El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. |
El Gobierno de Mariano Rajoy
transmite desamparo, en lugar de confianza como debería, con sus sucesivas
peticiones públicas de respaldo de la eurozona y del Banco Central Europeo
(BCE). Estas peticiones, que el propio Rajoy y el ministro de Economía, Luis de
Guindos, multiplican en las últimas semanas, acentúan la impresión de que el
país está en dificultades quizá mayores de las que perciben los mercados
financieros y contribuyen a mantener vivas las dudas sobre la solvencia
financiera de España.
Las reiteradas peticiones
públicas de Rajoy al BCE para que intervenga en los mercados financieros en
apoyo de la maltrecha deuda pública española corren el riesgo de provocar
precisamente el efecto contrario. Cuanto más insistentes sean las peticiones,
más inclinado se sentirá el BCE a no intervenir para demostrar que mantiene su
sacrosanta independencia de las autoridades políticas europeas.
El BCE además ha suspendido
desde hace más de diez semanas su programa de intervención selectiva en el
mercado secundario en apoyo de la deuda de los países acosados para forzar a
esos países, y en especial a España, a adoptar las indispensables reformas
pendientes y en particular el saneamiento definitivo del sector financiero
español y el enderezamiento de las descontroladas cuentas públicas autonómicas.
España se encuentra en una
situación de profunda debilidad política frente a sus socios de la eurozona,
porque cuatro años después del inicio de la crisis financiera el sector
bancario español dista aún de estar saneado, la crisis se ha cobrado una nueva
entidad clave como Bankia y los directivos bancarios siguen ocultando en sus
balances voluminosas pérdidas encubiertas de los activos del sector inmobiliario
y de los créditos refinanciados a las grandes compañías inmobiliarias.
La fragilidad del sector
financiero español y los riesgos de inestabilidad y desconfianza que genera al
conjunto de la eurozona son precisamente una de las principales preocupaciones
del BCE en estos momentos.
El golpe de gracia a la
credibilidad del Gobierno de Rajoy hay sido la súbita aparición de otros 0,4
puntos de déficit público ocultados por tres comunidades autónomas gobernadas
por el PP en el 2011, que han elevado el déficit público al 8,9% del producto
interior bruto (PIB).
El Gobierno tampoco acaba de
convencer a la
Comisión Europea por sus cálculos optimistas en la
recaudación prevista en el presupuesto del 2012, la subvaloración del gasto
real de la Seguridad Social
durante este año pese al nuevo disparo del desempleo y la poca concreción en el
programa de estabilidad respecto a las medidas que se adoptarán en el 2013 para
rebajar el déficit al 3%,
En este contexto, cada nueva
petición pública de respaldo que formula el Gobierno a la eurozona y al BCE se
convierte en una confesión pública de la propia debilidad y fragilidad de
España y una invitación a los especuladores financieros a acentuar su acoso a
la deuda pública y a las acciones de las entidades financieras.
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