Bélgica, un año sin Gobierno

Manifestación en favor de la unidad de Bélgica

Un año después de las elecciones legislativas del 13 de junio del 2010, Bélgica sigue sin haber logrado formar un Gobierno y no hay ninguna perspectiva de que logre consensuar uno a corto plazo. Las abismales diferencias entre los partidos flamencos y francófonos sobre la reforma del Estado y del sistema de financiación de las regiones, que exige Flandes, han impedido hasta ahora cualquier acuerdo.

A pesar de la sucesión de informadores, mediadores, clarificadores, conciliadores y formadores de Gobierno nombrados por el rey Alberto II durante los últimos 12 meses, la situación política es peor que hace un año, porque permanece el bloqueo y ha desaparecido la esperanza postelectoral de un acuerdo.

Bélgica «es un poco menos belga», flamencos y francófonos «viven bajo el mismo techo, pero comparten pocas cosas en común» y la crisis parece confirmar que «el estado belga no es quizá indispensable», destacaba con pesadumbre este fin de semana el editiorial del diario Le Soir.

Flandes, la región más rica y que agrupa al 60% de la población del país, reclama transformar el estado federal en una especie de estado confederal, con una amplia regionalización de los impuestos, la sanidad, la política de empleo y las políticas sociales.

El programa confederal de la independentista Nueva Alianza Flamenca (NVA), que ganó las pasadas elecciones, cuenta más o menos con el respaldo de los democristianos (CDV), liberales (VLD), los extremistas Vlaams Belang y de la poderosa patronal flamenca.

La minoritaria comunidad francófona, liderada por el Partido Socialista (PS), rechaza esa amplia regionalización de los impuestos y las políticas sociales, porque en la práctica implicaría una drástica reducción de los fondos que recibirían Valonia y Bruselas (hasta ahora aportados por las transferencias procedentes de Flandes), lo que obligaría a recortar de forma sustancial los gastos de educación, sanidad, desempleo y protección social.

Además de la reforma de la financiación de las regiones y la transferencia de poderes del estado a las regiones, flamencos y francófonos mantienen un tenso pulso entorno a dos cuestiones políticas de alto calado simbólico: el futuro de Bruselas y la supresión de los derechos especiales políticos, lingüísticos y judiciales de los 150.000 francófonos que viven en la periferia flamenca de la capital.

Los sondeos indican que el bloqueo de las negociaciones está favoreciendo a los independentistas de la NVA, que ganan unos 7 puntos y se sitúan con una intención de voto del 35,1% en Flandes. Entre la comunidad francófona, los socialistas sigen imbatibles con un retroceso mínimo.

Alberto II está decidido a no convocar elecciones anticipadas, porque teme que serían las últimas de una Bélgica unida ante la imparable radicalización de Flandes. Incluso los partidos francófonos hablan ya abiertamente de preparar un futuro sin Flandes.

De momento, Bélgica funciona económicamente por inercia con un buen crecimiento (2,4% previsto en el 2011). Pero ante la ausencia de reformas los problemas que se acumulan en el sótano amenazan con derribar todo el edificio a medio plazo: la deuda pública ascenderá este año al 97% del producto interior bruto (PIB), la inflación es muy alta (3,6%), el país pierde competitividad, las prejubilaciones se producen a partir de 52 años, la financiación del sistema de pensiones es insostenible y los elevados impuestos sobre los asalariados fomentan que los parados prefieran seguir cobrando el seguro de desempleo.

La Comisión Europea acaba de recomnendar al país una serie de importantes reformas económicas y laborales, entre las que figuran el retraso de la edad de jubilación, la reforma del seguro de paro y la supresión de la revisión automática de los salarios en función de la inflación. Pero el actual Gobierno en funciones no puede llevarlas a cabo.

El líder socialista francófono, Elio Di Rupo, que el verano pasado fracasó en su primer intento de formar un Gobierno, ha anunciado que presentará antes de final de mes una nueva «propuesta de base» sobre la reforma del Estado. Las anteriores propuestas de Di Rupo, del líder de la NVA, Bart de Wever, y de los sucesivos mediadores fueron rechazadas alternativamente por los flamencos o por los francófonos.

Las declaraciones en la televisión este fin de semana del senador de la NVA Karl Vanlouwe, en las que destacó que “los francófonos no han comprendido aún el mensaje electoral flamenco”, revelan la amplitud del diálogo de sordos que se repite entre las dos comunidades belgas.  

Ante la parálisis política, un grupo de 25 intelectuales intenta movilizar a la población a través del denominado manifiesto G1000 (utilizando la misma terminología que el G8 y el G20) para que expresen su ideas y propuestas para superar el actual bloqueo. El objetivo es celebrar una cumbre ciudadana de “democracia deliberadora” el 11 de noviembre en Bruselas.

Los distintos intentos ciudadanos de movilizar a la población belga frente a la incapacidad de los políticos y la creciente fractura del país han tenido un éxito muy limitado (35.000 manifestantes en Bruselas el pasado enero) y han perdido fuerza en los últimos meses, mientras la apatía parece ser la nota dominante.

(Una versión más corta se publicó el 12 de junio de 2011 en El Periódico)