. Es necesario que los que tienen dinero paguen. Las tres medidas indispensables son: la lucha contra el fraude fiscal, la clausura de los paraísos fiscales y la tasa sobre transacciones financieras.

--¿Las reformas laborales que se plantean en diferentes países pueden conducir también a un retroceso social?

--La situación es muy diferente de un país a otro. Hay que reformar dónde sea necesario, pero siempre respetando la justicia social.

--¿Europa debe avanzar hacia un estado federal para fortalecerse?

--Necesitamos una unión política que incluya todas las áreas, con unas instituciones que sean capaces de hablar en nombre de Europa. No llegaremos una Europa federal, sino una especie de federación de estados soberanos, que se acercará a un estado, pero sin serlo.

--¿El nuevo tratado de rigor fiscal servirá para resolver la crisis?

--El tratado será de difícil ratificación y aplicación en Francia. La verdadera solución es advertir a los especuladores que Europa no se dejará dividir y defenderá su moneda cueste lo que cueste e invertir en el crecimiento para recuperar la confianza de los ciudadanos.

--Berlín y París dirigen de facto la eruozona con crecientes críticas.

--Alemania y Francia deben pilotar la zona euro porque representan más del 50% del PIB. Pero es peligroso que el presidente francés Sarkozy transmita la imagen que él y la cancillera Merkel son Europa. Alemania contribuye con mucho dinero a estabilizar Europa y defiende unas instituciones europeas fuertes. Pero debe cambiar su imagen y evitar la impresión de que da lecciones a los demás.

--¿Cuándo se podrá utilizar el catalán en la Eurocámara?

--Voy a proponerlo a la Mesa del Parlamento y a apoyarlo, pero no puedo garantizar que haya una mayoría a favor.

Paños calientes en la UE contra la crisis

Consejo Europeo del 30 de enero de 2012

Los líderes de la Unión Europea (UE) emitieron en la cumbre del 30 de enero una declaración a favor del crecimiento y el empleo, que presentaron como un gran progreso hacia la salida de la crisis, pero que en realidad no es más que la vieja y gastada política de austeridad disfrazada.

La política de reducción acelerada del déficit público se mantiene, pero ahora se pide que se realice de forma “inteligente”, y se sigue confiando en que la propia virtud de la política de rigor permitirá restablecer el crecimiento sin una intervención decidida de los estados para reanimarlo.

El principal avance de la declaración es que, por primera vez, los Veintisiete reconocen de forma clara que con la política de ajustes y recortes presupuestarios no es suficiente para salir de la crisis. Pero después no van más allá. Todo queda limitado a propuestas genéricas, sin medidas concretas,  y, en especial, sin aportar ni un euro adicional al ya previsto en el presupuesto europeo.

Los líderes vuelven a insistir en que hay que lograr que la banca deje de restringir el crédito a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y que hay que a acabar con los abusos de las primas y bonificaciones desmedidas a los ejecutivos bancarios, como llevan haciendo cumbre tras cumbre sin resultado tangible hasta ahora como es obvio.

La gran idea es que cada país utilice los fondos estructurales de la UE que no se ha gastado del periodo 2007-2013 (10.700 millones en el caso de España) para financiar programas que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo, como si eso fuera una novedad, porque ese es precisamente el objetivo de los fondos regionales, del fondo de cohesión y del fondo social europeo. ¿O acaso hasta hora el dinero se gastaba en otras cosas?

La UE y la Comisión Europea instan a utilizar el dinero del fondo social europeo en países con elevado paro juvenil, como España, en cursos de formación, a pesar de que la experiencia ha mostrado que los principales beneficiarios de esos cursos suelen ser quienes los imparten mientras que no está nada claro que facilite a los parados encontrar un puesto de trabajo.

Los líderes europeos y el Ejecutivo comunitario parecen tener una fe ciega en los contratos de aprendizaje como la panacea para resolver el gravísimo problema del paro juvenil, que en España se acerca al 50%, cuando las empresas no están interesadas ni siquiera en contratar a gente ya preparada que no necesita ninguna formación.

El problema es que no hay consumo, no hay demanda, porque una parte muy importante de la población ha perdido sus ingresos al quedarse sin trabajo y otro porcentaje aún más elevado restringe sus gastos al máximo porque teme perder el empleo.

Frente a esta situación, los recortes de empleo público a través de los ajustes presupuestarios aún agravan más la crisis. Para combatirla, el Estado debería actuar de motor económico para propiciar una reanimación de la actividad, no mediante rebajas de impuestos como preconiza siempre la derecha y los economistas neoliberales, sino mediante programas de inversión y empleo que mejoren la capacidad de crecimiento del país y actúen de multiplicadores económicos.

Merkel impone un euro “alemán” sin asumir ninguna contrapartida

Angela Merkel, y Nicolas Sarkozy en la cumbre de la UE

La cancillera alemana, Angela Merkel, consiguió su objetivo en la cumbre de la Unión Europea (UE) del pasado 8 y 9 de diciembre de imponer su modelo de rigor y disciplina presupuestaria al conjunto de una eurozona debilitada sin comprometerse prácticamente a nada a cambio. Merkel fue la vencedora política indiscutible de la tormentosa reunión europea en Bruselas, mientras que el primer ministro británico, David Cameron, fue el perdedor más absoluto.

         

Merkel está convencida que la mera virtud, una aplicación escrupulosa del rigor presupuestario, será suficiente por sí sola para recuperar la confianza de los mercados financieros en la deuda pública.

La cancillera se negó de forma inflexible a lo largo de las maratonianas negociaciones a que el pacto fiscal del euro incluyera ninguna medida adicional de solidaridad, como un incremento de la potencia de fuego financiera del fondo de rescate contra los especuladores o la simple mención de la posibilidad de crear a largo plazo eurobonos en una eurozona de cuentas públicas saneadas y virtuosas.

