El plan del Gobierno maltés de
conceder la ciudadanía y el pasaporte nacional a cualquier extranjero que esté
dispuesto a pagar 1,15 millones de euros ha desencadenado duras críticas de la
Comisión Europea y del Parlamento Europeo, porque, como destacaron varios
eurodiputados, "permitirá a cualquier gángster u oligarca obtener inmediatamente
sin trabas la ciudadanía europea", desplazarse libremente por la Unión
Europea (UE) y residir y trabajar en cualquiera de los 28 estados comunitarios.
El Gobierno maltés tiene previsto
vender 1.800 pasaportes y nacionalidades maltesas a partir de febrero del 2014 para
obtener al menos 1.000 millones de ingresos para inversión pública. La
nacionalidad maltesa no estará al alcance de cualquiera, porque supone pagar
primero 650.000 euros por el pasaporte y después adquirir propiedades en Malta
por una valor mínimo de 350.000 euros y comprar al menos 150.000 euros en deuda
pública maltesa. A cambio de esos 1,15 millones, se obtiene la ciudadanía
maltesa y europea, sin necesidad siquiera de residir en la isla.
"La ciudadanía europea no
debe estar en venta", criticó la comisaria europea de Justicia, Viviane
Reding, en el pleno de Parlamento Europeo en enero, mientras que la Eurocámara
reclamó el pasado 16 de enero por una abrumadora mayoría que la Comisión
Europea verifique que el proyecto maltés no vulnera las normas de Schengen
sobre la supresión de controles fronterizos y la libre circulación de personas
en el interior de la UE.
A pesar de las críticas de Reding
y de la inmensa mayoría de eurodiputados, tanto la Comisión Europea como la
presidencia semestral griega de la UE reconocieron el derecho exclusivo del
Gobierno maltés a conceder la nacionalidad a quien quiera, ya que esta cuestión
es una competencia exclusiva de los estados miembros, que ha sido ratificada
varias veces por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. No
obstante, la comisaria Reding considera que el proyecto maltés podría infringir
la obligación de "sincera cooperación" entre estados que establece el
Tratado de la UE.
Tras el aluvión de críticas, el
primer ministro Maltés, el laborista Joseph Muscat, insistió en que se trata de
un "programa de inversión" que aportará fondos para financiar
hospitales, asistencia sanitaria, educación e infraestructuras al país y que
permitirá "mejorar la calidad de vida de la gente y creará empleo".
El líder de la oposición maltesa,
el conservador Simon Busuttil del Partido Nacionalista, ha aprovechado las
críticas europeas al programa de venta de pasaportes para intentar socavar al
Gobierno y ha anunciado que cuando llegue al poder anulará esos pasaportes.
Aunque Austria y Chipre tienen
programas de venta de nacionalidad, el proyecto maltés es hasta ahora el más
radical de la UE. Por su parte, España, Gran Bretaña, Portugal, Grecia, Irlanda
venden permisos de residencia a los inversores ricos, que abren la vía para una
posterior obtención de la nacionalidad al cabo de varios años.
Una versión más corta fue publicada por El Periódico el 20 de enero de 2014
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