El Blog de Eliseo Oliveras sobre política internacional. Una mirada crítica y sin compromisos desde la capital de Europa sobre las claves, el funcionamiento y los entresijos de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de sus estados miembros.

La UE, de rodillas ante los especuladores


El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso


Un año y medio después de que comenzarán los ataques especulativos contra la deuda griega espoleados por las agencias financieras de calificación (rating), la Unión Europea (UE) sigue paralizada e incapaz de emprender una actuación decidida para poner coto a los abusos de esas entidades, que operan en los mercados financieros y que actúan en estrecha connivencia con sus clientes, los principales especuladores internacionales.

La propuesta de crear una agencia europea de calificación sigue sin concretarse y los Veintisiete ni siquiera se atreven a prohibir las operaciones más especulativas y perjudiciales contra la deuda pública.

La zona euro, sus estados y sus ciudadanos han quedado a merced de los intereses privados de esas agencias y de las apuestas millonarias en los mercados de sus clientes, quienes obtienen gigantescos beneficios con la degradación del valor de la deuda pública de los estados europeos por la que han apostado previamente.

Las tres grandes agencias de rating, Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, contribuyeron de forma decisiva a la crisis financiera que se inició en el 2007-2008 y que condujo posteriormente a la peor recesión económica después de la Segunda Guerra Mundial y a la pérdida de millones de empleos.

Las tres agencias se distinguieron por cobrar cuantiosas remuneraciones por valorar como muy solventes los productos financieros tóxicos que comerciaban sus clientes y que produjeron pérdidas multimillonarias a la banca europea y norteamericana, porque en realidad eran basura.

Acabado el negocio de las subprime de las hipotecas basuras norteamericanas, las agencias de rating han centrado su interés en la deuda pública y la banca de la zona euro, con sucesivas degradaciones abruptas y cuestionables de la valoración de esa deuda, incluso de cuatro niveles de golpe y demasiadas veces basadas en rumores y hipótesis interesadas sin pocos o ningún dato objetivo.

Cada uno de sus cuestionables decisiones cuesta millones a los ciudadanos europeos en un mayor coste de la deuda pública y reporta suculentos beneficios a sus clientes, que parecen estar al corriente de las decisiones que va a tomar la agencia y que incluso podrían haber contribuido a la toma de la misma.

Lamentablemente, la Comisión Europea no ha comenzado a reaccionar al menos verbalmente contra ese comportamiento hasta que el ataque de Moody’s ha afectado al Gobierno conservador portugués, el mismo partido al que pertenece el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.

Cuando las andanadas afectaban al anterior Gobierno socialista portugués, al Gobierno socialista griego o al Gobierno socialista español, la respuesta tradicional de la Comisión Europea ha sido que “no se comentan las decisiones concretas de las agencias”.

La aplicación de la primera tímida legislación europea sobre las agencias va con un enorme retraso, sin que se haya completado siquiera el proceso de registro de las entidades y sin que se haya emprendido el más mínimo control sobre sus sistemas de valoración.

La Comisión Europea lleva más de un año anunciando que propondrá una segunda normativa más estricta para intentar acabar con el oscurantismo que rodea la actuación de las agencias de rating y sus manifiestos conflictos de interés. Pero ese proyecto no se concretará con suerte hasta el mes de noviembre y aún tardará como mínimo otro año antes de que pueda entrar en vigor.

Mientras tanto, los ciudadanos europeos seguirán pagando los multimillonarios beneficios de las agencias de rating y de sus clientes mediante recortes en la protección social o más impuestos con que financiar el encarecimiento de la deuda pública provocado por el comportamiento de esas entidades.     

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