La ausencia de una estrategia para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en una eurozona al borde de la recesión es otro elemento distintivo y preocupante de la cumbre.

         

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, coimpulsor de la iniciativa, actuó una vez más como acompañante. Su único éxito fue convencer a Merkel de que rectificara y abandonara su doctrina de que la banca y los inversores deberían también contribuir en el futuro a sufragar el coste del eventual rescate de un país en apuros.

         

Esta exigencia de Merkel formulada hace un año en la cumbre franco-alemana de Deauville ha sido la responsable del contagio de la crisis griega a Italia y España, como ya había advertido que ocurriría el Banco Central Europeo (BCE), y ha salido muy cara a ambos países y al conjunto de la eurozona.

         

El aumento del fondo de rescate o su financiación a través del BCE y algún tipo de mutualización de la deuda pública, defendidos por Sarkozy, el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, España y numerosos países no prosperaron y fueron bloqueados por Merkel.

         

El pacto fiscal del euro representa un paso adelante muy importante hacia la integración económica y política de la eurozona, pero dado el comportamiento de las agencias de  calificación y la irracionalidad que domina los mercados puede resultar insuficiente para resolver la crisis y restablecer la confianza en la deuda pública europea.

         

La otra dificultad que deberá superar el pacto fiscal del euro es el traslado de su contenido a los artículos de un tratado y su encaje con el marco institucional ya existente en la UE. La experiencia ha demostrado que esa tarea puede degenerar en complejas discusiones entre los países por el redactado de cada línea.

¿Hasta dónde llegará la unión fiscal de la eurozona?

Sede de la Comisión Europea en Bruselas con la badera de la UE

La eurozona prepara contrarreloj su refundación en la cumbre europea del 8 y 9 de diciembre para corregir sus debilidades políticas iniciales que han facilitado la crisis actual y derrotar la especulación financiera contra la deuda pública europea.

La semana que va a cambiar Europa con un salto hacia una mayor integración política arranca con una reunión en París el 5 de diciembre de la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Los dos líderes intentarán superar las diferencias que les separan y sentar las bases de una unión fiscal entre los 17 países del euro, que supondrá una supervisión en común de los presupuestos nacionales y duras sanciones políticas y económicas a los países que no acaten las decisiones comunes.

Tres cuestiones clave dominarán las discusiones y negociaciones políticas: ¿Hasta dónde debe llegar la cesión de soberanía de los estados para corregir los defectos de nacimiento del euro? ¿Cuáles serán los mecanismos de solidaridad que se establecerán para proteger a los estados más acosados por la especulación? ¿Cuál será el método para formalizar y dar vigencia legal a esos acuerdos?

¿Los líderes europeos serán capaces de tener el valor v la visión política a largo plazo necesarios para resolver la actual crisis de la deuda de forma definitiva o volverán a limitarse a acuerdos parciales inspirados por estrechos intereses electorales nacionales a muy corto plazo?

La zona euro necesita un auténtico gobierno económico colectivo, con plena capacidad para fijar en común las orientaciones económicas y presupuestarias adecuadas y con poder suficiente para hacer cumplir esas directrices comúnmente aceptadas a cada uno de los socios. El procedimiento ideal debería ser que la Comisión Europea supervisa, alerta y recomienda y que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 17 países de la eurozona adopta las decisiones.

La experiencia recomienda que la regla de la unanimidad sea abolida, tras los nefastos ejemplos recientes de bloqueos por planteamientos populistas internos de algún país, y que la norma sea la mayoría cualificada. ¿Pero están los gobiernos de la zona euro y sus poblaciones preparados para esa cesión de soberanía en cuestiones tan importantes como la concesión de ayudas a un estado en apuros o el incremento de las aportaciones al fondo de rescate?

La disciplina presupuestaria estricta en una unión fiscal debería tener como contrapartida avanzar hacia un sistema de solidaridad también reforzada entre los miembros del euro. La creación de un Tesoro único o la emisión de eurobonos colectivos resultan aún prematuras. Esas medidas no podrán convertirse en realidad hasta los déficits y deudas públicas se hayan reducido sustancialmente y que las poblaciones y los gobiernos de los países virtuosos ya no tengan miedo a tener que pagar los excesos de los países manirrotos.

Pero el pacto fiscal requiere un mecanismo de solidaridad mínimo que podría basarse en que Alemania deje de objetar mediante el silencio una intervención contundente y masiva del Banco Central Europeo (BCE) para proteger la deuda pública de los países acosados por los especuladores hasta que comprendan que no pueden destruir al euro. Además, debería agilizarse la capacidad de intervención del fondo de rescate europeo también en apoyo de la deuda.

Para maximizar la efectividad de los acuerdos de la cumbre sobre este pacto o unión fiscal deberían tener una aplicación casi inmediata para demostrar que son irreversibles a los mercados y silenciar a quienes llevan más de una década anunciando la muerte del euro.

Una reforma del Tratado de la Unión Europea (UE) es un proceso lento, engorroso y de ratificación incierta, como la historia ha demostrado. Como las cesiones de soberanía pueden ser de gran calado un acuerdo político sería insuficiente. Una posibilidad rápida sería un tratado intergubernamental de los 17 países afectados, que posteriormente podría convertirse en acervo comunitario, como ocurrió con los Acuerdos de Schengen. Otra posibilidad sería su inclusión como un protocolo propio de la eurozona al Tratado de la UE, aprovechando la ratificación del Tratado de Adhesión de Croacia, que precisamente debe firmarse durante la cumbre del 9 de diciembre.