Responsabilidad y caos aéreo

Aeropuerto de Bruselas (Bélgica) cubierto de nieve

Las reiteradas malas condiciones climatológicas que afectan a Bélgica, el norte de Francia, Alemania y Gran Bretaña han puesto aún más de manifiesto la preocupante falta de previsión de las compañías gestoras de los aeropuertos para hacer frente a condiciones meteorológicas adversas y la pasividad de las autoridades nacionales de los respectivos países para asegurar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial para la población y la economía como es el transporte aéreo.

En otros países, como Finlandia, Suecia, Suiza o Noruega, por citar sólo unos ejemplos europeos, los aeropuertos son capaces de funcionar con normalidad en condiciones climáticas mucho más adversas y con grosores de nieve muy superiores.

Sin embargo, bastan unos pocos centímetros de nieve y unos cuantos días de temperaturas bajo cero –condiciones normales en el actual periodo invernal—para que los aeropuertos de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y en menor media Alemania queden paralizados por la falta del equipamiento necesario y de las reservas mínimas de anticongelante para los aviones que cabe esperar de una gestión empresarial responsable.

Tras el caos aéreo que está padeciendo Europa desde hace ya una semana, hay que preguntarse si alguna de las compañías responsables de tan desastrosa gestión de los aeropuertos afectados va a ser sancionada económicamente por el Gobierno respectivo por su patente falta de previsión y su pésima prestación del servicio público encomendado o si, una vez más, el servicio tercermundista que han recibido decenas de miles de pasajeros quedará impune.

Esta falta de previsión es fruto además de la estrategia de esas empresas de maximizar los beneficios a través de una reducción a ultranza de gastos, sin importarles que sea a costa del servicio público que en teoría están obligadas a garantizar y que los propios pasajeros pagan con unas tasas cada vez más elevadas incluidas en los precios de los billetes de avión.

La cuestión de la sanciones a las compañías gestoras de los aeropuettos por negligencias o mala prestación del servicio es ahora especialmente importante en España, ya que el Gobierno se apresta a privatizar los principales aeropuertos del país, como Barcelona y Madrid.

No puede ser que los graves errores de gestión de esas compañías aeroportuarias sólo los paguen los sufridos pasajeros, a los que parecen despreciar olímpicamente, mientras los directivos de esas empresas y sus accionistas disfrutan de los beneficios obtenidos gracias a ese maltrato de los pasajeros.

La Comisión Europea ha denunciado esta situación “inaceptable”, pero será necesario que esa toma de posición política no quede reducida a una mera declaración de cara a la galería, sino que se transforme en exigencias concretas a los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE).